Un caos anunciado

Apenas 16 días antes de las elecciones, un juez definió el viernes pasado que las listas de Enrique Peñalosa y Carlos Moreno de Caro se pueden identificar, en el tarjetón, con sus fotos y nombres. El episodio es muy elocuente sobre la falta de claridad de las reglas de juego bajo las cuales se llevará a cabo la competencia política del próximo 12 de marzo. Una elección cuya normatividad aún se está definiendo en plena campaña.

Peñalosa y Moreno de Caro acudieron al mecanismo de tutela para tumbar una decisión de la organización electoral que les prohibía poner la foto en el tarjetón. El juez les dio la razón: esa práctica no viola el principio de igualdad, como había dicho el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque cualquier lista habría podido hacer lo mismo.

Pero, más allá de la batalla ganada por estos dos candidatos, lo que inquieta es que haya decisiones tan importantes tomadas a última hora y en medio del debate. Los expertos en la materia consideran que un sistema electoral, para ser creíble y legítimo, debe tener reglas de juego claras, fijadas previamente a la campaña y conocidas por todos los actores. El proceso actual no cumple esas condiciones esenciales. La reforma política introdujo en 2003 una serie de innovaciones y mecanismos con los cuales los votantes no tienen familiaridad y cuyo manejo se sale de las manos de las dos entidades estatales encargadas de manejar las elecciones: el CNE y la Registraduría. Así lo comprobó SEMANA en un simple ejercicio realizado a ciudadanos desprevenidos (ver secuencia).

El politólogo Fernando Cepeda Ulloa dio una voz de alarma, en reciente columna de El Tiempo, sobre el crecimiento del voto inválido. En los comicios de asambleas en 2003, que se hicieron con las normas de la reforma política, hubo 3.519.163, que representan el 38,36 por ciento de los electores (¡más de los que votaron por Horacio Serpa en 2002!). Expertos consultados por SEMANA consideran que en la elección del próximo 12 de marzo esa cifra puede aumentar. En plata blanca, lo anterior significa que en una fila de ciudadanos frente a la mesa de votación, los votos de cuatro por cada 10 no van a contar.

Las consecuencias son muy delicadas. Para empezar, se desconoce en la práctica la opinión de una tercera parte de los ciudadanos que deciden votar, con evidentes distorsiones sobre los resultados electorales. Pero hay otras secuelas: si se anulan 20 ó 30 por ciento de los votos, el total de la votación que se utiliza para calcular los umbrales (el mínimo de votos que se le exige a cada partido para mantener la personería jurídica o para entrar en la repartición de escaños en el Congreso) bajaría. Un umbral de 2 por ciento, si la votación total es de 12 millones, pone una cuota de entrada de 240.000. Pero si se le resta la tercera parte, esa cifra sería de 160.000. El previsible resultado sería que entraría un mayor número de partidos, en detrimento del objetivo de la reforma política, que buscaba disminuir el número de organizaciones y crear un sistema con menos colectividades, más fuertes y coherentes.

El problema es aun más grave. A menos de dos semanas de las elecciones, no se sabe si el umbral se calcula sobre el total de votos 'sufragados' o 'válidos'. Los segundos excluyen los 'no marcados' (votantes que depositan el tarjetón en la urna sin señalar su preferencia, por ignorancia o porque simplemente buscan el certificado de haber votado) y los 'nulos' (gente que, por ejemplo, escoge a dos candidatos a la vez). La Constitución utiliza indistintamente ambas expresiones. ¿Quién podría aclarar el embrollo? El Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, cuando abordaron el tema, sus nueve magistrados no se pusieron de acuerdo sobre si debían pronunciarse o no. Es muy probable que este hueco, que podría alcanzar el tamaño de una tercera parte de la votación, siga sin tapar hasta las elecciones.

No será el único. Hay otras normas que no han sido definidas o reglamentadas. Algunas, por ejemplo, hacen alusión a los "votos emitidos en el territorio nacional". ¿Se excluyen los de los votantes en el exterior? Nadie sabe. Tampoco es clara la forma como operan los topes de financiación que no pueden superar las campañas. ¿Se cuentan por partidos? ¿Por candidatos? Hay múltiples interpretaciones.

El panorama se complica por la existencia de normas incoherentes. Con frecuencia se legisla con demagogia, para quedar bien, pero después las reglas son injustas o de difícil aplicación. En las elecciones actuales coexisten tres sistemas diferentes: el de listas únicas con voto preferente, el de listas cerradas y el de listas que se registran con firmas de ciudadanos. ¿Son iguales las reglas para todos? La ley no lo dice. En materia de asignación de tiempos de televisión, la legislación se refiere a los partidos. ¿Se excluyen movimientos como los de Mockus y Peñalosa, que se inscribieron con firmas? No hay respuestas claras.

Parte del problema es que algunas medidas tomadas como correctivos han resultado peores que la enfermedad. La Constituyente de 1991, por ejemplo, creó la Organización Electoral como un poder autónomo, que no depende del Ejecutivo. Lo cual es sano para evitar la intromisión del gobierno de turno en las elecciones. Pero tiene la complicación de que deja los problemas sin doliente.

La 'Organización' tiene dos entes permanentes: la Registraduría y el CNE. La primera organiza y conduce las elecciones. El segundo regula y controla. Las atribuciones de uno y otro no son totalmente claras, ni las fronteras que los separan. Y la confusión genera tensiones, porque en varias ocasiones hay desacuerdos y pugnas de poder. En el diseño de las actuales reglas electorales, por ejemplo, había visiones contradictorias sobre la conveniencia de volver a utilizar la legendaria tinta indeleble para marcar a los ciudadanos que votan. La Registraduría dijo sí. El Consejo se inclinaba por el registro de la huella. Se impuso lo primero (la Registraduría es más poderosa porque tiene más dinero y define el presupuesto del CNE), que es un mecanismo adecuado para hacerle difícil a una persona votar más de una vez, pero que no tiene ningún efecto en el caso de la suplantación de votantes (que alguien vote a nombre de otro).

El CNE, además, tiene una configuración política. Según la Constitución, debe reflejar la composición política del Congreso. En la actualidad, hay cinco magistrados liberales, tres conservadores, uno independiente y uno de Cambio Radical. Una estructura que nada tiene que ver con las nuevas agrupaciones que se están creando después de la reforma política. Y que da pie para que los candidatos, en plena campaña, cuestionen sus decisiones por estar dirigidas a favorecer a determinados grupos. En el peñalosismo están convencidos de que la prohibición de usar la foto -que lograron tumbar con una tutela- era una maniobra de sus rivales serpistas que tienen asiento en el Consejo. Otros candidatos han cuestionado, por razones similares, decisiones que tienen que ver con topes de las campañas y asignación de tiempos en los canales públicos.

Ante el galimatías de normas y disposiciones, desde ahora se puede predecir que los resultados de las elecciones del 12 de marzo recibirán todo tipo de demandas. Los derrotados -sobre todo los que se queman por muy pocos votos- presentarán demandas, formularán quejas y requerirán reconteos. Ya ocurrió en 2002. En el largo plazo, lo que se afecta es la credibilidad en las elecciones. Vale decir, es el mecanismo mediante el cual se distribuye el poder político. Es probable que los resultados definitivos de las elecciones -en las que se definirá un nuevo Congreso, un esquema de partidos y la correlación de fuerzas entre el gobierno y la oposición- sólo se conozcan varios meses después.