UN CRIMEN MISTERIOSO

UNOS MIL ESTUDIANTES DE LA UNIversidad Sergio Arboleda se aglutinaron frente a la Clínica del Country, en la carrera 15 con calle 84 al norte de Bogotá, en espera de lo peor. Y lo peor se produjo: un comunicado del centro asistencial, leído hacia las 11 de la mañana del jueves por su director y transmitido en directo a todo el país por la radio, confirmó la tragedia: Alvaro Gómez Hurtado había muerto tras haber sido baleado dos horas antes por sicarios que lo atacaron a la salida de la Universidad, donde acababa de dictar la que sería su última clase.
Al dolor y a la indignación se sumó muy pronto el desconcierto. Pocas veces se ha presentado en Colombia un asesinato tan difícil de descifrar como el de Alvaro Gómez. A primera vista parece un magnicidio sin pies ni cabeza. Fue reivindicado por un movimiento que se autodenomina 'Por la dignidad de Colombia', cuyo supuesto objetivo es presionar la renuncia del Presidente Ernesto Samper por medio del terrorismo. Sin embargo, Gómez no parece un blanco congruente para esta causa pues él mismo había sido uno de los primeros en pedir la renuncia del Presidente y podía ser identificado con todo menos con el gobierno de Ernesto Samper. Por lo tanto, la conclusión obvia es que el ataque no iba dirigido contra Gómez como persona, sino como símbolo de la clase dirigente colombiana. En desarrollo de esta lógica macabra, el único requisito para ser víctima era ser importante, y garantizar así que el asesinato produjera conmoción y pánico. En otras palabras se trataba de desestabilizar al país.
Desestabilizar significa debilitar la sociedad en la búsqueda de un objetivo. El problema es que en el caso actual nadie sabe bien cuál puede ser ese objetivo. La renuncia de Ernesto Samper no es más que una justificación formal, pero no puede ser el objetivo de fondo. Un magnicidio es un acto ejecutado por una organización criminal cuyos intereses tienen que ir mucho más allá del moralismo invocado en los llamadas anónimas recibidas en los medios de comunicación entre jueves y viernes, para reivindicar el crimen. No se sabe pues cuál es el verdadero objetivo de los asesinos. La estrategia de la desestabilización consiste primero en crear terror y luego en exigir. Y hasta ahora los colombianos están asistiendo apenas a la primera fase.
En el país, el único antecedente claro de desestabilización por medio de la generación de caos fue el de la guerra contra el Estado librada por Pablo Escobar entre 1984 y 1993. Su meta era una sola: la eliminación de la extradición. Esto requería crear un pánico colectivo cuyo saldo en sangre fuera tan grande que tarde o temprano llevara a la sociedad a cambiar su actitud frente a este instrumento jurídico. Si esto implicaba matar candidatos, hacer estallar un avión en el aire o activar un carro-bomba, no le importaba. Era necesario dejar la sensación de que Pablo Escobar era capaz de todo. Y lo logró.
Por ello resulta de una enorme gravedad que, después de desaparecido el Jefe del cartel de Medellín, alguien haya decidido imitar sus tácticas. De ahí que los esfuerzos de las autoridades se estén concentrando en tratar de identificar quién puede estar detrás de esta estrategia. Lo primero que están analizando es que hay algunos indicios en el sentido de que el grupo que realizó el atentado contra Antonio José Cancino, el abogado del Jefe del Estado, puede ser el mismo que asesinó a Alvaro Gómez.
En efecto, un mes antes del atentado a Cancino, la cadena radial RCN recibió en sus instalaciones centrales en Bogotá una misteriosa llamada telefónica. Una voz masculina que no se identificó por su nombre le dijo al subdirector de noticias de la cadena que un grupo clandestino se preparaba para iniciar una serie de atentados contra el presidente Samper, sus allegados y algunos parlamentarios. Ese mismo día, RCN envió la grabación de la llamada al director de la Policía, general Rosso José Serrano. El 26 de septiembre, pocas horas después del ataque contra Cancino, el mismo hombre se volvió a comunicar con RCN e hizo también llamadas a Caracol para reivindicar el atentado a nombre del movimiento 'Por la dignidad de Colombia'.
Una voz con tono similar, pero al parecer de una persona diferente según los primeros cotejos realizados por el DAS, volvió a comunicarse con RCN y con Caracol a las pocas horas del asesinato de Alvaro Gómez. En el mismo tono de amenazas e insultos en contra del primer mandatario y de altos funcionarios del gobierno, las llamadas reivindican el crimen y, tras hacer referencia a las denuncias sobre la financiación de la campaña electoral, piden la renuncia del Presidente. El mismo tono, las mismas amenazas y las mismas palabras de grueso calibre fueron transmitidas por intermedio de un empleado de una oficina del norte de Bogotá, quien aseguró el jueves en la noche haber sido secuestrado un par de horas por extraños para llevar un mensaje a RCN y, por su conducto, al gobierno.
Estas coincidencias demuestran que detrás de los golpes a Cancino y Gómez puede haber una organización de gran calibre. Llevar a cabo dos operaciones de esa magnitud en un poco más de un mes requiere planeación, financiación y, sobre todo, determinación. Esto no lo producen simples ciudadanos indignados con el proceso 8.000. Tiene que haber algo más. Extrema derecha, guerrilla y narcotráfico integran la lista de sospechosos que las autoridades se encuentran analizando.

LA EXTREMA DERECHA
Este es un concepto amplio que puede llegar a incluir elementos de las Fuerzas Militares, organismos de seguridad, grupos paramilitares, y hasta agencias internacionales como la CIA y la DEA. En Latinoamérica, en toda conspiración siempre se juega con esta hipótesis. Colombia no ha sido la excepción. Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán hasta las recientes declaraciones de Horacio Serpa, siempre ha habido sectores que creen ver la mano invisible de la ultraderecha detrás de los ataques. Este tipo de violencia se volvió realidad en el país en la década de los 80 con las organizaciones paramilitares de Gonzalo Rodríguez Gacha y Fidel Castaño. En algunas regiones hubo incluso alianzas narcoparamilitares. Estos movimientos surgieron por lo general con el propósito de eliminar a la guerrilla en determinadas regiones y en algunos casos lo lograron.
La desestabilización a nivel nacional, que parece ser lo que buscan los autores de la presente oleada criminal, parecería tener objetivos diferentes. La teoría tradicional de los que creen en el complot reaccionario es que estaría inspirado por sectores militares que desean un golpe de Estado o por lo menos más mano dura. Un atentado de esta naturaleza produce al fin y al cabo medidas como la declaración del estado de sitio o la declaración de la conmoción interna. Esto último fue lo que efectivamente sucedió la semana pasada. Sin embargo, en Colombia la conspiración de ultraderecha en su versión militarista siempre ha sido más novela que realidad. Las Fuerzas Armadas han probado, en la práctica, ser civilistas y prudentes. En cada cuatrienio se especula sobre un posible golpe de Estado que por lo general no tiene ningún fundamento. No deja de ser lamentable sin embargo que este episodio coincida con el caso del general Urbina, quien fue destituido de la dirección de inteligencia militar la semana pasada por filtrar el famoso casete con la supuesta voz de Heyne Mogollón. Este es un hecho de mayor gravedad de lo que se ha registrado hasta la fecha. Demuestra que hay generales de la República descontentos con lo que ha revelado el proceso 8.000 y desleales con el Presidente. Pero así como esto es muy grave, es de una dimensión muy diferente a la que ahora algunos insinúan. El Ejército de Colombia puede ser filtrador de casetes, pero no es magnicida. Como dijo a SEMANA una alta fuente del gabinete: "El episodio del general Urbina fue, en verdad, muy grave, pero de paso demuestra cierta ingenuidad y hasta torpeza de él y de su gente, mientras que lo de Cancino y Gómez demuestra un poder organizativo muy importante".

LA GUERRILLA
Más peso que el complot de la ultraderecha puede tener la hipótesis de la guerrilla. Dentro de los manuales de ésta siempre está la desestabilización como instrumento de lucha. No importa que pueda desembocar en un Golpe militar pues, según la teoría guerrillera, estos bandazos aceleran los procesos revolucionarios. Por otro lado, por la misma razón por la que Alvaro Gómez no parecería un blanco ideal para la extrema derecha, puede ser un blanco lógico para un atentado guerrillero dada su trayectoria de hombre de línea dura. Existen, sin embargo, suficientes elementos que permiten poner en duda la hipótesis guerrillera. En primer lugar, movimientos como las Farc y el ELN siempre reivindican sus atentados. El anonimato no es utilizado por la subversión, la cual siempre busca un impacto político-publicitario con sus acciones. Por otro lado la guerrilla en Colombia ha perdido gran parte de su inspiración ideológica y hoy por hoy es más que todo bandolerismo. Se requieren secuestros para financiar el movimiento pero, después de la caída del comunismo, la toma del poder a nivel nacional parece haber dejado de ser una opción real.
Podría decirse entonces que si la guerrilla asesinó a Alvaro Gómez Hurtado, no lo hizo tanto para tomarse el poder como para iniciar una negociación de paz. Desde el gobierno de Belisario Betancur se han hecho múltiples intentos para que los movimientos subversivos se desmovilicen. Algunos experimentos han resultado, como los del M-19 y el EPL. Con las Farc y el ELN nunca se ha podido llegar a un arreglo. Muchos actos de violencia de estos movimientos en los últimos años tienen como propósito crear una imagen de fortaleza antes de llegar a una mesa de negociación. Ese fue el proposito de casos como el Palacio de Justicia y el secuestro del propio Alvaro Gómez. Sin embargo, en estos dos incidentes la reivindicación ha sido parte integral de la estrategia. Esto no ha sucedido con el atentado de la semana pasada y no es fácil entender cómo se puede negociar algo sin hacerle saber a la contraparte esa intención.
A esto hay que agregar que la guerrilla colombiana no ha sido muy dada al magnicidio. Desde su nacimiento al principio de los 60, se ha concentrado más en sus luchas territoriales, en masacres, emboscadas y asaltos a pueblos que en asesinatos a dirigentes nacionales. Las excepciones que confirman esta regla han sido el homicidio del ex ministro de Gobierno Rafael Pardo Buelvas, quien fue muerto por un grupúsculo radical, el Movimiento de Autodefensa Obrera, que quiso cobrar en cabeza del ex ministro el paro nacional de 1977. Por lo general los atentados de la guerrilla han sido reivindicados como actos de venganza y dirigidos contra generales (Rincón Quiñones, Rafael Samudio y Jaime Guerrero Paz), y en dos casos contra ministros en ejercicio, Jaime Castro en 1986 y Rudolf Hommes en 1994. Para la guerrilla los generales son un objetivo militar más y los ministros un objetivo político relacionado con un hecho concreto: el M-19 culpaba a Jaime Castro de haberlo traicionado en las negociaciones de esa época, y el ELN a Rudolf Hommes de ser verdugo de los pobres por la apertura económica. En todo caso, en todos estos episodios, la reivindicación ha sido inmediata y categórica. El golpe contra un dirigente nacional como símbolo del establecimiento y sin reivindicación alguna, no tiene antecedentes.

EL NARCOTRAFICO
Esta última hipótesis parecía cobrar fuerza al cierre de esta edición. Lo primero que apuntaría hacia esa dirección es una serie de elementos de las llamadas telefónicas que han reivindicado la bomba en el parque San Antonio de Medellín, el atentado a Cancino y el asesinato de Gómez. Expresiones como "somos gentes decente del Valle", "nos acusan de delitos que no cometimos" y "nos han incumplido lo que acordamos" aparecieron en las llamadas tras el ataque contra el abogado del Presidente. En esas primeras llamadas también hubo insultos en contra del general Rosso José Serrano. En las llamadas del jueves pasado a las emisoras se repitieron los ataques contra él y contra su número dos, el general Luis Enrique Montenegro. Pero además de ello, hubo un par de expresiones que permitirían deducir la identidad de quienes están detrás de los ataques. "Que. nos manden a Serrano y Montenegro" y luego "que nos aumenten las penas y decreten la conmoción interior...". El desafío a los dos jefes de la Policía que se convirtieron este año en los verdugos de los capos y la referencia al aumento de penas tienen un inconfundible tufillo a narcotráfico.
Pero, ¿qué podría lograr el narcotráfico con esto? ¿Acaso no desencadena, por el contrario, un endurecimiento general en la respuesta represiva del Estado que, es de presumir, no le conviene a estas organizaciones criminales? Estas dudas son válidas, pero lo cierto es que históricamente a los narcotraficantes poco o nada les ha importado desencadenar la respuesta represiva del Estado. Cuando Rodrigo Lara fue asesinado, muchos analistas dijeron que no tenía sentido que tras el crimen hubiera estado el cartel de Medellín, pues lo que desencadenó el asesinato fue la primera gran persecución contra los capos. En ese entonces también se habló mucho de la DEA, de la extrema derecha que quería golpear el proceso de paz de Betancur y hasta de la guerrilla pescando en río revuelto. Pero el tiempo terminó por confirmar que sí había sido el cartel. Y es que más que tratar de evitar que el Estado se les venga encima -algo que ya les sucedió este año a los mayores capos del país-, lo que los narcotraficantes han buscado siempre con sus acciones terroristas es intimidar hasta el punto de doblegar a la sociedad que los está persiguiendo. Más que temerle a la reacción de las autoridades, ellos lo que quieren es que las autoridades y la sociedad entera les teman a ellos.
A algunos les puede sorprender que el narcotráfico esté detrás de estos trágicos sucesos, si quienes han hecho las llamadas telefónicas a las emisoras hablan contra la corrupción oficial. Pero la verdad es que en muchas ocasiones los capos de la droga han hecho acusaciones de este tipo. Basta recordar la celada que le tendieron a Rodrigo Lara, o todo lo que el cura Bernardo Hoyos aseguró que le habían dicho las gentes del cartel de Cali cuando los visitó el semestre pasado. "Los carteles siempre han utilizado el sistema de acusar de corruptas a las autoridades para justificar sus acciones, es una manera de voltear la torta y deponer al establecimiento en contra de sí mismo " dijo a SEMANA un ex ministro que combatió a los carteles. Otro elemento que tradicionalmente ha acompañado estas denuncias es el señalamiento por parte de los narcotraficantes de que el gobierno les incumplió una promesa o un acuerdo. Así fue cuando el cartel de Medellín trató de justificar las atrocidades de 1989 con el incumplimiento de supuestos compromisos adquiridos en las conversaciones entre el entonces secretario general de la Presidencia Germán Montoya y el ex ministro Joaquín Vallejo. Algo similar sucedió cuando Pablo Escobar huyó de La Catedral y desencadenó su última oleada terrorista: él siempre aseguró que el gobierno le había "puesto conejo". Y en la coyuntura presente, en las llamadas telefónicas antes mencionadas, también hay referencias a un supuesto incumplimiento.
Pero todo lo anterior no es más que hipótesis y análisis poco o nada definitivos. E incluso si al cierre de esta edición, las autoridades parecían estarle dando más peso a las hipótesis de narcotráfico y guerrilla que a la conspiración de derecha, lo cierto es que mientras no haya pistas claras sobre el origen del crimen, el magnicidio de Alvaro Gómez Hurtado seguirá siendo el más inescrutable de la historia reciente. Sin embargo, si no es totalmente claro quiénes son los que se benefician con la muerte de Gómez, lo que sí es claro es a quien quieren perjudicar: al Presidente de la República. Cada vez que se presenta una tragedia de estas dimensiones, la reacción inicial es de solidaridad con el primer mandatario como símbolo de las instituciones amenazadas. Ni siquiera quienes han planteado la renuncia del Presidente están dispuestos a aceptar que se dé como consecuencia de un chantaje terrorista. Este sentimiento de respaldo caracterizó el fin de semana y tanto las medidas de orden público como la intervención de Ernesto Samper anunciándolas no fueron criticadas. Sin embargo, superada esta etapa, que es emotiva y dura pocos días, cualquier gobierno queda invariablemente debilitado como consecuencia de un magnicidio. Y si en lugar de un caso aislado se trata de una estrategia desestabilizadora de más alcance, la situación se agrava. Esto es lo único que no necesitaba Ernesto Samper ante la díficil situación que está atravesando.