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Esta semana se conoció el texto del fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz. Los jefes de las autodefensas sólo se pronunciarán sobre él esta semana, cuando sea estudiado por sus abogados

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Un camino culebrero

Con la sentencia de la Corte sobre la Ley de Justicia de Paz, queda claro que para los máximos jefes paramilitares, el futuro no está despejado.

15 de julio de 2006

Después de que se conoció el texto de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz, el camino parece despejarse para su aplicación. A algunos jefes paramilitares la ley, con fallo y todo, les cae de perlas. A otros, les enreda la vida. Estas serían las ganancias y las dificultades que podrían enfretar.

Salvatore Mancuso

Mancuso es uno de los grandes ganadores con la ley. Está condenado a 40 años por la masacre de El Aro, en Ituango, Antioquia. La Corte aclaró que condenas como estas se acumulan con los procesos que tiene en curso - por lo menos seis masacres ocurridas en Sucre, Antioquia y Norte de Santander- y con los crímenes que confiese. Mancuso fue durante años el jefe militar de las autodefensas en el país, al lado de Carlos Castaño.

La ley obliga también a contar qué ocurrió con los desaparecidos. En Córdoba hay decenas de ellos. Habrá mucha presión internacional para que Mancuso explique qué pasó y donde está Kimy Pernía, el líder de los embera que desapareció en la zona de la represa de Urrá. Por todos estos crímenes estará máximo ocho años en una cárcel.

Mancuso es de los pocos paramilitares que tenían propiedades antes de ingresar al grupo armado. La Corte advirtió que estos bienes pueden ser secuestrados de manera cautelar para contribuir a la reparación. Sin embargo, es prácticamente imposible que hoy estén a su nombre. La riqueza ilícita adquirida por Mancuso deberá ser entregada al fondo de reparación.

La principal preocupación de Mancuso es evitar su extradición por narcotráfico, que ya está aprobada por el gobierno, pero suspendida durante el proceso de paz. Por eso se ha ido a erradicar coca y demostrar su "propósito de enmienda", que es la exigencia que le hizo Álvaro Uribe para no enviarlo a Estados Unidos.

Vicente Castaño

Podría resultar vinculado a más procesos que los demás. Al 'Profe' se le atribuye la extensión de los paramilitares en el país. Un testimonio que hace parte del proceso por la masacre de Mapiripán, lo señala como uno de los que estuvieron preparando el envío de paras desde Urabá hasta los Llanos Orientales. De hecho, él se desmovilizó junto al Bloque Centauros que actuaba en esa región. También se le interrogará por los hechos ocurridos en Córdoba y Urabá, donde posee influencia. Es altamente probable que los fiscales le interroguen sobre la desaparición de su hermano Carlos Castaño, pues su nombre siempre ha estado asociado a este hecho.

Si la ley se aplica con rigor, Castaño tendrá que entregar muchas tierras. "Tengo fincas en 11 departamentos", admitió el jefe paramilitar en una ocasión. Su programa 'Colombia sin hambre' ha parcelado en comodato tierras en San Pedro de Urabá y Valencia a por lo menos 50 familias campesinas. Admite que tiene palma en Bajirá, en límites entre Antioquia y Chocó, justo donde las comunidades negras luchan para que les restituyan los predios que algunas empresas llenaron con estos sembrados.

Castaño está pedido en extradición por Estados Unidos. También está erradicando coca para demostrar que dejará el negocio de la droga.

Diego Murillo, 'Don Berna'

Diego Fernando Murillo, 'Don Berna', tendrá que esforzarse mucho para que los fiscales lo incluyan como uno de los beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz. Primero tendrá que demostrar que su desmovilización fue completa y que no tiene nada que ver con la facción del Bloque Héroes de Tolová que quedó activa en Córdoba, y sobre cuya existencia Murillo no le informó al gobierno.

Si lo logra, tendrá que admitir su participación en el asesinato del diputado Orlando Benítez, en febrero de 2005, proceso en el que se ha declarado inocente. Si no reconoce su participación, y la Fiscalía tiene pruebas contundentes, perdería los beneficios de la Ley y pagaría hasta 40 años de cárcel. 'Don Berna' también está vinculado a la desaparición de 21 personas en la comuna 13 de Medellín, algunas de las cuales fueron encontradas en fosas comunes, cerca de esa ciudad, en un campamento del Bloque Cacique Nutibara.

'Don Berna' será interrogado por más de un crimen que sigue en la impunidad y donde su nombre salió a flote, bien sea como miembro de la Oficina de Envigado, el Bloque Cacique Nutibara o el Héroes de Granada. Se prevé que puede resultar involucrado en cientos de crímenes, especialmente cometidos en ajustes de cuentas de narcotráfico.

Si 'Don Berna' confiesa sus delitos, se podría llegar a saber toda la verdad sobre 20 años de narcotráfico, vendettas y paramilitarismo. Lo cual es poco probable que ocurra, pues la ley sólo le otorgará alternatividad penal para los delitos cometidos desde su pertenencia a las AUC y no a otros grupos criminales como Los Pepes o La Terraza. Estados Unidos insiste en su extradición, pues argumenta que desde 1997 -fecha en la que se revivió esta figura- hasta 2001, cuando se convirtió en paramilitar, tienen pruebas de que su actividad era el narcotráfico.

Aunque es considerado el capo más importante en Medellín, lo que se conoce de sus bienes es mínimo. Su red de testaferros es enorme y el reto de la justicia será descubrir sus inversiones en propiedad raíz, transporte público, y en juegos de azar.

Rodrigo Tovar, 'Jorge 40'

Otro que tendrá más de una dificultad con la ley es 'Jorge 40'. Para empezar, la norma no cubrirá la masacre de 11 campesinos en Curumaní, ocurrida en diciembre de 2005. Hay que recordar que la ley sólo sirve para los delitos cometidos antes de julio 25 del año pasado, fecha en que se aprobó. Si bien Tovar Pupo aún no está vinculado formalmente a esta investigación, su nombre aparece recurrentemente en el expediente como el posible autor intelectual y en todo caso, la cometieron hombres bajo su mando.

Tovar Pupo deberá responder por la desaparición y la muerte de 60 indígenas wayuu y wiwa en La Guajira, cometidos por el Bloque Norte, y por la desaparición y la muerte de medio centenar de kankuamos, así como la masacre de 21 personas en Aracataca. También aparece relacionado con casos de amenazas y asesinatos de sindicalistas en Barranquilla.

Deberá demostrar que su aparato está completamente desarmado. A pesar de haber comandado uno de los bloques más poderosos y ricos, que usufructuaba recursos por narcotráfico, que robaba los dineros de la salud de los más pobres afiliados al régimen subsidiado, y que dominaba el contrabando de gasolina, sus frentes apenas entregaron un arma por cada tres combatientes. En su área de influencia han empezado a retoñar grupos liderados por sus antiguos mandos medios, tanto en la alta Guajira como en la Sierra Nevada.

Quizá será el jefe paramilitar que más restitución de tierras deberá hacer, pues en los departamentos donde actuó se vivió una verdadera contrarreforma agraria. Un cálculo conservador habla de que sólo este bloque tendría que entregar más de 100.000 hectáreas robadas. Aunque Tovar Pupo tiene un voluminoso expediente por narcotráfico en las cortes de Estados Unidos, aún no ha sido pedido en extradición.

Carlos Jiménez, 'Macaco'

Su mayor problema es demostrar que su desmovilización fue completa, ya que en buena parte de su área de influencia hay más violencia ahora, que antes de la entrega de armas. En particular, Nariño, donde operaba el Bloque Libertadores del Sur, bajo su mando.

Carlos Mario Jiménez era hasta hace dos años desconocido. Durante el proceso de paz se supo que era el hombre fuerte del grupo mejor armado de las AUC: el Bloque Central Bolívar, cuyos tentáculos estaban en el sur de Bolívar, el bajo Cauca, Norte de Santander, el Eje Cafetero, norte del Valle, Caquetá, Putumayo y Nariño. 'Macaco' está vinculado a pocos procesos: por una masacre en Barrancabermeja, y por el homicidio del rector de una universidad en Cúcuta.

La prueba de fuego de la Fiscalía será quitarle a 'Macaco' las cerca de 50 minas de oro que se apropió a sangre y fuego. Lo mismo aplica a las inversiones en palma y madera que ha hecho en los últimos años en los Llanos , donde incluso tendría una planta de alcohol carburante. Informes de inteligencia también le atribuyen inversiones en esmeraldas, propiedad raíz -particularmente en el Eje Cafetero-, un canal de televisión y varios equipos de fútbol. Todos a través de testaferros.

Sus orígenes estuvieron al lado del cartel del norte del Valle, en particular, con el grupo de Wílmer Varela, más conocido como 'Jabón'. Aunque no tiene orden de extradición, el expediente en su contra está listo.