MOVILIDAD
¿Que pasará con Uber en Colombia?
El pulso entre el Ministerio de Transporte y la multinacional Uber no solo afectará el futuro de los taxis en el país.
“Innovaciones disruptivastivas” llama el profesor de Harvard Clayton Christensen a las empresas que transforman un mercado existente mediante la introducción de “simplicidad, conveniencia y accesibilidad”. En muchos casos, según este gurú empresarial, esa revolución se basa en una nueva tecnología. Aunque la irrupción de aplicaciones como Uber y Tappsi en el sector de la movilidad en el país no es un ejemplo literal de las teorías de Christensen, sí ha cambiado la manera como los usuarios disfrutan este servicio.
El Ministerio de Transporte, al anunciar su postura oficial frente a las ‘apps’, protagonizó la semana pasada la muestra más evidente de esa “disrupción”. Para esta entidad las plataformas que faciliten el servicio de transporte de pasajeros “no son legales”. Esa declaración abrió un nuevo asalto en la pelea entre la multinacional Uber, cuya aplicación funciona en Colombia desde octubre de 2013, y el gremio de los taxistas, principales afectados por esta nueva tecnología.
Para la ministra Natalia Abello solo las empresas de transporte habilitadas por su despacho pueden usar plataformas tecnológicas de transporte. Esto en la práctica se traduce en la legalidad de Tappsi porque la usan los taxis amarillos y la ilegalidad de Uber porque sus carros son los blancos del servicio especial. En otras palabras Uber, una empresa de tecnología fundada hace cinco años en San Francisco y con solo 13 empleados en Colombia, tendría que convertirse en una empresa de transporte para poder operar legalmente.
Ana Paula Blanco, vocera de la empresa, afirmó a SEMANA que Uber es una firma legalmente constituida que paga sus impuestos y que sus “socios conductores” están legalmente afiliados a empresas reconocidas por el Ministerio de Transporte. Es decir, todos los componentes del servicio de Uber –plataforma, conductores, automóviles y servicio– cumplen con la ley. “Lo que ofrecemos es una intermediación”, sintetiza Blanco.
Pero el choque más fuerte de Uber, en Colombia y los casi 50 países donde hoy tiene presencia, no se da solo contra las regulaciones estatales. Las empresas afiliadoras de taxis llevan más de seis meses protestando contra la llegada de la aplicación a Bogotá y Cali. Los ‘amarillos’, agrupados en un poderoso gremio y liderados por Uldarico Peña, acusan a los ‘blancos’ de ser ilegales, cobrar tarifas más altas y burlar la vigilancia del Estado. “Creen que porque tienen tecnología pueden violar todas las normas”, dijo el dirigente a la revista Don Juan.
La ‘guerra’ de los ‘amarillos’ contra los ‘blancos’ es hoy por los usuarios de mayor capacidad de pago. La aplicación requiere de un teléfono inteligente, una tarjeta de crédito y cuesta, en promedio, entre 20 y 30 por ciento más que un trayecto en un taxi tradicional. A pesar de lo anterior, Uber está hoy captando el segmento más pudiente del mercado del transporte individual. Más que la tecnología –Tappsi es en esencia la misma plataforma–, los carros blancos aprovechan la precaria calidad del servicio de los taxistas en Bogotá y Cali.
El gremio de los ‘amarillos’ carga con una pésima reputación, más que merecida. Si bien la gran mayoría de conductores de taxi son personas honestas y trabajadoras, una minoría se esconde entre ellos para cometer delitos como el paseo millonario. Otros alteran los taxímetros para cobrar de más y sus vehículos no cuentan con las mínimas condiciones técnicas y de comodidad. En la capital del país se convirtió en costumbre para muchos taxistas negarse a prestar el servicio si el destino del usuario no se acomoda con sus necesidades. Los ingenieros Álvaro Rodríguez y Jorge Acevedo concluyeron en su libro Taxi, el modo olvidado, que el “principal incentivo de las empresas de taxi es tener el mayor número de afiliados, en vez de prestar un servicio seguro y de calidad”. Esa realidad es tan palpable que el propio Uldarico Peña lanzó una aplicación con vehículos blancos, Viajes Imperial, que goza de legalidad porque está asociada con una empresa de transporte habilitada.
El gobierno colombiano ha enviado a Uber un doble mensaje: declara ilegal el servicio que presta por no entrar dentro de la normatividad vigente e invita a la empresa a discutir una nueva reglamentación. Mientras la semana pasada la Superintendencia de Puertos y Transporte le abre investigación a Uber, esta semana sus representantes están invitados al ministerio para buscar salidas. Aunque desde julio pasado el Ministerio de Transporte anunció un decreto que regularía el limbo jurídico en que se encuentra la aplicación, esta norma sigue sin salir.
La postura del gobierno de exigirle a una plataforma como Uber que se transforme en una empresa de transporte no se sintoniza con la dinámica de internet. Es como si para vender tiquetes aéreos, Despegar tuviera que comprar aviones. Que el ministerio tiene la obligación de hacer respetar las normas actuales no se cuestiona; lo que despierta suspicacias de la presión del gremio de los taxistas es que esta cartera esté tan reacia a adaptar la regulación a las realidades actuales.
El conflicto entre Uber, los taxistas y el Ministerio de Transporte trasciende la movilidad para ilustrar el impacto de las plataformas de internet en distintos sectores de la economía. Amazon en el comercio al detal, Despegar en el turismo, Open English en la enseñanza de idiomas, por mencionar unos pocos ejemplos, han irrumpido en sus respectivos mercados y han transformado en mayor o menor grado la intermediación entre el cliente y el producto o servicio. Los usuarios premian la comodidad, el precio o la calidad que estas plataformas ofrecen y el Estado tiene la obligación de incluir esa satisfacción dentro de sus normatividades. La tecnología siempre ha estado dos pasos más adelante que el gobierno. La responsabilidad de la política pública es ajustar la regulación a las nuevas plataformas y no al revés.