Para el uribismo, Santos es cómplice de Conejo

El pasado jueves 18 de febrero, la presencia de varios jefes guerrilleros, entre ellos ‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’, ‘Jesús Santrich’ y ‘Joaquín Gómez’, en el corregimiento del Conejo (Fonseca, La Guajira) no sólo armó revuelo en el país, sino que afectó el proceso de paz, en su recta final.

El Gobierno criticó este acto de proselitismo armado, pero lo calificó como un “impasse”. La presencia de los jefes guerrilleros estaba autorizada para adelantar jornadas pedagógicas en los campamentos de las FARC y socializar los acuerdos de paz.

Además acusó a los voceros guerrilleros de violar los protocolos establecidos, especialmente tener contacto, armados, con la población civil. Así quedó registrado en decenas de fotografías que causaron revuelo en las redes sociales.

Pero el uribismo, principal crítico del proceso de paz, tienen otra tesis. Advierte que la administración Santos no puede declararse sorprendida por lo sucedido en Conejo e, incluso, presenta pruebas de que el Gobierno preparó la presencia de los jefes guerrilleros.

Con base en testimonios de autoridades y habitantes de la zona, los senadores Ernesto Macías y Honorio Henríquez, ambos del Centro Democrático, denunciaron penalmente al presidente Juan Manuel Santos. Aseguran que los hechos que se presentaron en ese corregimiento guajiro se pueden constituir en varios delitos, entre ellos prevaricato por acción, abuso de autoridad, empleo ilegal de la fuerza pública y hasta traición a la patria. La denuncia fue radicada en la Comisión de Acusaciones.

Semana.com conoció las 19 páginas de la denuncia. En ella, testimonios de habitantes de la zona coinciden en señalar que desde hace varios años no se veían soldados del Ejército patrullando por las veredas, pero que sorpresivamente aparecieron en la semana del 8 de febrero. Su presencia sólo duró una semana, el 17 de febrero ya no se encontraban en el corregimiento.

Ninguna autoridad de La Guajira, ni siquiera el alcalde de Fonseca, Misael Velásquez, tenían conocimiento que en esa población estarían los jefes guerrilleros. El mandatario local se encontraba en Riohacha y una vez conoció el rumor de la visita de los voceros de las FARC, avisó al coronel del Ejército y la Policía de La Guajira y al Ministerio del Interior. Nadie le dio respuesta.

A las 11:00 a. m del 18 de febrero, cuando arribaron los jefes guerrilleros -según los testimonios- no existía presencia alguna de Ejército y Policía, pues la noche anterior se alejaron del corregimiento y se ubicaron a pocos kilómetros de distancia. La población fue citada a la plaza del corregimiento para un evento artístico y cultural.

“Las tropas de la Décima Brigada, que se encargan de brindar seguridad en la zona, despejaron el lugar en la madrugada del jueves 18 de febrero y se estacionaron a varios kilómetros del corregimiento por mandato del Gobierno. La población quedó a merced del grupo guerrillero con absoluto consentimiento del gobierno nacional, que sabía lo que podía suceder y al riesgo que estaba sometiendo a la población civil”, se lee en la denuncia.

Desde las 2:00 p. m. hasta las 8:00 a. m. del otro día, según testimonios, los jefes de las FARC permanecieron en la zona. Fueron arropados por una comitiva grande que descendió de cuatro buses. Repartieron camisetas y gorras, pronunciaron discursos en tarima y después fueron puerta a puerta repartiendo panfletos que promovían una asamblea constituyente.

En la denuncia el uribismo también señala la presunta complicidad del Comité Internacional de la Cruz Roja, que acompañó a los jefes guerrilleros en la zona. “Quedó claro que no sólo las FARC burlaron las reglas, también lo hizo el CICR, pues nunca reportó la presencia de guerrilleros armados en medio de la población civil.

Otro de los hechos que no le quedan claros al uribismo es que los vehículos en que se movilizó la delegación de las FARC tenían placas venezolanas. Diez de los 12 vehículos de la caravana están registrados en el estado de Carabobo, y al terminar el evento regresaron a Venezuela.

“El Gobierno no ha explicado la procedencia de estos carros, a quién pertenecen y por qué se encontraban en territorio colombiano siendo que la frontera con Venezuela está cerrada desde hace seis meses”, se lee en el texto.

Otro de los presuntos cargos que se le endilgan al presidente Juan Manuel Santos es haber permitido el uso de las instalaciones de una escuela que alberga a más de 300 estudiantes para que los guerrilleros con fusiles recorrieran sus instalaciones. “Infringió el Protocolo II de Ginebra, que condena la ocupación de escuelas, hospitales y bienes civiles y las califica de una grave infracción al derecho humanitario”.

Por eso para el uribismo en los hechos de Conejo hubo instrucciones que tendieron a menoscabar la integridad nacional. Así mismo, señalan que el presidente de la República violó “preceptos constitucionales como asegurar la convivencia pacífica, proteger la vida, bienes y honra de los ciudadanos” entre otras acusaciones.

Más allá de que el presidente hubiera desconocido la Constitución, como lo pretende ver el uribismo, la principal conclusión de la oposición es que los actos de proselitismo armado de las FARC tuvieron un cómplice. “El Gobierno mandó al Ejército a limpiar las calles para a los jefes guerrilleros”, puntualizó Macías.