Universidad Santiago de Cali: ¿camino a la intervención?

Las directivas de la Universidad Santiago de Cali ya no saben qué hacer. Los hechos de violencia y de alteración del orden público, además de los problemas en su administración, ponen a esta institución de educación privada en una situación tan compleja cuya solución hoy parece quedar en manos del Ministerio de Educación.
 
El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, calificó de “dramática” la situación. “En mi opinión personal, el Gobierno Nacional -en cabeza de la ministra de Educación- con el gobernador del Valle y el alcalde de Cali deben intervenir la Universidad Santiago de Cali para protegerla, salvarla y sanearla, porque se están presentando hechos delicados y es una institución importante para Cali y el Valle del Cauca”.
 
Según Garzón, cuando una entidad privada presta servicios públicos esenciales y fundamentales como la educación, el gobierno puede intervenir. “Hay una situación dramática: se han presentado denuncias, amenazas, asesinatos y es contrario a la convivencia pacífica que debe caracterizar a las universidades”.
 
Este lunes un grupo de jóvenes encapuchados quemó archivos del tribunal electoral y mantiene la toma del edificio administrativo, el más importante de la institución. Exigen la renuncia de los más de 120 miembros del Consejo Superior de la universidad y la reforma de los estatutos.
 
Así mismo, este jueves se conoció que el secretario del Consejo Superior recibió un panfleto con amenazas de muerte en su oficina, hecho que le causó un infarto, del cual se recupera en la clínica Valle del Lili.
 
“El ambiente está muy caldeado”, asegura Javier Barreto, presidente del Consejo Superior. La universidad no tiene rector en propiedad desde finales de febrero, luego de la renuncia de Hebert Celín, quien ejerció el cargo desde 2001 y salió de la USC tras la presión de la comunidad universitaria. Desde entonces, la vicerrectora, María Nelsy Restrepo, asumió el cargo temporalmente.
 
Esta semana, la universidad tenía previsto elegir rector, pero, ante la demanda al proceso de convocatoria interpuesta por un profesor y por solicitud del Ministerio de Educación, la elección está suspendida.
 
“Tenemos los vicios de la pública”
 
“La Universidad Santiago de Cali, siendo privada, tiene los mismos vicios de la pública”, asegura el presidente del Consejo Superior, quien considera que es el Ministerio de Educación “el que nos tiene que ayudar. Dentro de la USC la situación es muy complicada por los niveles de desconfianza y los conflictos de intereses”.
 
Precisamente la búsqueda de poder y el conflicto de intereses son los que amenazan y deterioran la gobernabilidad de la institución. Esta universidad maneja más de 100.000 millones de pesos de presupuesto anual y por ella circulan alrededor de 20.000 personas, entre estudiantes, personal docente y administrativo.
 
“Muchos políticos creen que la universidad es una plataforma política para ellos. La institución tiene una facultad de derecho con mucho prestigio. De allí han salido senadores, representantes, diputados y personas que ocupan puestos muy importantes en los sectores público y privado”, agrega Barreto.
 
En el último año la USC ha sido escenario de hechos de violencia muy graves: en julio de 2010 fue asesinado el decano de la facultad de economía, Ever Mosquera, cuando almorzaba en una de las cafeterías de la universidad.
 
Asimismo, aunque no ocurrió dentro de la institución, en febrero de este año la gerente administrativa de la universidad, Beatriz Delgado, fue víctima de un “posible atentado”, cuando desconocidos dispararon contra su carro, según ella, “como una advertencia” por el trabajo que ha hecho desde el 2007, en el que ha devuelto contratos sin soporte, suspendido pagos y pedido auditorías.
 
Investigan irregularidades
 
El Ministerio de Educación adelanta desde hace algunos meses una investigación administrativa. “La universidad tiene un consejo con más de 120 miembros que hace su gobernabilidad muy compleja, hay problemas financieros fuertes, según hemos podido indagar en las visitas, y tienen dificultades académicas”, explica el viceministro de Educación Superior, Javier Botero.

Según Botero, las denuncias que han llegado al Ministerio son de todo tipo. “Tiene desde problemas de pago a los profesores hasta la prestación de servicios educativos”.
 
Una firma contratada por el Consejo Superior de la universidad, JAHV McGregor, advirtió en sus informes sobre el caos contable en el que se encuentra la institución, entre ellos el no pago de impuestos. La firma también recalca sobre posibles violaciones del estatuto interno, incluso de las leyes colombianas. La Fiscalía, además del Ministerio de Educación, también adelanta una investigación de las irregularidades en la USC.
 
La figura que tiene la universidad es particular. Pese a ser privada, su dueña es la misma comunidad universitaria. Es de “utilidad común y sin ánimo de lucro” con 56 años de existencia.
 
“Este modelo permite una excesiva democracia que nos aniquila. Cualquier estudiante se toma un bloque, cierra una oficina, incendia lo que quiere, altera el orden público y la universidad está casi maniatada para tomar una decisión contra el estudiante. Esto no sucede en una privada normal”, concluye el director del Consejo Superior.