Urbanización a las malas en Bogotá

A finales  del  año  pasado la Alcaldía de Gustavo Petro decidió regalarle a Bogotá un nuevo decreto con el fin de dinamizar la renovación urbana, que durante años ha sido una gran norma en el papel pero un fracaso en la realidad. Como se sabe, con ese concepto se busca que zonas deprimidas o ruinosas de las ciudades, especialmente del centro, se puedan transformar para darle espacio a nuevos edificios, parques, centros culturales o comerciales, entre otros, que atraigan de nuevo a los habitantes.

Se trata del Decreto 562 del 12 de diciembre de 2014, que reglamenta la zona ubicada entre la avenida Primero de Mayo y la calle 127, es decir, en unas 7.500 hectáreas. Sin embargo, solo ahora, que muchas de las fórmulas y conceptos contenidos en la norma han podido ser entendidos o vistos en terreno a través de la aprobación de algunas licencias o la promoción de nuevos proyectos, se ha empezado a generar un fuerte debate en torno de la medida.
 
Las primeras alarmas se encendieron hace un par de semanas en el cabildo capitalino. Según el concejal Roberto Hinestrosa, “el decreto no solo revive el POT de Petro que está suspendido por la Justicia, sino que permite que en medio de barrios tradicionales aparezcan gigantescas moles de 15, 30, 40 o 60 pisos, lo que rompe las normas que hay. Lo más preocupante es que pueden hacerlo sin incluir un solo parqueadero o hacer zonas verdes, ya que pueden pagarle al distrito para que las hagan en otras partes de la ciudad. Ese decreto, que no fue socializado ni consultado con la ciudadanía, va a permitir que aparezcan verdaderos Godzillas de concreto que van a destruir la vida de muchos barrios de la capital”.

Por su parte, el secretario de Planeación, Gerardo Ardila, afirmó que el decreto se fundamenta en estudios técnicos previos, y con un precedente normativo: la Ley 388 de 1997, que brindó el marco para la distribución de cargas y beneficios en el tratamiento de renovación urbana. Según explicó, la necesidad de este decreto radica en que el 72 por ciento de las licencias en Bogotá aprueban la demolición  de casas de dos pisos para construir edificios de más de nueve pisos, lo cual proporciona la posibilidad de reactivar la construcción de edificios en gran altura, y para eso, han contado con la ayuda de São Paulo, Lima o Ciudad de México.

También han dado la alerta vecinos de algunos barrios, así como reconocidos urbanistas y arquitectos que se han dado a la tarea de aplicar el decreto y han encontrado que, por ejemplo, en Santa Ana se podrían hacer edificios de 20 pisos, o en La Castellana, Modelia, Las Ferias, Santa Margarita, Santa Isabel o Ciudad Montes, que han sido consolidados con casas o pequeños edificios, puedan aparecer estas moles.

Según la norma, en los predios con más de 40 metros de espacio libre al frente, es decir, si tienen un parque, zonas verdes o ciertas avenidas, los constructores pueden desarrollar proyectos sin límites de altura. Incluso, los parqueaderos se pueden hacer en los primeros pisos, sin importar que al lado haya una casa con la que ya no es necesario mantener el patio, jardines o zonas de aislamiento lateral, ya que en estas también se puede construir. Es tratar de poner en Bogotá la norma que rige para Medellín, en donde en un solo edificio se duplica el número de personas que vivían en ese barrio, con los problemas de servicios, movilidad, congestión y convivencia que se pueden presentar.

Los más felices con el decreto son los curadores urbanos, quienes lo están socializando ampliamente. También una parte de los constructores, que se ganaron el baloto, pues si antes en un lote podían hacer seis pisos, con algunos ajustes o sumándole dos o más casas, ahora pueden hacer edificios de 12, 14 o más pisos, tal y como ya ocurrió con un nuevo proyecto que se va a hacer en el barrio Santa Ana, donde una licencia para seis pisos cambió, con la nueva norma, y ahora van a hacer una torre de 18 pisos.

Una muestra de este terrible experimento está en Cedritos. Hace unos años allí se permitió libertad de altura. En poco tiempo aparecieron grandes moles de concreto que destrozaron la arquitectura de la zona y generaron una carga de personas, servicios públicos y vehículos donde no existía esa capacidad. Tras el desastre y las presiones de los habitantes, la ciudad tuvo que regresar a la norma anterior. Eso es lo que ahora se quiere extender.

Petro ha querido promover en sus tres años y medio de gobierno un modelo en el que las personas de escasos recursos no tengan que vivir en los extremos de la ciudad como Usme, Bosa, Ciudad Bolívar o Suba, sino en lo que él considera el centro ampliado, una zona que estableció entre la calles primera y 80, entre avenidas Circunvalar y la imaginaria Avenida Longitudinal de Occidente (ALO). En el POT que expidió por decreto, le impuso a los proyectos de esta zona tener que desarrollar un 25 por ciento de Vivienda de Interés Prioritario o pagarlo en otras zonas, y les permitió múltiples usos de suelo. Pero como se hundió, ahora “con un espíritu revanchista, de querer hacer justicia social urbana y de llevar a los pobres a los barrios que él considera de ricos, expidió el decreto de renovación urbana, para que su voluntad se haga como sea”, dijo un reconocido abogado y urbanista.

Ya hay licencias aprobadas, otras en curso y muchas están siendo armadas rápidamente antes de que la Justicia se pronuncie, pues los constructores y curadores saben que un ‘papayazo’ de estos se ve poca veces en la vida. Pero según parece a ninguno de ellos le importa mayor cosa el efecto sobre la ciudad.