Unas son de cal y otras de Leyva

Alvaro Leyva equivocó los medios de su defensa acusando al vicefiscal, Jaime Córdoba.

Por: Lorenzo Madrigal

El derecho de asilo es una institución jurídica interamericana y como tal debe ser respetada. No hay que asimilarla a una fuga de presos, ni a escapatoria alguna con respecto a debidos procesos, aunque es cierto que las persecuciones políticas, que dan lugar al asilo, se revisten con frecuencia de acusaciones judiciales. Esto ha sido así desde el asunto Haya de la Torre, refugiado en la embajada colombiana en el Perú durante cinco años, en tiempos de mi general Odría. Haya era un perseguido político, si bien le habían instruido un proceso judicial.

En el caso de Alvaro Leyva, éste se puso a salvo de las furias persecutorias de un fiscal de la Nación (prosecutor), asilándose en la República de Costa Rica. Curioso, no es aquí el gobierno el perseguidor y vano es preguntárselo. Fue su asilo en ese amable país una feliz ocurrencia, cuando la Fiscalía en Colombia había pasado a manos de persona propuesta en terna por el presidente Samper, como quien coloca una pica en Flandes, pues el mandatario tuvo la facultad, como la tiene ahora su sucesor, de proponer el fiscal que habría de actuar en el gobierno siguiente. Nadie puede desconocer los intereses políticos que forzosamente se mezclaban en ese nombramiento.

El Fiscal del presidente Samper —en cuyas manos estuvo proponerlo ante la Corte— hubo de ser, quién lo duda, de su más segura confianza y cercanía. El elegido fue un prestante abogado, que lo había sido de alguno de sus ministros y de su staff consultivo. Más tarde los hechos políticos y aun sociales y hasta los viajes del nuevo funcionario a España, donde se hallaba el ex presidente en reposo, confirmaron la propincuidad.

En ese contexto, un político de la más alta influencia en el nuevo gobierno, como lo había sido en su elección, opuesto acérrimo del gobernante anterior, mal podría esperar de quien éste nominó un proceso justo (el prosecutor convertido en iudex). El problema está fundado también en la misma creación constitucional de la Fiscalía, dentro de un sistema que entremezcla funciones de acusador y de juez.

Es, pues, de caracteres notorios que un amigo personal y político de Samper se hallara impedido para entablar o proseguir causa en contra de un amigo personal y político de Pastrana, con el ítem de tratarse de acusación por enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico. La misma de Samper, de sus ministros, de sus colaboradores políticos.

Es además particularmente cínico que en el caso Leyva no se excusaran cheques por 50 millones de pesos, recibidos de quien no se conocía como narcotraficante, mientras que en el del presidente Samper se absolvieran giros que por cinco o seis millones de dólares, provenientes de la cúpula misma del cartel, enriquecieron su campaña a la Presidencia. Leyva es hoy llamado “prófugo” por el diario El Tiempo, uno de los fortines del actual Fiscal General y allí mismo se acusa a RCN y a la Gurisatti, que lo entrevistó, de “arrimar micrófonos a delincuentes”. De espanto. Al ex presidente liberal, por fortuna, nunca se le sometió a tan denigrante trato.

Sobre este tema se ha martillado bastante y no se trata de revivir historias para oponerse a la reconciliación de los colombianos, como sostienen quienes pretenden sepultar al elefante de dineros ilícitos que asoló la administración anterior (son, por lo general, ex funcionarios de ese gobierno). Pero la actualidad del tema revive porque se sigue persiguiendo con fiereza al político Leyva Durán por parte de una Fiscalía comprometida con el régimen anterior, o simplemente, como decía Alvaro Gómez, con el Régimen.

En este escenario, el asilo era apropiado. Teniendo en cuenta, eso sí, que quien en definitiva califica la situación del asilado y su condición de perseguido político es el propio gobierno a cuyo amparo se acoge. En ningún momento los funcionarios gubernamentales —en este caso curioso, los judiciales—, de cuyas manos de acero ha conseguido escapar.

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Todo lo anterior no quita que Alvaro Leyva haya equivocado los medios de su defensa, acusando al vicefiscal, doctor Jaime Córdoba y a un respetado periodista vinculado a la Fiscalía General, con la presentación de cheques extrañamente girados a los nombres de éstos, sin que ellos pudieran reconocer en los endosos ni sus propias firmas ni el número de sus cédulas. Hay de por medio alguien que hace declaraciones, las rectifica y vuelve a hacerlas y posiblemente aporta documentos dudosos.

No necesita Lorenzo conocer personalmente al doctor Jaime Córdoba para leer en su moderación personal, en su timbre de voz, en sus elaboraciones jurídicas y en las claras raíces de su linaje a la persona menos indicada para que la defensa de Leyva se ensañara.

Y ni para qué hablar del anuncio que hizo el asilado en Costa Rica, de quien son conocidos sus contactos con la guerrilla de las Farc, de enviarles los documentos de estos alegatos al comandante don Manuel, desplazando ya la autoridad judicial a San Vicente y a Los Pozos. Eso nos faltaba.

Edición: 968

Sección: COLU