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Triple A: dos exgerentes inhabilitados y multados por 35.400 millones de pesos

La Procuraduría dictó las primeras sanciones disciplinarias contra los directivos de la empresa de servicios públicos barranquillera por actos de corrupción. Investigarán a miembros de la junta directiva, incluyendo altos funcionarios de la Alcaldía.


En una maratónica sesión adelantada este martes en su sede central, la Procuraduría General de la Nación inhabilitó y multó por 35.400 millones de pesos a dos exgerentes de Triple A, Ramón Navarro y Julia Margarita Serrano. Los directivos de la empresa de servicios públicos están en el ojo del huracán por el presunto desvío de miles de millones, el escándalo por corrupción llevó a la intervención de la firma el pasado 17 de octubre con fines de extinción de dominio, en cabeza de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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La base en este caso es un contrato firmado en el año 2000 entre Triple A e Inassa, su accionista mayoritario y cabeza en Latinoamérica de las inversiones de ultramar de la firma madrileña Canal de Isabel II, para prestar “asistencia técnica en a gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto a (sic) los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”.

Según la Procuraduría, no hay evidencia ni soportes de que se haya ejecutado por parte de Inassa dicho contrato durante las administraciones de los exgerentes Ramón Navarro y Julia Margarita Serrano. Tampoco en la actual, en cabeza de Ramón Hemer, a quien el Ministerio Público le ordenó en octubre de 2017 suspender el convenio que estaba pactado hasta 2033 y que comprometía el 4,5 por ciento del ingreso mensual de Triple A.

Según lo estableció el Ministerio Público, mediante diversas declaraciones obtenidas de los encargados de las áreas involucradas, la empresa de servicios públicos barranquillera sí pagó cumplidamente unos 237.000 millones de pesos (alrededor de 80 millones de dólares) pese a lo que debió proveerse a sí misma, mediante sus propios recursos y personal, los servicios que debió recibir por cuenta del contrato.

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Fue así que en la audiencia de este martes que, en primera instancia, Ramón Navarro (actualmente con casa por cárcel) fue inhabilitado por 12 años para el ejercicio de funciones públicas y multado con 33.332 millones de pesos. Por otra parte, Julia Margarita Serrano, quien fuera gerente financiera de Triple A entre 2012 y 2016 y luego  fue gerente encargada durante ocho meses tras la salida de Navarro, fue sancionada con seis años de inhabilidad y una multa de 2.141 millones de pesos. La Procuraduría tuvo en cuenta su colaboración con la justicia.

En cuanto a Hemer, los cargos fueron desechados, dado que llevaba apenas 17 días en el puesto cuando llegó la acción del organismo de control disciplinario.

Pese a la millonaria cifra, durante esta audiencia de este martes se insistió en los 17.850 millones de pesos de recursos públicos que, según estimó la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, corresponden a lo que dejó de percibir el Distrito de Barranquilla por la acción de los gerentes. De este monto,  10.624 millones son de regalías por el uso de la empresa de la infraestructura de la ciudad y 7.240 millones son por cuenta de las utilidades que le corresponden a la ciudad por el 14,5 por ciento de participación en la propiedad de Triple A.

Es de recordar que inversionistas privados poseen el 3,34 por ciento de la empresa e Inassa posee el 82,16 por ciento de las acciones, las mismas sobre las que la Fiscalía ejerce un embargo con fines de extinción de dominio por los presuntos actos de corrupción que rodean a la empresa, que hoy controla el Estado a través de la SAE.

Vienen investigaciones

Otro aspecto de la decisión de la Procuraduría, es que los integrantes de la junta directiva de Triple A serán investigados, lo que involucraría a altos cargos de la administración y la política barranquillera. En principio, estarían bajo el ojo del Ministerio Público la exalcaldesa Elsa Noguera y el actual alcalde Alejandro Char, con asiento propio en dicha junta, aunque ellos constantemente delegaban tales funciones.

Los que sí pasarían directamente bajo el escrutinio del ente de control disciplinario son el actual secretario jurídico de la Alcaldía, Jorge Padilla, quien tiene una larga relación con Triple A, que incluye contratos desde varios años antes de que fuera miembro de la junta, así como la secretaria distrital de Planeación, Margarita Zaher.

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También está en ese grupo el actual aspirante a la Alcaldía de Barranquilla, exministro de Vivienda y exgerente de Desarrollo de la Ciudad, Jaime Pumarejo Heins; la exministra de Transporte, ex secretaria general de la Alcaldía y ex directora jurídica de Triple A, Natalia Abello; y el exasesor de Alejandro Char en su primera alcaldía, David Maestre, polémico por la aparición de su nombre en los Papeles de Panamá y por supuestamente entregar información privilegiada de Triple A a Tomás Jaramillo, entonces socio de InterBolsa.

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Triple A, considerada por Inassa como la joya de la corona, estaba a punto de iniciar un proceso para ser vendida junto con otras operaciones en Latinoamérica, que quedaron en entredicho con la acción de la Fiscalía. Su matriz, la española Canal de Isabel II, buscaba dejar atrás el duro capítulo del caso Lezo que dejó mal parada a la cúpula del Partido Popular madrileño, con algunos de sus miembros encarcelados, en medio de una trama de corrupción que operó en ambos lados del Atlántico.

Tanto allá como acá fueron a parar los recursos desangrados de la empresa de servicios públicos barranquillera, un caso que todavía tiene pendiente -según el fiscal Néstor Humberto Martínez- el capítulo de los políticos y los operarios judiciales locales que se dejaron llevar por presuntos actos de corrupción relacionados con Triple A. Un asunto que los barranquilleros seguramente seguirán de cerca y del que esperan que haya resultados.