Tragedia de Amagá: ¿qué les quedó a las familias de los muertos?

Hace un año exactamente, el país estaba conmocionado. El 16 de junio del 2010, murieron 73 mineros en la mina San Fernando, de Amagá, después de que una explosión provocó un incendio dentro del socavón en que trabajaban a las 10:45 de la noche.
 
Durante diez días, el personal de salvamento estuvo sacando cuerpos del túnel donde ocurrió la tragedia. Eran todos hombres, jóvenes y, en su mayoría, jefes de hogar que dejaron a su vez jóvenes viudas con hijos, casi todos, menores de edad.
 
A la vista quedó la orfandad de todos sus hogares. Por fortuna, la ARP Positiva, a la que estaban afiliados los mineros, respondió pronto y reconoció los derechos a las pensiones para aquellos hogares. Hoy, cada viuda recibe un ingreso mensual de entre 600.000 y 900.000 pesos.
 
Sin embargo, sigue pendiente un tema crucial, no solo por la implicación económica para estas familias, sino por el significado que representa para la responsabilidad de las empresas mineras, cuya actividad es promovida y respaldada por el gobierno de Santos.
 
Dos semanas después del accidente, se conoció un informe de una comisión conformada por funcionarios del Ministerio de Minas, de Ingeominas, de la Gobernación de Antioquia, de Ecopetrol; un académico de la Universidad Nacional, y un empleado de la mina San Fernando.
 
En él muestran cómo desde meses atrás se venía alertando a la empresa de que debía tener control del gas metano dentro de la mina, debía abrir una bocamina para facilitar la circulación del aire y evitar las elevadas temperaturas y debía neutralizar el polvo de caliza que había en la mina. Pese a los insistentes llamados, jamás se hicieron las obras.
 
En el informe, los expertos dan cuenta de que no se pudo hallar la causa que provocó el primer encendido de fuego. Al respecto, dan tres hipótesis diferentes. Sin embargo, las tres posibilidades coinciden en que “la explosión inicial de metano causó que el polvo de carbón de las paredes y el piso de la mina quedara suspendido en el aire, lo que favoreció explosiones de polvo de carbón en algunos sectores de la mina y desprendió gases asfixiantes y tóxicos”.
 
Algunas personas que vieron morir a sus parientes han reclamado una indemnización, pues la empresa no obedeció a las recomendaciones que se daban para prevenirla, según argumentan. Los abogados que llevan los casos calculan que cada indemnización puede costar cerca de 500 millones de pesos. San Fernando insiste en que no fueron culpables, pues jamás se supo qué provocó la explosión y, sin esa evidencia, no se puede determinar su responsabilidad en el hecho.
 
Las demandas fueron admitidas por la justicia y llevan un proceso judicial. Paralelamente, la empresa buscó a cada una de las familias y les ofreció una casa de 42 metros cuadrados y dos millones de pesos. Ya 35 aceptaron esa posibilidad en vez de seguir la pelea jurídica para lograr la millonaria indemnización.
 
San Fernando también les está ofreciendo programas para capacitarlas en emprendimiento. La mayoría de las viudas está participando en cursos de bisutería, fabricación de muñecas de trapo y lencería. Algunas ya han montado sus negocios de comidas, gracias al apoyo que les han dado desde San Fernando.
 
Después de un año de la tragedia, siguen muchas preguntas sin responder. Sin embargo, la vida, para las familias de quienes murieron, continúa su curso, a pesar del dolor.