Valorización: empiezan a rodar cabezas

La Personería de Bogotá destituyó a Liliana Pardo y Néstor E. Ramírez y los inhabilitó para desempeñar cargos públicos por 20 y 18 años, respectivamente, tras hallarlos responsables de irregularidades en la contratación y la ejecución de 21 de las 36 obras de la fase uno de valorización, con un costo superior a 389.000 millones de pesos. 

“Pese a que la mayoría de obras se debieron haber entregado hace más de dos años, algunas aún no se han terminado. Improvisación en los diseños, demora en la compra de los predios y falta de coordinación en la adecuación de redes generaron retrasos de varios años”, denunció la entidad.

En criterio de la Personería, los funcionarios no realizaron las gestiones necesarias para evitar las demoras y las improvisaciones que impidieron la entrega oportuna de las obras. En ese sentido, Pardo y Ramírez fueron sancionados por la falta de planeación en sus labores, “lo cual se reflejó en problemas en la elaboración de diseños y rediseños, y en las demoras en la adquisición de predios para las obras”.

También se asegura que ambos exfuncionarios no coordinaron debidamente la adecuación de redes de servicios públicos y la expedición de permisos ambientales o de tránsito, ante la construcción de las vías públicas.

“La improvisación generó prórrogas, suspensiones y adiciones a los contratos por deficiencias. Se presentaron continuos cambios en los cronogramas de construcción y entrega de la mayoría de las siete vías, dos puentes vehiculares y cinco peatonales, cinco andenes y dos obras de mejoramiento vial”.

La Personería aseguró que Liliana usó la figura de la adición para entregar “a dedo” nueve obras de valorización por 90.000 millones de pesos. 

“La funcionaria no efectuó la convocatoria pública de ley para escoger de manera transparente el mejor contratista y adjudicar la construcción de las vías”. En ese sentido, la Procuraduría asumió la investigación de nueve de los contratos del IDU, de 14 obras, que llevaba la Personería a través de adiciones a contratistas de la Fase III de Transmilenio y de Distritos de Conservación (mantenimiento vial).

Las faltas de Pardo y Ramírez fueron calificadas como “gravísimas”, ya que ambos participaron en la etapa precontractual o en la actividad contractual, “en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de las normas”.

Tanto Pardo como Ramírez se encontraron responsables por la demora en la ejecución de la avenida Santa Lucía (transversal 42), obra que aún no ha concluido.

También por las irregularidades en la construcción de la intersección de la avenida Villavicencio con avenida Boyacá. La Personería explica que allí se proyectó realizar dos orejas y dos conectantes de la intersección vial. “Las obras debían estar terminadas en agosto del 2010 y, aunque el IDU dijo haber culminado la obra en enero del 2011, se determinó que quedó pendiente la construcción de una oreja”, señaló la entidad. 

Finalmente, el ente de control distrital aseguró que la avenida Mariscal Sucre o Carrera 19B, entre calles 26 y 24, y la carrera 19, entre calles 26 y 28 -ambas, para diciembre del 2010- “aún están pendientes”.