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| 2/19/2006 12:00:00 AM

Un barril sin fondo

La Universidad del Atlántico no sale de la crisis y se buscan responsables. ¿Quiénes son? Los de siempre: los políticos, los trabajadores, los estudiantes...

Un barril sin fondo La propuesta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de convertir la Universidad del Atlántico en otra entidad y arrancar de cero no fue bien recibida por los docentes, los estudiantes y el personal administrativo
Parafraseando a Mario Vargas Llosa, se preguntan entre incrédulos y malhumorados los barranquilleros: ¿en qué momento se fregó la Universidad del Atlántico , si el gobierno nacional presuntamente no ha dejado de girar los aportes que por ley debe hacer.

Surgen varias explicaciones: una, la más reciente dada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, según la cual a la Universidad le ingresan 100 pesos y gasta 130. Otra, que la Nación no hace los traslados oportunamente y la Gobernación del departamento sólo cumple con sus obligaciones de vez en cuando.

En resumidas cuentas, la Universidad del Atlántico se encuentra a las puertas de un cierre inminente o se podría convertir en otra entidad dejando un cascarón con obligaciones que nadie quiere asumir, y arrancar de cero. Esta fue la propuesta formulada por el ministro Carrasquilla y le significó una rechifla que aún se siente en los patios de las tres sedes.

Esta semana que pasó, los estudiantes de la universidad vivieron días de pasión e incertidumbre. Se realizaron tres consejos directivos extraordinarios para estudiar la difícil situación. La rectora encargada, Paola Amar, con mucha ascendencia entre los estudiantes y el cuerpo docente, presentó su renuncia el martes 14, y sólo fue reemplazada el jueves de manera interina por la actual secretaria de Educación departamental, Yolanda Martínez Manjarréz.

Pero no hay una salida fácil a un crisis de varias décadas que siempre tuvo como trasfondo un alto grado de politización. Este se reflejó en el pulso entre la izquierda y la clase política tradicional que ha detentado el poder en la ciudad y el departamento y ha manejado la universidad como un feudo. El escenario de protestas estudiantiles se presenta de manera sistemática año tras año. También son responsables los gremios que han sido complacientes y partícipes de esta situación; muchos dirigentes provenientes del sector empresarial ocuparon la rectoría y han estado en su consejo directivo.

El hecho de que en dos años haya habido tres rectores sólo prolonga las medidas que necesita la universidad para salir del pantano en el que se metió, en especial durante la década de los 90. En esos años se dispararon los gastos en pensiones y salarios, las acreencias y las sentencias judiciales en su contra.

Este escenario de déficit e insostenibilidad financiera había sido diagnosticado por Fundesarrollo en un informe de 2002. Esta entidad destacó que los problemas más críticos se hallaban en las convenciones colectivas de trabajo, las prebendas pensionales y las prestaciones negociadas que 'rompen el bolsillo' de cualquier institución y la hacen financieramente inviable.

El informe agrega que las convenciones negociadas la convierten en una institución privilegiada, con un sistema salarial y prestacional más especial que regímenes como el de Ecopetrol o las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, se pagan salarios muy por encima del promedio del sector público. De hecho, una de las críticas a la rectora Amar de parte del viceministro de Educación fue su salario de 12 millones de pesos

En otro aparte, el informe de Fundesarrollo agrega que "los dineros públicos, que deberían ir encaminados a atender más jóvenes, hacer más investigación, adquirir equipos y mejores dotaciones, se distraen en excesivos salarios y mesadas pensionales a ex funcionarios que tienen una larga vida productiva y se apropian de rentas públicas sin una contraprestación proporcional en el mejoramiento de la calidad y la productividad académica".

Son tan agobiantes los gastos, que durante la década de los 90 la universidad sólo invirtió 2 por ciento de sus ingresos totales y la cobertura no aumentó proporcionalmente al aumento del gasto. La razón: mientras el número de estudiantes se duplicó, los gastos de funcionamiento se triplicaron.

Han pasado cuatro años y no se han aplicado los correctivos. Ante esos antecedentes, pocos creen que la nueva rectora encargada pueda cambiar el rumbo de la universidad, un mal ejemplo de utilización de un bien público, donde ha primado el beneficio de unos pocos.

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