¿La fórmula de la paz política?

El jueves el Presidente Iván Duque sancionó la ley estatutaria de la JEP. Durante el segundo semestre de su gobierno, dedicó su acción política en materia legislativa a sacar adelante sus seis objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según él y el uribismo, ellas permitirían lograr consensos y mejoras en torno a la justicia transicional.

Pero el Congreso no aprobó las mejoras que consideraba Duque, ni tampoco hubo consenso. Por el contrario, varias fuerzas políticas, la Corte Constitucional y un sector importante de la comunidad internacional asumieron una fuerte defensa de la integridad del acuerdo. Durante los 90 días que duró el trámite de las objeciones, la agenda legislativa del Gobierno quedó desdibujada. Y el país político se volvió a dividir entre los defensores del Sí y del No al acuerdo de paz.

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Una vez la Corte Constitucional avaló la votación del Senado en la que hundieron las objeciones, y cuando todo el mundo creía que el presidente iba a pasar la página, este siguió respaldando sus convicciones. Y dijo: “Acato el veredicto de la Corte Constitucional, pero seguiré siempre defendiendo lo que creo debe ser el camino para que este país tenga una paz con legalidad y con justicia”. A la semana, justo en el momento de objetar, sugirió que el Gobierno sigue pensando en la manera de volver a sacar adelante los cambios a la justicia especial para la paz. Lo mismo había dicho horas antes la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ante un grupo de periodistas: “Seguiremos intentándolo”.

Si el trámite de las objeciones trajo un gran desgaste para el Gobierno, es poco probable que sea viable un acto legislativo para reformar la justicia transicional o para derogarla, como plantean algunos en el Centro Democrático. Las fuerzas de la oposición ya demostraron tener peso propio en el Congreso, y otras consideradas independientes, como el Partido Liberal y Cambio Radical, han rechazado modificar el acuerdo. La U, en teoría gobiernista, tampoco ha estado de lleno a favor de las modificaciones a la JEP.

A lo anterior se suma el hecho de que, con la proximidad de la campaña política para elegir alcaldes y gobernadores, no a muchos les interesa la cercanía al Gobierno, dados los niveles de pesimismo del país y la baja popularidad. Varios congresistas del Partido Liberal y de La U le aseguraron a SEMANA que ni siquiera si les nombrara ministros de sus colectividades aceptarían respaldar a Duque. Argumentan que a pocos meses de las elecciones, y dados los altísimos niveles de pesimismo y la baja popularidad presidencial, es mejor tomar distancia.

¿Cómo podría el Gobierno, entonces, salir del embrollo en que se metió cuando se le hundieron las objeciones? ¿Cómo podría garantizar algún margen de apoyo de sus bases sin volver a trancar la agenda legislativa ni paralizar la actividad política en torno a un solo tema? En los últimos días, ha sonado una idea del senador Luis Fernando Velasco de tramitar una ley interpretativa que permita ponerle punto final al revisionismo del acuerdo, por un lado, y le apueste a superar las diferencias en torno a la JEP, por el otro. ¿En qué consiste?

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Según la Constitución de 1991, el Congreso tiene las funciones de interpretar, reformar y derogar las leyes. En ese sentido, se asume que los legisladores pueden impulsar normas para fijar con claridad el sentido de otras expedidas con anticipación.

La posibilidad de expedir una ley interpretativa sobre la JEP permitiría superar temores de algunos sectores que consideran que figuras como la extradición están en peligro con las normas actuales que sostienen la justicia transicional. “Tanto el Gobierno como el señor exfiscal general tienen el temor de que el instrumento de cooperación judicial pueda estar en riesgo a la hora de aplicar lo que sobre él dice la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz”, asegura Velasco.

La estatutaria objetada por el presidente, pero recién sancionada por él, establece que la extradición no se aplicará “a las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al derecho internacional humanitario o graves violaciones de los derechos humanos”. Asímismo, en la sentencia con que la Corte Constitucional avaló inicialmente la estatutaria, la extradición tampoco se aplica a “otras personas” que estén aportando verdad y reparación en temas relacionados con el conflicto. Es decir, terceros, particulares o agentes del Estado, y miembros de la fuerza pública que estén ofreciendo verdad plena ante la justicia transicional.

En principio, la norma parece clara. Sin embargo, para el exfiscal Néstor Humberto Martínez y el Gobierno de los Estados Unidos habría una especie de mico que favorecería a los narcotraficantes. Esta polémica permite que la ley interpretativa pueda convertirse en el acuerdo político anhelado por el mandatario para pasar la página.

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La posibilidad de que esa interpretativa se traduzca en un pacto en torno al acuerdo tendría el respaldo de los liberales, de Cambio Radical, de los conservadores y de La U. Pero también de sectores que han defendido a capa y espada el acuerdo, y que estarían conformes con ponerle punto final a la discusión. Eso sí, siempre y cuando esta no abra un boquete de ahora en adelante para que el Congreso haga interpretaciones de todos los asuntos relacionados con el acuerdo.

Varias fuentes le aseguraron a SEMANA que incluso la verían bien los diplomáticos de Estados Unidos que apoyaron previamente las preocupaciones de Néstor Humberto Martínez ante la JEP.

Como en todos los procesos políticos, la dificultad de los pactos radica en poner de acuerdo a los extremos. Sectores de la Farc y del Polo Democrático consideran que la ley no es necesaria, y temen que al discutirla introduzcan modificaciones a la JEP. Y del lado del uribismo, muchos insisten en que hay que derogar la justicia transicional, como propuso su jefe por Twitter.

De esta forma, el Gobierno debería encargarse de generar confianza y propiciar un diálogo que lo fortalezca ante el Congreso y que le permita pasar la página de la paz. Así, el presidente podrá dedicarse de lleno a su agenda de gobierno, con sus banderas de equidad social, economía naranja y modernización del país. Estandartes que no han podido levantar vuelo porque la agenda sigue copada por la paz.