Universidad en apuros

No son buenos tiempos para la Fundación Universitaria San Martín. Esta institución, constituida hace 29 años por el monteriano Mariano Alvear Sofán, quien empezó con un centro de validación de bachillerato y que hoy cuenta con 25.898 estudiantes, está en la mira del Ministerio de Educación, la Secretaría de Hacienda Distrital y la Fiscalía por cuenta de un rosario de problemas que ahora pisan el terreno de lo penal.

El caso más complicado es el de sus finanzas. Varios proveedores han entablado acciones legales contra la universidad para tratar de recuperar plata perdida por incumplimientos contractuales. Uno de estos casos es el de Herla Ltda., una firma familiar que pactó con la universidad venderle una casona donde funciona la sede de la institución en Cúcuta desde hace dos años. La promesa de compraventa se firmó por 1.350 millones de pesos.

Ante el incumplimiento de la universidad, la firma llevó el asunto a los estrados judiciales. El Juzgado 29 Civil de Bogotá lo conoció y ordenó embargar las cuentas, CDT y demás activos que tuviera la Fundación Universitaria San Martín (FUSM) en las entidades bancarias de todo el país. La sorpresa fue cuando los bancos empezaron a oficiar respuestas en las que notifican que las cuentas de ese titular están sin saldo y presentan embargos acumulados.

De 13 entidades bancarias que han remitido respuesta al juzgado, dos dicen no tener vínculos con la Fundación Universitaria San Martín y las 11 restantes reportan cuentas con la institución, pero informan que la orden judicial no se puede hacer efectiva porque estas no tienen fondos, y explican que en caso de que entre plata se deben ejecutar embargos previos (ver documentos). Solo el Banco Popular notifica una acción efectiva de "pre-embargo" en contra de la universidad.

La pregunta que surge es ¿cómo opera este centro educativo si sus cuentas en los bancos están vacías o congeladas? La respuesta es muy inquietante y ha motivado denuncias ante la Fiscalía General. Según pudo establecer SEMANA, a los estudiantes activos y a quienes solicitan admisión se les pide que hagan sus consignaciones en una cuenta corriente del Banco Colpatria, la cual pertenece al "Fondo para el Fomento de la Educación".

Helí Abel Torrado, abogado de la firma Herla, denunció ante la Fiscalía y la Superfinanciera a la Universidad San Martín. El defensor considera que se trata de una cuenta paralela registrada con un número de identificación tributario distinto al de la FUSM, pero administrada por esta institución, con lo que, dice, se configura un fraude procesal y estafa. La FUSM evade las responsabilidades frente a sus acreedores "distrayendo y ocultando los depósitos monetarios que se hacen a su favor por parte de sus estudiantes y usuarios", afirma.

El secretario general y representante legal de la universidad, José Ricardo Caballero, trata de explicar que la cuenta se creó a raíz de que el Icetex rompió el convenio que mantenía con la institución para girar los dineros de los créditos otorgados a los estudiantes. "Eso generó una situación caótica. A los estudiantes se les negaba el crédito porque no había convenio con la universidad. Entonces, la universidad buscó una fórmula para darles acceso a crédito, y creó el fondo", asegura.

Sin embargo, no conoce la razón de por qué la cuenta no está a nombre de la FUSM. Y dice no tener atribuciones ni información para referirse a la situación financiera, los embargos y los detalles de la cuenta en el banco Colpatria.

A los problemas de la universidad con los proveedores se suman otros tantos o más graves. Esta semana, Beatriz Arbeláez, secretaria de Hacienda de Bogotá, confirmó que la entidad distrital denunció ante la Fiscalía a la Universidad San Martín por falsificar documentos e incumplir el pago de impuestos. Se trata de un lío delicado.

Según documenta la denuncia -y tal como explicó la propia funcionaria en declaraciones a La W-, Hacienda Distrital tenía embargados diez predios de la institución para asegurar el pago de una deuda superior a diez mil millones de pesos por concepto de impuestos de industria y comercio no saldados por la universidad al Distrito. Cuando la oficina de cobro de la Secretaría intentó secuestrar los bienes, se encontró con que los embargos ya habían sido levantados. La sorpresa fue mayor al revisar la documentación con la que un abogado de la universidad soportó el levantamiento de los embargos. Aparecieron irregularidades de todo tipo: falsos logos, firmas y nombres de supuestos funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Además, la oficina de Instrumentos Públicos nunca informó sobre la novedad, como corresponde. "Se desembargó de manera fraudulenta", aseguró la secretaria de Hacienda.

Sobre este punto, el secretario general de la universidad le dijo a SEMANA que "la institución no tiene ese tipo de proceder". Y aunque desconoce el texto de la demanda, Caballero dice estar seguro de que la institución cancelará las deudas que le correspondan legítimamente e impugnará las que no.

El Ministerio de Educación -que es el responsable de controlar los centros de formación académica- tiene un expediente extenso y espinoso en relación con la Universidad San Martín. Entre los años 2000 y 2005 adelantó tres investigaciones que terminaron en sanciones. Y no se trató de irregularidades menores. El Ministerio encontró que la FUSM desarrolló programas sin registro (Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones), cobró incrementos no autorizados en las matrículas para el programa de Contaduría Pública, entorpeció las funciones de inspección y vigilancia y ofreció programas académicos con información que indujo a error a la comunidad. Esos son solo algunos de los problemas por los que la universidad fue sancionada con multas millonarias. Pero hay más líos.

Actualmente existen otras investigaciones en marcha por asuntos que tienen que ver con la calidad en el programa de Ingeniería de Sistemas en la modalidad a distancia, irregularidades en convenios de docencia y deficiencia en el servicio de los programas de salud. También se investiga una aparente oferta de programas usando indebidamente resultados del Ecaes (el examen de Estado que evalúa la calidad de la educación superior).

Por todo ello es que la FUSM es el dolor de cabeza más sentido en el Ministerio de Educación en lo que respecta al desempeño de instituciones de formación superior. Hay quejas reiteradas sobre incumplimiento en el pago a los docentes. Pero entre todos los problemas, el más delicado y complejo es el lío monetario que hoy afronta la universidad. Fuentes de la cartera de Educación le dijeron a esta revista que se está llegando a la conclusión de que las finanzas de la universidad "fueron vaciadas" y no hay explicaciones por parte de ninguna directiva. En los próximos días el Ministerio tomará medidas al respecto.

Las preguntas que hay en torno a la FUSM incluyen al fundador y propietario de la misma, Mariano Alvear Sofán. Se trata de un hombre enigmático para los rectores y dirigentes universitarios del país. Pocos lo conocen y gente del gremio no recuerda haberlo visto en algún evento de los tantos que hacen las universidades. Sin embargo, es quien manda en la Fundación Universitaria San Martín. Ha delegado cargos directivos en dos de sus hijos: Martín y José Alvear Orozco, este último rector de la sede en Barranquilla. Entre estos hay diferencias profundas, y quienes los conocen aseguran que ese enfrentamiento puede ser "un desastre" para el centro académico.

Aunque los problemas de la universidad son elocuentes, nadie los admite. El secretario general piensa que se trata de un acoso deliberado: "Uno recorre Bogotá -asegura Caballero- y ve instituciones de garaje que están totalmente tranquilas, sin ningún tipo de persecución como de la que somos víctimas nosotros".