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Farid Mota González está detenido en el pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota de Bogotá. La semana pasada recibió una puñalada para que no contara lo que sabía sobre los montajes

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Un testigo clave

¿Qué sabía un ex guerrillero de La Picota sobre los montajes de los atentados para que lo intentaran matar luego que buscó hablar con esta revista? Nuevos indicios sobre un escándalo que estremeció al país.

23 de septiembre de 2006

Las piezas clave para establecer la verdad sobre los montajes de atentados terroristas en Bogotá están en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota. Se trata de un puñado de hombres que fueron testigos y protagonistas de uno de los episodios más escandalosos de los últimos tiempos.

Sus testimonios, hasta ahora desconocidos incluso para la propia Fiscalía, son contundentes y prometen ser fundamentales para aclarar lo que ocurrió. SEMANA habló con ellos. Sin embargo, desde que esta revista los buscó hace dos semanas comenzaron a ser amenazados, uno de ellos sufrió un atentado y se intentó impedir que hablaran con este semanario. Sus testimonios no sólo se refieren a los montajes con carro bomba de Bogotá sino que denuncian que parte de las recientes desmovilizaciones de grupos de guerrilleros, en las que ha estado involucrado el Ejército, también tienen serias irregularidades.

La confusión

Hasta ahora los protagonistas involucrados en este bochornoso episodio han quedado reducidos a 'Jessica', la guerrillera capturada, y dos oficiales del Ejército, quienes fueron señalados de participar en los montajes. Desde que estalló el escándalo, hace dos semanas, todo ha sido bastante confuso. Esta es la hora en la que muy pocos se atreven a decir si hubo realmente montajes o si se trató de verdaderas operaciones antiterroristas efectuadas por el Ejército. A resolver las dudas que existen en la opinión pública muy poco han contribuido los bandazos del propio gobierno.

En un primer momento, el jueves 7 de septiembre, el comandante del Ejército, general Mario Montoya, aceptó públicamente que miembros de su institución podían estar involucrados en los montajes. Un día después el fiscal general, Mario Iguarán, les bajó el tono a los señalamientos que indicaban que miembros del Ejército estarían involucrados en los falsos atentados y afirmó que no había pruebas en ese sentido. Y unas 48 horas más tarde, el presidente Álvaro Uribe recogió la versión del Fiscal y manifestó su preocupación con las filtraciones a la prensa. Cuando en los últimos días todo parecía indicar que el gobierno, los militares y la propia Fiscalía no tenían pruebas que relacionaran a los militares con los supuestos montajes, el martes de la semana pasada el vicefiscal general, Jorge Armando Otálora, volvió a cambiar la versión. Durante un debate en la comisión primera el funcionario reconoció que "sí hay evidencias en el caso de los militares involucrados en el caso de los presuntos atentados". El funcionario afirmó que la Fiscalía tenía "pruebas documentales, de video, testimoniales y de grabaciones". A esas pruebas se suman ahora los testigos y testimonios obtenidos por SEMANA que evidencian que posiblemente los montajes no sólo se han limitado al episodio de los atentados en Bogotá sino a ciertas desmovilizaciones de frentes guerrilleros.

Desde la prisión

Uno de los hombres con los que habló SEMANA se llama Farid Mota González. Tiene 36 años de edad. Durante seis fue parte de la guerrilla y militó en el frente 14 y en la Quinta compañía de la columna Teófilo Forero de las Farc. A comienzos de 2001 se acogió al programa de reinserción y empezó a colaborar con las autoridades. Se convirtió en informante del DAS y como parte de esas labores suministró información muy valiosa para esa entidad, la cual fue clave durante la investigación del ataque terrorista al club El Nogal. Hace dos años se fue para Granada, Cundinamarca. Allí "empecé a colaborarles a los paramilitares", según dijo a SEMANA. Cuando llevaba dos meses con los grupos de autodefensas fue capturado mientras guardaba en su vivienda varias pistolas. Fue condenado a 42 meses de prisión. Purgó en la cárcel de Silvania la mayor parte de su condena y sorprendentemente a comienzos de junio pasado fue trasladado al pabellón de alta seguridad de La Picota.

En menos de cuatro meses recobrará su libertad. Su próxima salida, su buen comportamiento en la cárcel, su firme decisión de contar todo lo que sabe a la Fiscalía, aun corriendo el riesgo de autoincriminarse, le dan mucha credibilidad a su versión. Aparte de esto, su testimonio coincide no sólo con el de otros detenidos en La Picota, entrevistados por SEMANA, que corroboran lo que contó Mota, sino que además algunas de sus afirmaciones concuerdan con aspectos fundamentales de la investigación que adelanta la Fiscalía. "Una cosa es que hayan hecho los montajes, pero ahora que se descubrió el escándalo están planeando poner una casa bomba que sí explote, para taparlos. Y uno no puede dejar que esas cosas pasen", dijo Mota a SEMANA para explicar una de las razones que lo llevaron a contar lo que vivió y vio en La Picota. La otra razón es que la semana pasada lo apuñalaron como una advertencia para que no hablara con SEMANA. ¿Pero qué sabe Mota?

"A finales de marzo yo colaboré entregándole a un batallón de Sumapaz una caleta con varios kilos de Indugel, granadas y otro material de intendencia. Resulta que parte de las barras de Indugel son las mismas que después aparecieron en el carro bomba de la avenida Boyacá con calle 53", contó Mota. El ex guerrillero acepta que no sólo se reunió con el mayor Javier Hermida y fue testigo de algunas de las conversaciones que el oficial sostuvo dentro de la cárcel con varios guerrilleros que están detenidos y hacen parte de la investigación por los montajes. Mota también tiene los nombres y sabe cuál fue el papel que jugó en los montajes cada uno de los cuatro guerrilleros que están en La Picota y que también hacen parte de la investigación oficial del caso. De igual forma conoció a los contactos que servían de enlace entre los guerrilleros dentro de la cárcel y los militares. "Jaime Orlando Ávila Sánchez, 'Condorito', era el que más se reunía con el mayor. Afuera de la cárcel la coordinación no sólo era con 'Jessica'; con ella trabajaron en los montajes dos más, el 'Piojo' y 'Cárcamo'. Ellos también se reunían con los militares, afirmó Mota. El día que estalló el carro bomba contra los militares cerca de la Escuela de Cadetes yo estaba con 'Condorito' cuando los militares lo llamaron a reclamarle por la explosión y a decirle que tenían que cambiar de teléfono porque por cuenta de eso se habían calentado", contó Mota

Su relato y algunos de los personajes que menciona coinciden con los datos que están en la investigación que adelantan los fiscales antiterrorismo. 'Condorito' efectivamente es uno de los hombres con quienes tienen relación los militares investigados.

Aunque Mota lleva apenas cuatro meses en el pabellón desde donde se planearon parte de los montajes, otros internos con los que habló SEMANA y quienes llevaban mucho más tiempo en el pabellón confirmaron lo dicho por Mota. Y también que éste se dio cuenta muy pronto de todo porque se ganó la confianza de 'Condorito' y los otros involucrados en los supuestos carros bomba de Bogotá. "La primera vez que yo hablé con el mayor Hermida fue hace más de un mes y medio. Esa vez yo les iba a colaborar entregándoles unos fusiles que necesitaban para cuadrar una desmovilización de un supuesto grupo guerrillero que están coordinando", contó Mota a SEMANA. El mayor al que se refiere es uno de los oficiales señalados de haber participado en los montajes de los carros bomba.

Según le contaron a SEMANA Mota y otros presos, lo que pasó con los montajes fue un negocio muy sencillo en el que todo el mundo ganó. "Si usted es un guerrillero con una condena alta, o incluso un delincuente común condenado a muchos años, 'Condorito' y los otros le ofrecen meterlo a las listas de desmovilizados de la guerrilla y con eso conseguir beneficios que le pueden representar la libertad, afirma otro de los prisioneros entrevistado por SEMANA. El que quiera entrar debe hacer un aporte que puede ser en efectivo, aunque la mayoría de las veces se pide que sea en 'especie".

La 'especie' a la que se refería básicamente consistía en que los que querían los beneficios contemplados en la ley debieron acudir a sus contactos fuera la cárcel para conseguir explosivos, estopines, cordón detonante y material de intendencia. Estos elementos fueron entregados a 'Jessica', la guerrillera detenida por el caso de los montajes, y otros dos cómplices externos que trabajan con ella, conocidos con los alias de 'Cárcamo' y el 'Piojo'. "Cuando la persona ya tiene el material que se necesita le dice a Condorito y él les informaba a sus contactos en el Ejército para que buscaran a 'Jessica' y realizaran las coordinaciones del caso", dijo a SEMANA uno de los guerrilleros detenidos en el pabellón de alta seguridad de La Picota que no quiso revelar su nombre por seguridad.

Ese tipo de transacciones no sólo se utilizaron para algunos de los montajes de los carros bomba. "Hace dos meses yo le conseguí a 'Condorito' 15 estopines. Pero ese material no iba a ser utilizado para los carros bomba sino que me dijo que lo necesitaba para hacerlo pasar como material de intendencia entregado por un grupo de 40 supuestos guerrilleros que él le está ayudando a conseguir al Ejército para desmovilizarlos", dijo Mota a SEMANA.

Los testimonios de Mota fueron ratificados a SEMANA por dos reclusos de La Picota, quienes pidieron mantener su nombre en reserva ya que fueron amenazados cuando iban a dar su testimonio a esta revista. Aunque es claro que estas declaraciones serán evaluadas por la Fiscalía resulta preocupante lo ocurrido en las últimas dos semanas para evitar que los testimonios se hicieran públicos.

El 11 de septiembre, SEMANA solicitó al Inpec una autorización para realizar una entrevista periodística con Mota. El trámite, que normalmente tarda un par de días, se dilató con diferentes argumentos. La información de que Mota hablaría con SEMANA y estaría dispuesto a ir a la Fiscalía fue filtrada al pabellón en donde está recluido Mota, quien no tardó en recibir amenazas y advertencias para que no hablara. Una de esas amenazas se cumplió el pasado lunes a las 6 de la mañana, cuando Mota fue apuñalado en una de sus piernas tras ser advertido nuevamente de "cerrar el pico". SEMANA obtuvo el permiso para entrevistar a Mota el pasado martes 19 de septiembre, una semana después de la solicitud. La entrevista (ver siguiente artículo) en la que Mota contó gran parte de lo que sabe, fue grabada por funcionarios del Inpec quienes, sin autorización de esta revista, la entregaron a oficiales de inteligencia militar pocas horas después.

Dejan un mal sabor los intentos de ciertos funcionarios del Inpec de impedir a cualquier costo que salgan a la luz estos testimonios. Pero es aún más preocupante el contenido de los testimonios en un caso que está lejos de resolverse y que exige total claridad de la justicia y de la opinión pública. Lo único cierto, hasta ahora, es que en La Picota se cocinó gran parte de este escándalo y por ahí debería empezar la Fiscalía.