UN ASUNTO CAPITAL

A PARTE DE LA NORMAL controversia que desató la decisión de las autoridades de suspender de sus cargos a los presuntos responsables del racionamiento energético, el asunto desempolvó la antigua polémica sobre centralismo y descentralismo en Colombia. Aunque el país clamaba porque se castigara a los culpables, lo cierto es que en muchas regiones del país se llegó a la conclusión de que pagaron justos por pecadores. Los homenejes de desagravio a algunos de los funcionarios removidos o suspendidos en el Valle o Antioquia llamaron la atención, pero sin lugar a dudas el acto de solidaridad realizado por los empresarios paisas a Carlos Enrique Moreno Mejía, gerente saliente de las Empresas Públicas de Medellín, rompió todas las previsiones. En este caso, la clase dirigente antioqueña cerró filas alrededor de uno de quienes considera ejemplos de buena administración de la cosa pública.
Para los industriales antioqueños el homenaje no pretendió que no se corrigieran errores como los que llevaron a Colombia al apagón, sino que consideraron unánimemente que la acción de las autoridades debía ser justa y no precipitada. Pero aparte del agrado o no con lo sucedido, las intervenciones de los oferentes, entre ellas las de Germán Jaramillo Olano por Proantioquia y del consejero de política social Gilberto Echeverry Mejía, confluyeron en señalar a la batalla entre centralistas y descentralistas como verdadera culpable de las decisiones de "castigo". Lo cierto es que Antioquia posee la cuarta parte del potencial hidroeléctrico del país y desde hace algunos años tomó el liderazgo y manejo de la interconexión eléctrica nacional.
De hecho el eléctrico pasó a ser uno de los pocos sectores cuyas decisiones no se tomaban desde Bogotá.
Por eso el mayor número de funcionarios suspendidos o investigados es paisa. La mayor crítica que se hizo en los informes de evaluación sobre los culpables del racionamiento advirtió que las empresas de energía con un afán desenfrenado por vender energía hidráulica para generar mayores utilidades, desocuparon los embalses. Esa afirmación fue desmentida, con documentos en la mano, que demuestran que desde comienzos de 1991 los representantes de las Empresas Públicas de Medellín en ISA pidieron incrementar la generación térmica para afrontar épocas de escasez futura. Según ellos, de haberse ejecutado esa clase de política en el manejo de la situación energética, se hubiera utilizado en menor escala la generación hidráulica, lo que no hubiera implicado un desgaste tan grande de los embalses
Los datos manejados por ISA a finales de 1991 demuestran, según las EPM, "cómo a la Junta no se le dio información adecuada sobre lo que estaba pasando por parte de los técnicos de ISA responsables de la operación y a quienes les corresponde informar en Junta el estado del sistema". Desde noviembre de 1991 las Empresas Públicas de Medellin pidieron profundizar en las implicaciones de un atraso del proyecto hidroeléctrico del Guavio y plantearon la posibilidad de un racionamiento a partir de 1993.
Por eso las voces de protesta de los empresarios antioqueños fueron unánimes en señalar que cuando culminen las investigaciones se demostrará que la suspensión de Moreno fue injusta y que en lugar de desgreño, lo que hubo fue capacidad y eficiencia para señalar a tiempo lo que podría ocurrir.
Lo cierto es que el aporte antioqueño a la generación eléctrica nacional es vital y sin la interconexión realizada por ellos el apagón podría haber sido total. Y que, aunque los esfuerzos descentralistas han sido la tónica de los últimos gobiernos, el hecho cierto es que a la capital se le sigue mirando desde afuera con la mirada inquisitiva que genera nuestro sistema de gobierno.