Troncal de la 26 se construye sobre predios privados: concejal

Bogotá estaría expuesta a millonarias multas y demandas ante el aparentemente irregular proceder del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en el caso del predio de la firma Apel Ltda., un enorme terreno vecino del Concejo de la ciudad y por el que necesariamente pasa la obra dela troncal de la calle 26 de Transmilenio, la misma que le ha causado innumerables dolores de cabeza a los habitantes del Distrito.
 
Tal denuncia la presentó este sábado el concejal Orlando Castañeda, en la que señaló nuevamente los constantes cambios de diseño que la entidad ha llevado a cabo “de manera irresponsable” en distintas obras de valorización, entre las cuales está la conexión Concejo – Centro Administrativo Distrital que en principio estaría conectado por un ‘box’ peatonal, diseño que ya no se llevará a cabo “acarreando costos adicionales”.
 
Frente a la obra en cuestión, Castañeda Serrano manifestó que “le preguntamos al IDU cuánto se ha invertido, hasta el momento, en los nuevos diseños a lo que la entidad respondió: ‘no se sabe porque todo fue un monto global para toda la troncal de la calle 26 y los costos de los nuevos diseños solo se sabrán cuando finalicen las obras y podamos hacer un cuadre financiero’”.
 
El cabildante señaló que en el caso del terreno de Apel, compuesto por cinco predios independiente, hubo lugar a dos actas en los que el IDU se compromete a presentar una oferta para su adquisición. Con la firma de la primera, se hizo entrega del bien y se trasladaron a 1.300 estudiantes de la institución educativa Uniapel, perteneciente a la misma empresa, a una sede temporal.
 
No obstante el proceso no avanzó y “sin explicación”, según el concejal, se intentó reducir el valor del terreno a la mitad, cosa que se intentó corregir mediante una segunda acta, que además dio lugar a la firma de la promesa de compraventa. “En correos electrónicos entre funcionarios del IDU y la María Mercedes Castrillón, directora técnica de predios del IDU, queda claro que dicha acta obliga a la administración en virtud de la firma de la misma, sin embargo los directivos de la entidad se niegan a su cumplimiento”, manifestó.
 
El predio de más de 7.000 metros cuadrados, por el que pasa la red matriz de acueducto El Silencio – Casablanca que surte de agua a Ciudad Bolívar y Soacha –una de las causas por la que varias veces se cambiaron los diseños- continúa en cabeza de un privado mientras avanza la obra de la 26 y la Administración Distrital “sigue cometiendo errores que podrían acarrear millonarias multas a la ciudad”, puntualizó Castañeda.