Uno a cero

La noticia cayó como un baldado de agua fría. Que el Distrito tenga que desembolsar poco más de 24.000 millones de pesos que estaban destinados a la reparación de vías a la empresa mexicana ICA —en momentos en que la malla vial principal se empieza a fracturar— no le gustó a ningún bogotano. Pero ese fue el resultado del primer fallo del tribunal de arbitramento que, luego de nueve meses de estudio, llegó a la conclusión de que las condiciones del contrato habían cambiado para ICA desde el tercer trimestre de obras (junio a agosto de 1998) porque el estado de las vías de la ciudad era peor de lo esperado.

Y aunque parezca cosa de locos, eso fue lo que pasó a la luz del tribunal: que el Distrito licitó y contrató un tipo de obras menores a las que la ciudad requería por carecer de los estudios y los diseños definitivos que le hubieran mostrado el real estado de la malla vial.



Dos pleitos

El tribunal que emitió su fallo el jueves pasado debía decidir sobre dos pleitos. El primero consistía en determinar si el IDU tenía razón al haber multado a la empresa mexicana por haber incumplido con los indicadores de rendimiento del contrato desde el segundo trimestre de las obras (marzo a mayo de 1998). Y el tribunal falló a favor del IDU al declarar el incumplimiento por no haber ejecutado todas las obras, por no haberlas mantenido y por no contar con un plan de tráfico y señalización. Pero dijo que el Distrito no podía imponer multas por 48.000 millones sino por 11.000 millones en el peor de los casos. Finalmente el fallo sólo reconoció 1.040 millones a favor del IDU.

Y el segundo pleito consistía en saber si ICA tuvo la razón al contrademandar al IDU al considerar que las condiciones del contrato habían cambiado. Y aquí los árbitros le dieron la razón a ICA, pues la rehabilitación de las vías que estaba adelantando se hizo con base en dos estudios que indicaban que se debían hacer únicamente reparaciones superficiales de la malla vial “en un 95 por ciento de los casos” cuando la realidad era bien distinta. “Uno no sabe qué pasó pero toca volver a construir las calles principales de Bogotá”, dijo Fernando Londoño, apoderado de ICA. Los árbitros tasaron los perjuicios en 25.000 millones de pesos.

Pero más allá de los efectos del fallo, quedaron sobre la mesa varios temas de mucho más fondo. En primer lugar se evidenció que el Distrito no cuenta con planos verosímiles de la infraestructura que ha venido construyendo desde hace 25 años. Así, si un contratista desea arreglar una calle, no sabe con qué se va a encontrar al haber excavado unos cuantos centímetros. También salió a la luz pública que Bogotá no cuenta con una historia real de las obras que se han hecho ni con un inventario del estado real de las vías. Y también resultó claro que este contrato estaba diseñado más para una ciudad de Dinamarca que para la capital de Cundinamarca.



El fallo siguiente

Pero la pelea es a dos rounds. Y el segundo fallo parece ser más importante que el primero, pues en esta instancia el tribunal sólo se podía ocupar de las multas y la demanda de ICA, mientras que en la segunda demanda los jueces entrarán a evaluar la calidad de las obras. “El tribunal sentó el precedente de que ICA no es tan inocente”, explicó una persona cercana a éste. “Ellos tenían que haber adoptado los medios posibles para reparar las obras, sobre todo si se dieron cuenta de que lo que construyeron se dañó”.

Según esta tesis, que aparece en el fallo del jueves, ICA debió haber utilizado todos los medios a su alcance para recuperar y mantener las vías que tenía a su cargo y que no podía sustraerse de esta obligación pasara lo que pasara. Pero faltan seis meses para que se profiera el segundo laudo y mucha agua habrá corrido para ese entonces. Por el momento los bogotanos tendrán que prepararse para un recorte en el dinero y para nuevos tranconces en las calles que los mexicanos o hicieron mal o no repararon. Es decir, que están como hace dos años en materia de vías, pero con menos plata y mucha menos paciencia.