Un año después

AQUELLA NOCHE DEL MIERCOLES 5 DE SEPtiembre de 1990, cuando en una publicitada rueda de prensa en la Casa de Nariño el presidente César Gaviria dio a conocer el texto y los alcances del decreto legislativo 2047, que ofrecía rebaja de penas a los narcotraficantes que se entregaran a la justicia y confesaran sus delitos, casi nadie en Colombia y absolutamente nadie en el resto del mundo creyó que el mecanismo fuera a funcionar.
La lista de incrédulos incluía al propio Gobierno, que pensaba más bien en dejar a Pablo Escobar y a las demás cabezas del cartel de Medellín sin argumentos para seguir adelante en su sangrienta ofensiva terrorista.
Por esa razón, cuando hace cerca de un año, el jueves 20 de junio al terminar la tarde, Pablo Emilio Escobar Gaviria se entregó a la justicia y se instaló en los terrenos de la finca y naciente cárcel de La Catedral, a media hora de Envigado, hubo en el país una mezcla de alegría, sorpresa e incredulidad.
Se puede afirmar sin exageraciones que la inmensa mayoría de los colombianos asumió que quien había sido el más perseguido delincuente del país en toda la historia no iba permanecer tras las rejas más que unos pocos meses. Una encuesta encargada por SEMANA hace pocos días revela que alrededor de un 30 por ciento de los consultados reconoce hoy que hace 12 meses no creyó que Escobar permanecería este primer año en prisión, y es seguro que si la encuesta hubiera sido realizada cuando se entregó, la cifra de escépticos hubiera sido mucho más alta.
Al cumplirse ese primer aniversario, SEMANA ha querido hacer un balance de lo sucedido en este año y de lo que viene. Dentro de la investigación realizada se han recogido datos sobre el estado de los procesos de Escobar y los tres hermanos Ochoa, sobre cómo están cambiando sus condiciones de reclusión, sobre las implicaciones que para ellos tienen los cambios introducidos en la estructura de la justicia colombiana y sobre la forma como ha cambiado la vida cotidiana en la ciudad de Medellín, epicentro en la última década de uno de los más sangrientos períodos de la historia nacional.
LAS PRIMERAS SORPRESAS
La alegría del Gobierno no se limitaba ese mes de junio a la entrega de EScobar. De hecho, lo habían antecedido Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa -que fueron instalados en la recién levantada cárcel de seguridad de Itaguí- y lo siguieron lugartenientes del cartel de Medellín tan importantes como John Jairo Velásquez, alias Popeye, y Carlos Aguilar Gallego, que acompañan desde entonces a Escobar en La Catedral.
Pero esa alegría pronto se convirtió en grave preocupación, cuando en una de las evaluaciones que semanalmente y desde entonces se realizan en la Casa de Nariño sobre el desarrollo de estos procesos, el alto Gobierno concluyó que, como iban las cosas, aparte de sus propias modestas confesiones, poco o nada se les podría probar a los hombres que el mundo señalaba como los principales autores del gigantesco tráfico de cocaína desde Colombia hacia los Estados Unidos y Europa, y que el país responsabilizaba de la ola de violencia iniciada en 1983 con el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.
La noticia de la entrega de los capos, como era previsible, fue recibida con escepticismo en el ámbito internacional. Que Colombia, un país donde los jueces se compraban, las pruebas se invalidaban, los procesos se archivaban sin sanción, donde las intimidaciones bastaban para silenciar a la justicia, pretendiera renunciar a la extradición -hasta entonces el arma del Gobierno contra el narcotráfico- parecía una entrega de principios. Una claudicación. Cuando se dieron los primeros pasos en dirección a una politica de entrega de narcotraficantes, quedó claro que el riesgo era enorme, pero ante la inminencia de la caída del tratado de extradición en la Asamblea Nacional Constituyente, el Gobierno consideró que anticiparse a algo que era inevitable podría servir de carnada para atraer a los peces gordos . Fue así como se llegó a la fórmula de canjear la no extradición por un sometimiento voluntario a la justicia colombiana. Con esta controvertida fórmula, Colombia se estaba jugando una credibilidad que, por decir lo menos, estaba en entredicho. Y se jugó no sólo su credibilidad, sino también sus relaciones internacionales.
Pero lo que siempre tuvo claro el Gobierno fue que la condición indispensable para que esa política fuera viable y para que el país no perdiera lo que parecía ser su última carta contra el narcotráfico, era el fortalecimiento real de la justicia. Para ello era necesario lograr la consolidación de la jurisdicción de orden público que pasaba por la especializaeión en cierto tipo de delitos, el establecimiento de una justicia anónima para jueces y testigos, una mayor protección para el personal de justicia, el fortalecimiento de las penas y la creación de un tribunal superior especializado. Se trataba de los únicos instrumentos capaces de hacer viable algo sobre lo cual muy pocos tenían fe. Y así se hizo.
Con su nueva política, lo que el Gobierno en realidad buscaba era el sometimiento a la justicia de la base de la organización y de los paramilitares, con lo cual dejaría al cartel de Medellín sin su brazo armado. Pero el asunto fue cambiando de dimensión en el camino. El 18 de diciembre de 1990 sucedió algo que dejó sorprendidos a todos. Al poco tiempo de haberse expedido los primeros decretos en ese sentido, Fabio Ochoa se entregó a la justicia colombiana. En ese momento se vislumbró por primera vez la posibilidad de aprovechar la iniciativa para la entrega de las cabezas del cartel de Medellín. Al sometimiento de Fabio Ochoa siguieron los de sus dos hermanos y luego sucedió lo que nadie pensó que llegara a pasar: Pablo Escobar se entregó a las autoridades.
La prensa internacional reflejó en sus titulares lo que todo el mundo pensaba. Se hablaba del "Hilton de Escobar", y de un ablandamiento del Gobierno colombiano ante los carteles de la droga. Para el Gobierno se trataba de lograr que no sucediera lo que todos esperaban: que Pablo Escobar lograra burlar a una justicia por la cual nadie ponía su mano en el fuego. Y en realidad, comparado con lo que había sido el proceso de entrega, lo que quedaba por delante era la parte realmente difícil. Una vez en la cárcel, había que juzgar a la cúpula del cartel de Medellín. Jueces acostumbrados a manejar casos comunes de orden público se encontraron separados por un espejo de los criminales que la justicia buscó durante años. La voz de alarma surgió cuando el Gobierno pidió a las distintas autoridades que remitieran las pruebas en contra de los narcotraficantes detenidos. Era insignificante lo que tenían para aportar al proceso en esta materia, pues las autoridades judiciales y los organismos de seguridad llevaban años actuando en función de la extradición, consiguiendo elementos de inteligencia y no evidencias. Las pocas que existían no habían sido legitimadas como pruebas y otras no habían pasado a manos de la justicia por miedo a que llegaran a interferir en las labores de inteligencia de los organismos de seguridad. Otras, como el expediente de Tranquilandia que serviría para involucrar a los hermanos Ochoa en procesos de narcotráfico, habían desaparecido.
Si la cooperación internacional había sido una pieza clave de la política del Gobierno hasta entonces, la falta de pruebas en Colombia hizo que esa colaboración cobrara una enorme trascendencia. Sólo gracias a las pruebas que aportaran otros gobiernos, especialmente el de los Estados Unidos, se podría juzgar a los narcotraficantes por los delitos que realmente habían cometido. En un principio se pensó que se podía hacer una solicitud de pruebas a los jueces norteamericanos por medio de cartas rogatorias, un mecanismo mediante el cual el juez colombiano solicita a la cancillería que a su vez solicite a las autoridades extranjeras que aporten las pruebas para un determinado proceso. Pero no solamente se trata de un mecanismo enredado y poco eficaz, sino que Estados Unidos manifestó claramente que no aceptaría cartas rogatorias, solicitadas por la vía tradicional de las cancillerías. En realidad, el gobierno norteamericano en un principio no creía en la política de sometimiento a la justicia, y pensaba que, de algún modo, como ya había sucedido en el pasado con otros procesos contra narcotraficantes, se trataba de un mecanismo para que jueces corruptos invalidaran pruebas y declararan cosa juzgada los casos más gruesos.
El problema, una vez más, era de credibilidad. No sólo había que buscar un mecanismo aceptable para ambas partes, sino, antes que nada, persuadir a las autoridades norteamericanas de que se trataba de un proceso sólido y eficaz, y no de un ablandamiento del Gobierno ante los carteles de la droga. Se inició un período de intensa negociación y de diplomacia presidencial, durante el cual lo que estuvo en juego fue el éxito de la totalidad de la política colombiana con respecto al narcotráfico. La adopción del sistema acusatorio dio nueva fuerza a las iniciativas gubernamentales, pues sirvió para acercar al ejecutivo y al poder judicial por medio de la fiscalía. Esto dio un mayor margen de maniobra al Gobierno para impulsar el proceso y de consecución de las pruebas. Gaviria, por su parte, en un esfuerzo por armonizar el funcionamiento de los poderes y en aplicación del nuevo principio constitucional, decidió tomar la sartén por el mango, y creó el llamado "Grupo de Justicia", que reúne periódicamente a los representantes del poder judicial, de los organismos de seguridad y del alto Gobierno y se encarga del Seguimiento y del desarrollo del proceso. Por otro lado, los esfuerzos realizados por las autoridades colombianas comenzaron a arrojar resultados: aumentaron las cifras de incautaciones de cocaína, aumentaron igualmente los ataques al cartel de Cali y disminuyó relativamente el flujo de cocaína colombiana a los Estados Unidos.
A fines de 1990 y principios de 1991, tras varios meses de negociaciones, se llegó a una nueva figura para obtener cooperación de otros países: se diseñó un memorando de entendimiento sobre cooperación judicial, una especie de acuerdo de voluntades que simplemente establece un trámite administrativo más ágil para procesar las cartas rogatorias de los jueces, que no serían ya tramitadas por la Cancillería sino por la Secretaría Jurídica de la Presidencia y posteriormente por la Fiscalía. Sin embargo, sólo la mitad de la pelea había sido ganada. A pesar de que la Casa Blanca y el Departamento de Estado habían dado el aval a Gaviria, hacía falta el consentimiento del Departamento de Justicia y de la DEA. Analistas sostienen que esa contribución se logró gracias a que Colombia era pieza decisiva en el Consejo de Seguridad de la ONU en vísperas de la guerra del Golfo.
Sin embargo la complicación del asunto había llegado a tal punto, que paralelamente se había acudido a la cooperación de otros países como Francia, Cuba, Argentina y España, que se mostraban menos reticentes que Estados Unidos en materia de suministro de pruebas contra los narcos. Finalmente, gracias al intenso trabajo de diplomacia que durante meses se había llevado a cabo, el gobierno norteamericano aceptó colaborar. Y empezaron a llegar las pruebas. Hoy por hoy se trata de un proceso constante que, aunque aún no ha probado públicamente sus bondades, resultó mejor de lo que todo el mundo se esperaba.

"Lo que muchos olvidaron -dijo un funcionario del Gobierno a SEMANA- es que el Gobierno no ofreció el beneficio de la impunidad sino el de la no extradición. Se trataba de cambiar la justicia externa por la interna y no de renunciar a la justicia".
Aunque aún falta por conocerse el resultado de los principales procesos contra los que se han sometido a la justicia, lo cierto es que lo que comenzó siendo un mecanismo para que los capos de menor importancia se entregaran, terminó por devolver buena parte de la tranquilidad al país y por darle al problema del narcotráfico su verdadera dimensión: la de un asunto de policía y de una guerra jurídica.
Queda claro entonces que un año después de la entrega de Pablo Escobar, el camino que queda por recorrer es aún más largo que el recorrido. Antes de que se tenga en claro si el mecanismo diseñado en septiembre del 90 y que obtuvo su mayor avance hace 12 meses, va a tener definitivo éxito, pasarán varios años de recolección de pruebas, controversias jurídicas, alegatos y apelaciones.
Pero independientemente de estas incertidumbres, algunos elementos se van aclarando (ver recuadro) y parecen indicar que el partido del sometimiento a la justicia de los narcotraficantes lo va ganando el gobierno de César Gaviria. Para empezar, los que se entregaron siguen hoy presos, y lo están en cárceles que tienden a ser cada vez más seguras (ver artículo). Pero además, y aunque aún los procesos no estén consolidados, hay indicios que permiten apreciar que están prosperando más de lo inicialmente imaginado.
La mejor prueba de lo anterior la aportó la semana pasada una carta del ex procurador Carlos Jiménez Gómez, apoderado de algunos de los sometidos, al presidente Gaviria. En ella, el ex procurador protesta enérgicamente por algunas de las decisiones jurídicas y carcelarias adoptadas por las autoridades en estos procesos. Jiménez Gómez acusa a la jurisdicción de Orden Público de estar "manipulada" y en una frase cargada de dramatismo, sentencia: "Es como si, enjaulada la presa y creyendo que todo se encuentra bajo control, el cazador se dedicara a una política de tierra arrasada".
Los argumentos de Jiménez, como en todos estos casos, dan para una amplia discusión. Pero más allá de ello, lo que vale la pena destacar es el tono de la misiva, que parece revelar hasta qué punto los abogados de los narcotraficantes que se entregaron a fines del 90 y principios del 91, están preocupados. Esto sin duda puede despertar temores sobre la eventualidad de un nuevo coletazo del narcoterrorismo, y ese es un riesgo que siempre ha estado presente. Pero indica en todo caso que para los acusadores las cosas pueden estar saliendo mejor de lo que incluso ellos mismos habían esperado.-

Los procesos de Escobar
CON LA ENTREGA DE PABLO Escobar el 18 de junio del año pasado y la confesión que tuvo que hacer para poder acogerse a los beneficios consagrados en los decretos 2047 y 3030 de 1990 y 3003 de 1991, se inició lo que podría llamarse la guerra judicial. Esta va a durar varios años mientras la justicia se pronuncia en forma definitiva, pues son muchos los procesos. La diferencia, sin embargo, entre esta y la guerra que se libró durante el gobierno de Barco, es que la munición no consistirá en plomo y bombas, sino en pesados memoriales, donde abogados. fiscales y jueces plasmarán argumentos, contraargumentos, pruebas y sentencias.
Pero ¿cuáles son en fin de cuentas los procesos que existen contra Escobar? Para comenzar, está el que podría denominarse el proceso matriz, que es el que se inicia con su confesión. Ahí, Escobar confesó un delito por el cual ya había sido condenado por la justicia francesa que, según él, consistió en ayudarle a un hombre que pretendía exportar 400 kilos de cocaína a Francia y el Medio Oriente, conectándolo con el dueño de una pista cerca de la hacienda Nápoles.
Pero además del proceso matriz, Escobar ha sido vinculado con el tiempo a toda una serie de otros procesos, tanto en el país como en el exterior. En Colombia, quizá el que se encuentra más adelantado es el del asesinato de Guillermo Cano. En marzo de este año, el juez sin rostro de Medellín que conoce el proceso dictó resolución acusatoria contra él, imputándole la autoría intelectual. El juicio está prácticamente concluido, pues ya existe citación para sentencia, y las probabilidades de que Escobar resulte condenado son altas. En tal evento, no gozaría de los beneficios de reducción de pena, pues para ello se requiere confesión o delación, y él no lo hizo respecto de este delito.
Pablo Escobar también ha sido vinculado a los procesos que cursan en relación con el secuestro de Andrés Pastrana, ocurrido en enero de 1988, el del asesinato del ex procurador, Carlos Mauro Hoyos, el del atentado contra el general Maza Márquez en la carrera séptima de Bogotá, el del asesinato del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán y los de las bombas contra el avión HK 1803 de Avianca, el edificio del DAS y la Corporación Las Villas en Bogotá, ocurridos entre noviembre de 1989 y febrero de 1990. No es descartable tampoco que termine vinculado a los procesos por las muertes de Diana Turbay y de Marina Montoya. En resumen, existen en la actualidad más de 20 procesos en Colombia a los cuales se encuentra vinculado su nombre y donde, según un alto funcionario del Gobierno consultado por SEMANA, existe lo que podría llamarse una causa sólida en su contra, que en la mayoría de los casos es la de terrorismo.
Pero si en Colombia llueve en el exterior no escampa. En los Estados Unidos existen ocho procesos en su contra. De esos, tres son por lavado de dólares y cinco por narcotráfico. De estos últimos, parece que hay dos donde las posibilidades de resultar absuelto son remotas.
De otra parte, a raíz del proceso por narcotráfico que se adelantó en Cuba en julio de 1989 contra el general Arnaldo Ochoa, los hermanos De la Guardia, Jorge Martínez Valdés y otros altos funcionarios cubanos, se produjeron una serie de testimonios que pueden convertirse en pruebas contra Pablo Escobar en Colombia, gracias a un convenio de cooperación judicial celebrado con ese país a fines del año pasado.
Ese acuerdo tiene por objeto el intercambio de información en el caso de investigaciones policiales o procesos judiciales por tráfico de drogas.
En cuanto a la condena de la justicia francesa a 20 años de prisión, existen dos opciones. La primera consiste en que se obligue a Escobar a cumplir la condena tal cual en Colombia, y eventualmente disminuirla hasta en una tercera parte por el hecho de la confesión y en una sexta parte adicional si el juez considera que en la confesión de Escobar hubo delación de otros delincuentes. Eso quiere decir que de optarse por esa alternativa, Escobar pasaría, en el mejor de los casos, alrededor de 10 años en la cárcel. La segunda opción consiste en que la condena francesa sirva de prueba dentro del proceso que se le adelanta en Colombia.
Todo esto lo que quiere decir es que Escobar, muy probablemente, puede estar ante un caso de concurso de delitos. Esto consiste en sumar las penas de los delitos que no haya confesado con la que corresponda al que confesó y que le da derecho a la rebaja de pena. Pero como la suma no puede ser aritmética, se da la figura de integración de penas que no permite que estas excedan el máximo legal de 30 años. Sea cual fuera la condena final, lo que parece claro, por ahora, es que va a terminar pasando en la cárcel mucho más tiempo de lo que probablemente calculó.