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| Foto: Archivo SEMANA

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Unidad de búsqueda de desaparecidos aún no opera: ¿de quién es la culpa?

El 15 de julio se venció el plazo para que la entidad entrara en funcionamiento. La directora de la Unidad afirma que el Ministerio de Hacienda no ha aprobado los decretos con su estructura y su planta de personal. El Ministerio dice que el retraso fue de la Unidad.

27 de julio de 2018

Año y medio después de creada, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) aún no opera plenamente y la directora de la entidad y el Ministerio de Hacienda se culpan mutuamente por el retraso.

Actualmente, la entidad, prevista por el acuerdo de paz para coordinar la búsqueda de más de los más de 80 mil desaparecidos que se calcula existen en el país, solo cuenta con 14 personas, contratadas provisionalmente, de las 522 que deberían hacer parte de su planta.

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El 15 de julio se venció el plazo para que la entidad comenzara a operar plenamente, sin que hasta el momento se hayan expedido los decretos que definen su estructura administrativa y su planta de personal, los cuales están actualmente en estudio en el Ministerio de Hacienda.

Esta semana, la directora de la entidad, Luz Marina Monzón, lanzó la alerta.

Señaló que en las condiciones actuales, “la Unidad no tiene la capacidad mínima para cumplir su misión” y advirtió que si la estructura de la entidad no es definida antes de que termine el actual gobierno, su entrada en funcionamiento puede tardar incluso hasta un año, mientras se vuelve a llevar a cabo el proceso con el gobierno entrante.

En una carta, firmada por Paula Acosta, viceministra de Hacienda, la entidad le respondió que la demora no es responsabilidad del Ministerio, sino de la propia Unidad.

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“De conformidad  con la información suministrada por Función Pública, el 4 de junio la UBPD radicó los proyectos de decreto de la estructura interna, del sistema de nomenclatura, clasificación y numeración de empleos públicos y el proyecto de modificación de planta de personal. Es decir, la Unidad se tomó 4 de los 5 meses estipulados para radicar la primera versión de los decretos”, afirma.

Y agrega la viceministra que, con los ajustes que hizo la Unidad, la última versión de los decretos la recibió cuando ya solo quedaban dos días para que se venciera el plazo.

“Este Ministerio recibió la versión definitiva el 13 de julio, solo dos días antes de vencerse el plazo establecido. Con un plazo de cinco meses para expedir los decretos, claramente las demoras no son atribuibles a la revisión del Ministerio de Hacienda que ha tomado 8 días hábiles”, dice.

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Pero más allá de las razones del retraso, organizaciones relacionadas con la búsqueda de los desaparecidos han advertido que se está incurriendo en un incumplimiento del acuerdo de paz y sobre todo las familias están perdiendo una nueva esperanza de encontrar a los desaparecidos.

De todas las instituciones creadas en el acuerdo de paz como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que incluyen también la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz, la Unidad es la que está más atrasada en su entrada en operación.

“Dicha situación es preocupante principalmente porque constituye un incumplimiento de los compromisos y obligaciones del Estado con las víctimas de la desaparición en Colombia, en especial frente al deber de realizar acciones concretas que estén orientadas a encontrar a todas las personas desaparecidas y conocer la verdad de lo sucedido, y profundiza la desconfianza de la sociedad hacia la genuina voluntad del Estado en atender a las víctimas de crímenes contra la humanidad”, manifiesta una declaración firmada por 125 organizaciones defensoras de derechos humanos, que incluyen la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo José Alvear Restrepo y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros.