Tutelas de víctimas de chuzadas buscan frenar la extracción de información reservada del búnker

Daniel Hernández, el fiscal que maneja varios de los casos de más connotación nacional en el búnker, se convirtió en el blanco de ataques en dos frentes. Por un lado, ha tenido que defenderse de los señalamientos que hicieron en su contra los exfuncionarios del búnker Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Martínez Lugo, quienes para pedir pista en la JEP, lo señalan de ser la ficha que el exfiscal general Néstor Humberto Martínez utilizó para mover casos dirigidos y ordenar interceptaciones ilegales. Por el otro, una denuncia anónima en poder de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura provocó que se ordenara una inspección para llevarse la copia de hasta sus correos electrónicos. 

El chaparrón por el que pasa el fiscal al frente del caso Odebrecht, Hiunday, chuzadas, entre otros, ya se comenzó a sentir en los despachos judiciales. Sus investigados han activado recursos para recursarlo con el argumento de que contra él avanzan investigaciones disciplinarias que lo inhabilitarían para continuar al frente de las pesquizas. De hecho, el propio fiscal (e.) Fabio Espitia anunció una revisión de los casos para adelantar las "redistribuiciones adecuadas". 

Hernández, en el ojo del huracán, le pidió al fiscal general que lo investigue y concedió una entrevista en La W Radio en donde cuestiona la versión de los exfuncionarios de la Fiscalía, así como el origen de la investigación de la Judicatura. Para él, además de provenir de un anónimo, no trae información certera que permita identificar cuáles son los expedientes dentro de los cuales se habrían ordenado chuzadas. 

No obstante, el hecho de que una denuncia sea anónima no ha impedido el desarrollo de investigaciones cruciales en la justicia. Además, en lo que tiene que ver con los radicados incompletos, SEMANA conoció que de los 97 expedientes que están en el despacho de Hernández, 22 tienen posibles coincidencias con el anónimo. Esto en razón a que la denuncia alcanza a especificar los primeros 16 dígitos de un total de 21 necesarios para dar con cada radicado. De momento, se puede descartar que entre los radicados mencionados en el anónimo esté el del abogado Diego Cadena, tampoco está ninguno de los relacionados con las chuzadas orquestadas desde le empresa criminal de los coroneles retirados Jorge Humberto Salinas y Luis Mesías Quiroga. 

En medio de la indeterminación de los expedientes, la orden del magistrado de la Sala Disciplinaria Alejandro Meza era extraer copia de la totalidad de procesos que cusan en el despacho de Hernández, así como sus comunicaciones por correos institucionales y copia espejo de aparatos electrónicos. En el caso de otro fiscal que está en el radar del órgano disciplinario, Álvaro Betancour, también se ordenó sacar copia de los equipos de cómputo y dispositivos de almacenamiento temporal asignados entre 2014 y 2019.

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La polémica de inmediato se centró si la orden de Meza fue excesiva y superaba su competencia como representante de órgano disciplinario. La primera diligencia se vio frustrada por luego de que el vicefiscal Jaime Camacho cuestionara la legalidad de la inspección, y aunque estaba reprogramada para este miércoles, la Judicatura se terminó echando para atrás repentinamente. 

Ahora, con radicados en mano, la Judicatura intentará abrir una vía de diálogo para que sea el propio fiscal (e.) Fabio Espitia el que logre destrabar la investigación dándoles el acceso que necesitan para investigar. En caso de que este cartucho falle no es el único. En medio del tire y afloje, el caso acaba llegar al despacho del magistrado Luis Antonio Hernández en la Corte Suprema de Justicia, quien tiene para estudio una acción de tutela que podría zanjar el asunto de fondo.

El accionante es el abogado Felipe Jaramillo, cuya línea telefónica fue chuzada desde el búnker de la Fiscalía cuando era la contra parte de la Empresa de Energía de Bogotá en un millonario pleito. Ahora, fue admitido como víctima en los procesos que avanzan contra Martínez Lugo, Gómez Góngora y contra Laude Fernández, exdirector de Inteligencia del DAS.

Jaramillo instauró la tutela con el fin de que la Corte Suprema niegue el acceso de la Judicatura a su expediente, de lo contrario podría ser revictimizado. "No es comprensible para este abogado lo que pretende el magistrado Meza al ordenar realizar copias de material probatorio de procesos diferentes al caso en el que supuestamente los citados funcionarios han cometido alguna falta disciplinaria (caso corrupción Odebrecht) (...). No se entiende el propósito de pretender trasladar elementos materiales probatorios y evidencia física", dice el documento.

El abogado puntualiza que elementos como 137 grabaciones a su línea telefónica y las fotografías de sus dos hijas gozan de plena reserva y protección constitucional. La petición de Jaramillo apunta a que la corte suspenda la ejecución de la orden abierta que dio Meza y la limite solamente a la extracción de elementos probatorios de los radicados a los que hace referencia el proceso disciplinario por presuntas faltas endilgadas a los fiscales. Cabe subrayar que ninguno de los expedientes en donde aparece como víctima Jaramillo están en el listado de 22 posibles coincidencias entre la denuncia y los procesos que tiene Hernández en su despacho.

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El accionante también defiende al fiscal Betancour, que lleva las investigaciones en las que es víctima, al reconocer que ha demostrado total "probidad, rectitud y diligencia en la conducción de muy difícil tarea de demostrar la responsabilidad de Martínez Lugo en el caso".

Al igual que Jaramillo, Enel Codensa y el sindicato de pilotos de Acdac, quienes están en la pelea por chuzadas, radicaron acciones de tutela con pretensiones en el mismo sentido. En protección al derecho a la intimidad y la protección de datos personales piden que información que fue obtenida de manera ilegal no quede en manos de un órgano disciplinario, no penal, dejando al descubierto datos personales y empresariales de las víctimas.

La corte ya se negó a conceder medidas cautelares para suspender la orden de Meza de extraer información del despacho de Betancour y de inspeccionar todos los radicados en los que Jaramillo aparece con el fin de inventariar los elementos probatorios. Pero el alto tribunal tendrá que sentar su veredicto en los próximos días frente a una petición que podría terminar arreglándole el caminado a una orden de la Judicatura que fue calificada como excesiva en el mundo de los abogados y podría marcar el futuro de las investigaciones en uno de los casos más espinosos en Colombia: las chuzadas, esta vez, orquestadas desde el mismo búnker de la Fiscalía.