Ni Caguán, ni Ralito

El Congreso aprobó la reforma a la Ley de Orden Público que permitirá crear zonas para ubicar a las Farc para su dejación de armas. Esto significa territorios donde podrá restringirse la presencia de fuerza pública y en los que estarán levantadas las órdenes de captura de los miembros de la guerrilla. Para lograrlo hubo un acuerdo con el Centro Democrático, bajo el liderazgo de Álvaro Uribe. El acuerdo consiste en dejar expresamente prohibido que estas zonas sean urbanas o cabeceras municipales. Los uribistas, sin embargo, dejaron varias constancias o propuestas para la reglamentación.

¿Qué tan sensatas son?

El número debe ser prudente para facilitar el monitoreo y la verificación. Esto no depende tanto de lo que quiera el gobierno, sino de lo que se pacte en La Habana y de las capacidades reales de la ONU.

Que no sean en zonas de frontera. Es una recomendación sensata y tiene sentido pues las fronteras son porosas y conflictivas.

Que no haya coca ni minería ilegal. Eso es difícil de cumplir porque muchos frentes de las Farc están en regiones donde estas son la actividades generalizadas. Más bien, es un desafío para la verificación.

Quienes ingresen a las zonas deben ser identificados incluso con huella dactilar. Eso depende de lo que se acuerde en la mesa y de la misión de verificación.

Debe haber un inventario de armas. Esto ya está acordado en La Habana y hace parte de la verificación.

Luego de la dejación, las armas deben ser destruidas en el menor tiempo posible. Esto es parte de lo que se está acordando en La Habana.

La verificación del cese del fuego y de la dejación de armas debe estar en manos de organismos internacionales. Esto ya está acordado por las partes en la mesa.