Indecisión de Corte Suprema dejaría en el limbo a la Fiscalía

Entre agosto del 2009 y diciembre del 2010, la Fiscalía vivió una inusitada interinidad por culpa de la falta de acuerdo en la Corte Suprema para elegir a alguno de los tres candidatos propuestos por el entonces presidente, Álvaro Uribe. Bastó que Juan Manuel Santos, como nuevo jefe del Estado, nombrara una nueva terna para poner fin al problema. Casi seis años después, la elección del jefe del ente acusador vuelve a estar en riesgo.
 
Si en el primer trimestre del año la corporación no logra llenar al menos una de las seis vacantes que tiene, su Sala Plena apenas contará con el número mínimo de integrantes necesario para elegir. Así, elecciones de nuevos magistrados y la del propio fiscal general dependerían exclusivamente del apoyo unánime de los 16 togados que quedarían en la sala plena.
 
La alarma se explica porque en la actualidad sólo cuenta con 17 magistrados y el reglamento exige que los elegidos cuenten con un mínimo de 16 votos. Si no se encuentra una solución efectiva, la salida de Leonidas Bustos dejará a la Corte prácticamente sin herramientas legales para elegir, pues sólo contará con 16 miembros.
 
El próximo 22 de marzo se termina el cuatrienio para el cual fue elegido el actual jefe del ente investigador, Eduardo Montealegre. Su reemplazo deberá ser escogido a partir de una terna que el presidente deberá presentarle a la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es si ese alto tribunal tendrá la capacidad para llevar a feliz término esa misión.
 
Los más pesimistas piensan que se podría repetir la prolongada interinidad que se produjo tras la terminación del período de Mario Iguarán en la Fiscalía. Desde el primero de agosto del 2009, pasó un año y cuatro meses antes de que la corporación judicial eligiera a Viviane Morales, durante la madrugada del 2 de diciembre del 2010.
 
Algo parecido le estaba sucediendo al Consejo de Estado. En el caso de esa corporación, esa incapacidad para elegir estuvo a punto de dejarlos sin quórum para tomar decisiones en procesos judiciales de la mayor trascendencia, como la destitución del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y la demanda de nulidad de la elección del procurador Alejandro Ordóñez.
 
Por eso, esa corporación judicial se vio obligada a cambiar su regla electoral. El cambio fue tan efectivo, que en la actualidad cuenta con 30 de los 31 miembros que debería tener.
 
La corporación decidió que los porcentajes se medirían partir del número de magistrados en ejercicio. Eso permitía que las elecciones se pudieran llevar a cabo sin importar el número de electores disponible. Así, la salida masiva de magistrados ya no sería un obstáculo para elegir.
 
Lo difícil para la Corte Suprema es que si decide modificar su reglamento, la medida será inocua para llenar las vacantes actuales. Como esos procesos ya se iniciaron, alterar las reglas para los aspirantes a esas magistraturas sería desconocer expectativas legítimas que adquirieron al inscribirse en los diferentes concursos.
 
Por eso, el órgano jurisdiccional no sólo se ve afectado por la falta de acuerdo entre sus integrantes para elegir los nuevos magistrados. También parece estar huérfano de mecanismos legales para superar la crisis.
 
Algunos magistrados piensan que la llave la puede tener el Gobierno. Por eso han discutido la posibilidad de pedirle que emita un decreto que abra la posibilidad a las modificaciones normativas.
 
De una u otra manera, lo cierto es que si se mantienen esas reglas electorales la Corte se podría ver expuesta permanentemente a dificultades para salir avante en los procesos electorales que la ley y la Constitución aún le encomiendan.