Valorización: ¿quién pagará el costo político?

El recaudo de 850.000 millones de pesos para construir 35 obras entre vías, intersecciones, andenes, puentes peatonales y parques, se convirtió en un dolor de cabeza para el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y los funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Los ciudadanos no entienden cómo se les cobra por nuevas obras cuando aún no se terminan los proyectos incluidos en la primera fase de valorización.

Semana.com conoció que dos obras que se cobraron en la fase I de la valorización no han comenzado su ejecución.  Se trata de la intersección vial de la avenida Ciudad de Cali por la avenida Ferrocarril de Occidente y el proyecto de ampliación de 2,3 kilómetros de carril de la misma avenida Ferrocarril de Occidente, entre las carreras 100 y 93.

Lo que llama la atención es que este retraso cuenta con el aval del Concejo Distrital donde algunos de sus más reconocidos representantes, han rechazado públicamente esa contribución. La corporación, mediante el acuerdo 500 del 2012, sancionado en el pasado mes de octubre, autorizó modificar el plazo máximo de las obras a dos años más.

El director técnico de Valorización del IDU, Hernando Arenas, le explicó a Semana.com que la corporación concedió el plazo adicional porque el terreno de ambos proyectos tenía un tubo que transportaba combustible a los aviones del aeropuerto de ElDorado.

Arenas aseguró que la ejecución comenzará en el segundo semestre de este año porque actualmente "se están comprando los predios". Por otro lado, una fuente del IDU le confirmó a este medio que la ejecución del segundo proyecto comenzará en el tercer trimestre del 2013.

El costo político

Es por esto que ante la reacción de algunos cabildantes el propio alcalde Gustavo Petro ha salido en defensa de su administración. Manifestó que “ahora otorgan culpabilidad al IDU, los mismos concejales que ordenaron su cobro en el 2005 por acuerdo. (...) La valorización es un cobro que solo aprueba el Concejo, igual que las obras sobre las que se cobra”, trinó el mandatario, quien también dejó en evidencia que no está conforme con algunos proyectos nuevos. “Es válido preguntarnos por la pertinencia de dichas obras", respondió a un tuitero.

Su reacción y la de altos funcionarios de su administración tienen despistados a muchos. Es el caso de la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), María Fernanda Rojas, quien dijo a Semana.com que ella se unía a las críticas sobre por qué las obras de la primera fase no se han terminado.

Desafortunadamente, el primer paquete de obras de la fase uno quedó atrapado en las dificultades que sufrió la ciudad bajo la administración de Samuel Moreno. Como se recordará, el IDU en ese momento fue objeto de prácticas que beneficiaron de manera irregular a contratistas, a la par que tenía serías deficiencias en su capacidad gerencial.

De ahí que obras emblemáticas de esa etapa como la solución de la intersección de la calle 94 con la avenida NQS, no sólo no se realizaron, sino que quedaron en escándalos de corrupción.  

La demora de esta obra está asociada con la investigación que avanza en contra del polémico contratista Julio Gómez, relacionado con el 'carrusel de la contratación', episodio por el que la Fiscalía y la Procuraduría adelantan investigaciones en contra de 17 concejales y excabildantes, quienes presuntamente serían responsables de la contratación indebida.

Lo que viene

Las alternativas de solución a la impopular contribución han comenzado a llover.

El alcalde Petro sugirió la reforma de los cobros: “Dado que los cobros solo son ordenados por el Concejo, he solicitado una mesa de trabajo con esa entidad para reformarlos”, trinó.

Por su parte, el IDU busca financiar algunas obras de los estratos uno y dos a través del cupo de endeudamiento, una posibilidad que también está en manos del Concejo. La decisión beneficiaría a las poblaciones de Bosa y San Cristóbal.

Por ahora, los reclamos en este asunto van así. El IDU ha recibido 8.900 recursos de reconsideración, equivalente a un 0,4% del total de los recibos enviados, y cerca de 244.000 contribuyentes han pagado su factura, lo que representa un recaudo de 75.000 millones de pesos.

Además de los 1.721.000 recibos de la fase dos, los bogotanos recibirán otras facturas en los próximos años. El Concejo ya fijó que la financiación de la tercera fase se realizará en el 2014, mientras la última se ejecutará en el 2016.

Así las cosas, el costo político de los cobros de valorización no puede ser exclusivo de la Administración Distrital y el IDU. El Concejo de Bogotá es el actor que, quizás, ha tomado las decisiones de fondo.