Tribunal de paz: ¿el fin de la Comisión de Acusaciones de la Cámara?

Hace un año, cuando el Gobierno y las FARC anunciaron el acuerdo en materia de justicia, en Colombia se presentó una controversia por cuenta de la posibilidad de que la Jurisdicción Especial de Paz, que se creará para investigar y sancionar los delitos con ocasión del conflicto armado, pudiera tener competencia, incluso, para judicializar a quienes hubieran sido presidentes de la República.

En ese momento, el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez, abrió el debate. En una de sus célebres salidas, y para referirse al acuerdo sobre el punto cinco que el 23 de septiembre del año pasado sellaron el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, afirmó que las FARC "siempre han puesto como condición la judicialización del expresidente Uribe".

Le puede interesar: Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

De inmediato, voceros del Centro Democrático replicaron la tesis de Ordóñez, pero la polémica parecía haber quedado zanjada en el propio texto del Acuerdo Final.

En la página 134, en el cuarto inciso del numeral 32 del componente de justicia, quedó incorporado el siguiente texto:

“La creación y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz no modificarán las normas vigentes aplicables a las personas que hayan ejercido la Presidencia de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Constitución Política de Colombia en el momento de aprobarse el presente documento”.

El acuerdo agrega que “en caso de que ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) obre una información que comprometa a una persona que haya ejercido la Presidencia de la República, dicha información se remitirá a la Cámara de Representantes para lo de su competencia, remisión que se efectuará en el momento que se considere adecuado por la JEP, después de haber realizado las verificaciones pertinentes”.

Sin embargo, en la página 138, en el numeral 48, se especifica que una de las funciones de la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, será: “recibir los informes que le presentarán la Fiscalía General de la Nación, los órganos competentes de la justicia penal militar, la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes o el órgano que la reemplace, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y cualquier jurisdicción que opere en Colombia, sobre todas las investigaciones en curso relativas a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, incluidas las que ya hayan llegado a juicio o concluidas por la Procuraduría o la Controlaría o por cualquier jurisdicción”.

El expresidente Andrés Pastrana, feroz crítico del proceso de paz y quien se decantado por el No en el plebiscito, considera que con esa redacción el Tribunal de Paz acordado en La Habana no sólo será la instancia de cierre, sino que interpreta que también asumirá las funciones de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que hoy se encarga de investigar a presidentes y expresidentes, así como a magistrados y exmagistrados de las altas cortes, y los fiscales generales de la Nación. Para Pastrana, incluso, esta nueva jurisdicción investigará al presidente Juan Manuel Santos.

José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, ha sido uno de los mayores críticos del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC. Más allá de posiciones políticas, sus reparos se concentran en que la creación de una Justicia Especial termine sustituyendo a la justicia ordinaria.

En diálogo con Semana.com, Hernández despejó los temores de Pastrana, en el sentido de que el Acuerdo Final no modificará las reglas de investigación y juzgamiento para quienes hayan ejercido la presidencia de la República. “No hay una contradicción en los textos. Hay una regla general para todos los aforados y una disposición exclusiva para los presidentes de la República”.

Sin embargo, para el exmagistrado sí se advierte una modificación para los procesos contra los demás aforados: magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación. “Allí se incurre en un despropósito: cambiar las reglas de juego a magistrados, a fiscales, incluso a excongresistas que hayan sido juzgados en otros procesos. Eso significa que lo que ha hecho la administración de justicia queda en tela de juicio y pendiente de lo que decida la Jurisdicción Especial de Paz”.

Hernández agrega que el Acuerdo en materia de justicia implica “un desplazamiento total de las reglas vigentes en materia de administración de justicia y un cambio trascendental que implica una sustitución de la Constitución”.

Para el Gobierno no hay ninguna contradicción en el texto del acuerdo final y quienes participaron en la construcción del documento rechazan la tesis de que exista una modificación de las normas vigentes en materia de administración de justicia.

La tesis del Gobierno es que el acuerdo no modifica el contenido de la Ley Quinta de 1992, o Reglamento del Congreso, que en su artículo 305 señala que son atribuciones especiales de la Cámara de Representantes “Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación”.

Para el Gobierno puede estar zanjada la discusión, pero el debate será de los más álgidos que dará el Congreso colombiano a la hora de implementar los acuerdos. Serán los partidos políticos los que determinen el verdadero alcance de la Jurisdicción Especial de Paz. De momento, hay por lo menos un expresidente como Pastrana que cree que la Comisión de Acusaciones, que todo el país ha cuestionado por su inoperancia, será reemplazada por el Tribunal de Paz.