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| 7/23/2001 12:00:00 AM

¿Un ‘Watergate’ chimbo?

Más de un año después un dictamen de la Procuraduría podría poner punto final al escándalo de las ‘chuzadas’ telefónicas por parte del DAS a varios personajes públicos.

¿Un ‘Watergate’ chimbo? ¿Un ‘Watergate’ chimbo?
Nadie se entero pero el pasado 18 de mayo uno de los escándalos más publicitados de los últimos dos años prácticamente llegó a su fin. Ese día el fiscal 16 delegado ante la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra la Administración Pública recibió, de manos de la procuradora judicial I penal, un documento de 20 páginas en el que la funcionaria del Ministerio Público, después de un detallado análisis, ordenó la “preclusión” de la investigación que durante más de un año adelantaron la Fiscalía y la Procuraduría contra varios de los funcionarios más importantes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por el presunto delito de violación ilícita de comunicaciones.

Se trataba nada más y nada menos que del primer pronunciamiento de un organismo investigativo sobre el polémico caso, que salió a la luz pública en marzo del año pasado cuando varios medios de comunicación divulgaron que investigadores de las oficinas de asuntos especiales de la Procuraduría y Anticorrupción de la Fiscalía habían descubierto que funcionarios del DAS habían interceptado ilegalmente las líneas telefónicas de importantes personalidades de la vida nacional. Según las informaciones, supuestamente el DAS había alquilado varias casas en distintos sectores de Bogotá desde donde ‘chuzaban’ los teléfonos de altos funcionarios como el entonces defensor del Pueblo José Fernando Castro Caycedo, dirigentes políticos como la senadora Piedad Córdoba y el candidato opositor Horacio Serpa y periodistas como el columnista D’Artagnan.

El escándalo alcanzó proporciones impresionantes y fue bautizado como el ‘Watergate criollo’ por algunos medios de comunicación. Muchos pusieron en tela de juicio la credibilidad del ente encargado de los servicios de seguridad del Estado, e incluso de la propia Presidencia de la República, ya que el DAS es considerado como el brazo de inteligencia de ésta.

La investigación tuvo su origen en los testimonios presentados ante la Procuraduría y la Fiscalía por dos ex detectives del DAS, Mónica Gil Martínez y Wilson Cruz, quienes denunciaron, entre otras cosas, que ese organismo grababa teléfonos ilegalmente. Basados en esa información, miembros de esos organismos allanaron los lugares desde donde se suponía que el DAS efectuaba las interceptaciones. Según las primeras informaciones en cada uno de ellos los detectives encontraron elementos que indicaban la posibilidad de que el DAS estuviera, efectivamente, realizando espionajes ilícitos. Por cuenta de esos primeros hallazgos la Fiscalía dictó cerca de una docena de medidas de aseguramiento a funcionarios del DAS, entre otros a los directores de Inteligencia y Contrainteligencia del organismo, coronel Luis Alberto Pérez y mayor (r) Eduardo Varón. Todo esto ocurrió entre marzo y mayo de 2000. A pesar de la importancia política y judicial de este caso desde entonces fue poco lo que se supo sobre el mismo hasta el pasado 18 de mayo, cuando la investigación dio un giro de 180 grados.

Basada en los propios análisis y peritazgos de los investigadores del CTI de la Fiscalía, la procuradora judicial I penal, Mimy del Pilar Guerrero, afirma en varios apartes de su informe que los investigadores no encontraron indicios reales que demostraran que en alguna de las casas señaladas como centrales clandestinas de inteligencia se realizaron interceptaciones ilegales. Según la funcionaria, los mismos técnicos judiciales de la Fiscalía afirman que los sofisticados equipos que supuestamente se utilizaron para las ‘chuzadas’ no eran más que computadores obsoletos, cableados y cajas de teléfonos inservibles, entre otros.

Concluye también el informe que ninguna de las líneas telefónicas de los presuntos interceptados tenía irregularidades producto de ‘chuzadas’. Por último los investigadores de la Fiscalía, que en un comienzo iniciaron la investigación por las denuncias de los ex detectives Gil y Cruz, terminaron desestimando los argumentos de éstos al encontrar imprecisiones y contradicciones en sus declaraciones. Apoyada en estas y otras consideraciones de los peritos judiciales la Procuradora pidió precluir el caso y poner punto final al tema. Tras el fallo de la Procuraduría por ahora sólo queda esperar el pronunciamiento oficial de la Fiscalía para enterrar definitivamente uno de los episodios más controvertidos de los últimos años.

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