UNA VELA A DIOS Y OTRA AL DIABLO

EL MIERCOLES DE LA SEMAna pasada el noticiero CM& mostró unas escenas de horror: el cuerpo del pequeño Alexander Arias, un humilde campesino de San Vicente de Chucurí (Santander), mutilado por una mina quiebrapatas. Sus piernas volaron al pisar uno de los tantos campos minados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo que ha sembrado el terror en esta conflictiva zona del país. Los colombianos no se habían recuperado del impacto de las imágenes del noticiero cuando, al día siguiente, el fiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff, acusó a monseñor Leonardo Gómez Serna, obispo de San Gil y Socorro (Santander), de ser "estafeta de la guerrilla".
Nadie podía entender cómo la Iglesia mantenía acercamientos con los grupos subversivos justo en momentos en que la guerrilla había incrementado su ola de violencia con los asesinatos contra ganaderos y agricultores, los asaltos a poblaciones, y los secuestros a políticos y candidatos en campaña.
Las acusaciones de De Greiff no pararon ahí. Al nombre de Leonardo Gómez Serna le sumó los de Darío Castrillón Hoyos, obispo de Bucaramanga, Luis Madrid Merlano, de Tibú, y Oscar Angel Bernal, de Girardota, de quienes dijo que también serían investigados por la Fiscalía por presunta colaboración con los grupos guerrilleros. Ante las acusaciones del Fiscal, la ira santa se apoderó de los prelados. En una enérgica carta, monseñor Pedro Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, salió en defensa de los obispos y señaló que los diálogos con los grupos subversivos hacen parte de una misión pastoral. "El Fiscal no es la persona que debe decirnos lo que tenemos que hacer, sino que es a Jesucristo a quien corresponde esa misión".
En esta polémica entró a terciar el ministro de Gobierno, Fabio Villegas, quien resaltó la labor pacificadora de la Iglesia, pero aclaró que ésta sólo debe hacerse cuando la guerrilla demuestre una verdadera voluntad de paz: "Decir que se mantienen diálogos permanentes con las organizaciones guerrilleras, afirmar que en algunos casos las organizaciones guerrilleras no han cometido los delitos que la justicia está investigando, no tiene realmente ningún propósito pastoral y sí puede interferir en la actividad política y en la actividad de la justicia en este país".

LAS ACUSACIONES
El lío con los obispos comenzó en agosto del año pasado cuando el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla (VIVA), una organización de derecha, denunció ante la Fiscalía a monseñor Leonardo Gómez Serna, obispo de la diócesis de Socorro y San Gil, por haber "cruzado el lindero de lo pastoral a lo político". El presidente de VIVA, Fernando Antonio Vargas, suministró a la Fiscalía una serie de documentos, grabaciones y videos sobre las actividades desarrolladas por el prelado en la zona.
En la denuncia, Vargas señaló que monseñor Gómez Serna reiteró en varias oportunidades que mantendría los diálogos con la guerrilla, y que ni siquiera el Presidente de la República podría impedirle esos contactos con los grupos alzados en armas.
Además, Vargas entregó a la Fiscalía un documento con el membrete de la diócesis de Socorro y San Gil, fechado en abril 22 de 1993, en el cual el obispo Leonardo Gómez hizo un llamado a los 106 sacerdotes de su diócesis para "proseguir nuestros diálogos pastorales con las distintas fuerzas en conflicto". En su misiva, agregó: "Algunos sacerdotes me han pedido que les comparta más la experiencia de los diálogos que hemos tenido. Con mucho gusto les anexo dos fotocopias: la primera, una síntesis del último diálogo pastoral con el grupo XXIII de las FARC, y la segunda, la página editorial de 'Vanguardia Liberal' del 13 de abril con dos posiciones contrarias: la del editorialista y la del suscrito". Al final remató su mensaje diciendo: "Algunos sacerdotes comentan que a nivel del clero hace falta una mayor concientización para un compromiso más serio y eficaz. ¿Usted qué piensa?".
Respecto al encuentro de la Comisión de Justicia y Paz con el frente XXIII de las FARC, éste efectivamente se llevó a cabo el 30 de marzo de 1993 en un lugar de la cordillera del municipio de Vélez. En dicho encuentro estuvieron presentes el obispo, cinco sacerdotes, dirigentes de organizaciones sociales y delegados del Comité de Derechos Humanos. Según las declaraciones de Gómez Serna, el propósito de la reunión era "buscar estrategias para derrotar la guerra".
El lindero de lo pastoral se cruzó cuando en dicho encuentro monseñor Leonardo Gómez señaló, según los documentos entregados por VIVA a la Fiscalía, que "el fracaso de los diálogos entre el Gobierno y la guerrilla se estableció por la ausencia de pueblo".
Pero el encuentro de la Comisión de Justicia y Paz no se quedó en elucubraciones filosóficas. La diócesis de San Gil y Socorro adquirió una serie de compromisos, consignados en seis puntos, entre ellos continuar promoviendo los Comités de Derechos Humanos y evaluar el carácter de imparcialidad que deben tener frente a los diferentes atropellos de las fuerzas en conflicto. A su vez, el frente XXIII de las FARC también suscribió cuatro compromisos, como los de promover un nuevo encuentro en el cual participen miembros de otros frentes y presentar en los foros municipales las propuestas de la guerrilla en materia de desarrollo local y regional.
Frente a estas acusaciones, monseñor Gómez Serna dijo que De Greiff mintió y lo calumnió al tratarlo de estafeta de la guerrilla: " Yo sigo muy tranquilo cumpliendo mi función pastoral. El que nada debe, nada teme. Y continuaré atendiendo a la gente, dialogando con todos, llevándoles el mensaje del Evangelio".
Otro de los clérigos investigados es monseñor Darío Castrillón, arzobispo de Bucaramanga, acusado de calumnia e injuria por las Fuerzas Militares. Castrillón aseguró en varias oportunidades que las fuerzas de orden público aplicaban la pena de muerte a sus detenidos. El polémico obispo ha manifestado en reiteradas ocasiones que no entiende "por qué hay gente que se enfurece cuando nosotros hablamos de diálogos". Castrillón ha sido un incondicional de los contactos con la guerrilla a tal punto que comprometió en agosto pasado a los demás jerarcas de la Iglesia para iniciar diálogos con la subversión. El otro prelado a quien investiga la Fiscalía es Luis Madrid Merlano, obispo de Tibú, acusado de auxiliar a la subversión y de ser partidario de diálogos con los alzados en armas. Ha sido amenazado en varias ocasiones y los pobladores de Tibú aseguran que han aparecido cadávares de supuestos guerrilleros en la puerta de su parroquia.
La Iglesia ha estado en el ojo del huracán desde cuando el Gobierno rompió los diálogos con los grupos subversivos. En los diferentes cónclaves los jerarcas ha dicho que su labor pastoral no puede dejar de lado a los delincuentes. Si bien este enfrentamiento con la Fiscalía ha puesto el dedo sobre la llaga sobre el alcance de las acciones de buena voluntad de los prelados, en el que no se puede determinar dónde termina la acción pastoral y dónde comienza el proselitismo político, es justo reconocer que la Iglesia ha puesto sus muertos en el conflicto: 50 sacerdotes han sido asesinados por los grupos guerrilleros y paramilitares en los últimos 10 años. Su único pecado fue defender los intereses de los pobres, y no permitir que la guerrilla se tomara los pueblos, arrasara carreteras y puentes, y atacara los campos con las tristemente célebres minas quiebrapatas.-