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| 10/30/2004 12:00:00 AM

Una delicada concesión

Una polémica licitación en Cali para entregar a un privado el recaudo de sus impuestos destapa el debate sobre estos contratos en el país.

Una delicada concesión Esta semana el alcalde de Cali Apolinar Salcedo, decidirá sobre las acusaciones de un supuesto favorecimiento a una empresa en los pliegos de una licitación.
Hace unos días en Cali el concejal Cristian Garcés recibió una insólita visita. "Vengo a pedirle un favor, le dijo un hombre que lo esperaba ansioso en su oficina; necesito que me ayude para que me reciban 150 millones de pesos que debo en impuestos, pues llevo tres meses intentando pagarlos y nadie me los quiere recibir". Esta inusual petición refleja los graves problemas de la Secretaría de Hacienda de esta ciudad.

Para atender a más de 700.000 contribuyentes que pagan predial, valorización e industria y comercio, sólo existen cinco líneas telefónicas. Las denuncias de personas que tienen certificados de paz y salvo por pagos que no aparecen registrados en la entidad son pan de cada día. Cali tiene una cartera vencida de 345.000 millones de pesos, y 136.000 millones de ellos ya no los podrá cobrar después de este año.

Por eso la administración del alcalde Apolinar Salcedo decidió buscar ayuda en el sector privado y abrió una licitación para entregar en concesión, por los próximos 15 años, el recaudo de los impuestos y la modernización de la hacienda pública de esta ciudad. Contratos similares se han hecho en Barranquilla y Santa Marta, donde hay consenso en que el recaudo ha mejorado. Sin embargo, la adjudicación de algunos de estos negocios ha sido criticada por falta de transparencia y por que los privados cobran demasiado caro por su trabajo. También se ha señalado que con este tipo de contratos los municipios pierden control sobre la información de los contribuyentes, una tarea pública esencial, y por eso incluso se ha puesto en duda su legalidad. En un fallo del mes pasado del Consejo de Estado se aceptó una demanda contra el municipio de Dosquebradas en Risaralda, pues según este Tribunal se delegó a un particular la fiscalización y determinación de los tributos, algo que no está previsto en la ley.

Barranquilla fue la primera ciudad que comenzó a buscar alternativas para mejorar el recaudo de sus impuestos. En 2000, bajo la administración de Bernardo Hoyos se adjudicó un contrato de consultoría y modernización por 20 años a Inversiones Los Ángeles Ltda., la única proponente que hubo en esa convocatoria. Esta firma, de propiedad de David Char y Albertina Guerra de la Espriella, tenía como objeto social los negocios agropecuarios, pero se adecuó para poder realizar gestiones tributarias.

Era un negocio a la fija pues se le garantizaban al contratista ingresos mínimos por cerca de 4.000 millones de pesos al año más un porcentaje extra si lograba incrementos en los recaudos de un año a otro. Este porcentaje en algunos casos llegaba hasta el 15 por ciento de lo que se cobrara.

Pero el objeto del contrato fue demandado y el Tribunal Administrativo del Atlántico consideró que algunas de las actividades contratadas eran indelegables. El alcalde Humberto Caiaffa prometió anular el contrato por considerarlo lesivo para la ciudad. Sin embargo no lo hizo y en cambio autorizó a esta firma para que discrecionalmente lo cediera. El beneficiario fue la Unión Temporal Métodos y Sistemas, compuesta por las firmas Grafinet S.A. y Audiecom. Luego se terminó la unión temporal y se conformó Métodos y Sistemas S.A., que actualmente tiene el contrato.

La gestión de esta nueva empresa no ha estado libre de polémicas. Para empezar, uno de sus socios había sido involucrado en un escándalo en 1996, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, pero la justicia no encontró méritos para procesarlo. Fue asesinado este año y aún se desconocen los móviles.

El año pasado el contralor general, Antonio Hernández, cuestionó también en un foro en Barranquilla el contrato de una modernización a 20 años. En esa ciudad también se criticó el alto costo que cobra el concesionario por sus servicios, que suman alrededor de 8.000 millones de pesos anuales. Es una suma desproporcionada si se compara por ejemplo con un contrato de soporte administrativo que compró recientemente el Sindicato Antioqueño para manejar en 36 de sus empresas todas las operaciones de contabilidad, logística, importaciones, inventario, entre otros, por un costo de 7.000 millones de pesos, cuyo mantenimiento anual no supera los 100 millones de pesos.

También contrasta con el caso de la Cámara de Comercio de Barranquilla, que ha invertido 3.500 millones de pesos en los últimos cinco años para modernizar su sistema de registro mercantil y demás operaciones.

El contrato de Santa Marta con otra firma también ha sido cuestionado. En la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, que supervisa los procesos de reestructuración de deudas de los municipios del país, señalan que en esta ciudad la Alcaldía no tuvo respuesta del concesionario cuando se le preguntó quiénes eran los contribuyentes. Esto sucede también en otros municipios. "Si los alcaldes no conocen quiénes pagan y quiénes no, ¿cómo pueden iniciar los cobros a los morosos?", se pregunta Ana Lucía Villa, directora de esta dependencia. Además, como informó la revista Dinero, en casos como el de Barranquilla existen inconsistencias entre los dineros que el concesionario asegura haber entregado y los que dice el Ministerio de Hacienda que se recibieron.

Osman Torrenegra, representante de Métodos y Sistemas S.A., aclaró que ellos no manejan los dineros sino que todo se hace a través de una fiducia. Además explica que ellos recibieron toda la base de datos de Barranquilla en cajas de cartón y que aun así, para el próximo año no sólo la tendrán sistematizada sino montada en Internet. Enfatiza en que esa información es de la ciudad y que en su caso no hay restricciones ni demoras en las consultas que se necesiten.

¿Se repite la historia?

No han faltado tampoco los problemas en este proceso que recién comienza en Cali. El cierre de la licitación que estaba previsto para la semana pasada se aplazó por 15 días.

Varios concejales aseguran que en el objeto del contrato se está incluyendo la fiscalización tributaria, justamente el punto sobre el que ya falló el Consejo de Estado. Por otro lado, cuatro de los cinco participantes en la licitación pidieron prórroga para entregar sus propuestas: Gestiones Tallion de Venezuela, Narváez y asociados, Fesa S.A. y Sistemas y computadores. La firma que no puso ninguna objeción fue Links S.A., que anunció que iría en consorcio con la firma barranquillera Grafinet S.A. Algunas de las firmas que pidieron extender los plazos de la licitación argumentaron que había "protuberantes inconsistencias" en los términos de referencia.

En una carta que enviaron a la Alcaldía advierten que el pliego licitatorio contiene exigencias que afectan la transparencia del proceso. Por ejemplo señalan que se pide que quien se presente debe tener incluido en su objeto social las actividades de "liquidación, facturación, cobro, fiscalización y administración de tributos", algo que sólo aparece incluido, casi al pie de la letra, en el registro de Cámara y Comercio de la firma Grafinet S.A.

Usualmente en este tipo de convocatorias se busca que el objeto social de los participantes incluya actividades afines al tema a contratar y no es común encontrar una condición tan específica.

Eduardo Estrada, representante de Grafinet S.A., dice que su empresa tiene un objeto social amplio , y el específico lo incluyeron desde la constitución de la empresa porque a eso es a lo que se dedican. Asegura que es elemental que una empresa participante en este tipo de licitaciones tenga este clase de objeto y que es lo mínimo que se puede esperar de quien convoca.

Otro de los reclamos de los otros participantes es por qué se exige acreditar una experiencia mínima de tres años en "contratos referidos a la gestión tributaria pública municipal, celebrados con municipios o distritos de Colombia", cuando este es un proceso relativamente nuevo para los municipios (Barranquilla comenzó en 2000), y son contadas las firmas que podrían cumplir con este requisito.

Estrada replica que es natural que en un negocio de esta trascendencia y magnitud "surjan este tipo de apreciaciones puramente subjetivas y carentes de todo piso". La secretaria de Hacienda de Cali, María del Rosario Peña, dijo que los pliegos se diseñaron entre varias secretarías y que es pura causalidad que los puntos que han creado controversia coincidan con las características de un proponente.

Esta semana es clave pues se sabrá la respuesta de la Secretaría de Hacienda a las inquietudes de los proponentes. Ya ante el Concejo Municipal esta entidad ha aceptado hacer algunos cambios a los términos de referencia del proyecto.

Es necesario que no queden dudas sobre la transparencia con que se adjudique un negocio tan sensible y central a la gobernabilidad de las ciudades. Es clara la necesidad que tiene Cali de resolver la gestión para el cobro de sus impuestos. Pero también lo es que ha habido las fallas en el diseño de la concesión y que aún están a tiempo de corregirse.

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