'VAMOS A RECOGER MILLONES DE FIRMAS'

SEMANA: Hay bastante contusión en cuanto al verdadero alcance de su propuesta de referendo. ¿En qué consiste exactamente?
CESAR GAVIRIA TRUJILLO: La propuesta es muy precisa. De lo que se trata es de adicionar el artículo 16 de la Constitución sobre libre desarrollo de la personalidad, con un inciso en el que se autorice al legislador para restringir, prohibir y sancionar el consumo de sustancias sicotrópicas y alucinógenas. Para ello proponemos utilizar el referendo constitucional, que es un mecanismo para reformar la Carta, en el cual el gobierno y el pueblo presentarían el proyecto, el Congreso lo aprobaría mediante un trámite que es igual al de una ley ordinaria, y finalmente la decisión se tomaría en votación popular. En los próximos días tendríamos una primera etapa de recolección masiva de firmas, en la cual esperamos nos acompañen los diversos estamentos del país, con el objeto de llevar el proyecto, con millones de firmas, al Congreso el próximo 20 de julio, cuando se inicie la nueva legislatura.


SEMANA: ¿Que pregunta se incluiría en la ley de iniciativa popular, para que fuera hecha en el referendo?
C.G.T.: Sería una pregunta abierta para que el ciudadano decida si aprueba o no su texto, que estaría dirigido a convertir el consumo de droga en una conducta antisocial que se pueda sancionar, e incluso penalizar en determinadas circunstancias.


SEMANA: Aparte del referendo, usted habla de un decreto que limite el porte y uso de dosis mínimas. ¿No es suficiente ese decreto? ¿Por qué se necesita además el referendo? Y si el decreto es insuficiente, ¿para qué distarlo?
C.G.T.: El decreto trataría de evitar efectos indeseados del fallo, en especial para que las personas que consuman drogas no pongan en peligro los derechos de los demás, den mal ejemplo o incomoden a los otros. Son normas derivadas del Código de Policía, del Código del Menor, del Código de Tránsito, del régimen disciplinario de los empleados públicos, etc. Sin embargo, no nos parece que sea suficiente el decreto, porque partiría de la actual situación, es decir de que el consumo de "drogas" no soloeo está prohibido sino que es un derecho de los ciudadanos. Si decimos que no pueden consumir los menores de edad, es porque lo pueden hacer los mayores de edad; si decimos que no se puede consumir en lugares públicos, es porque en recintos privados sí se podrá hacer. En ese sentido estas medidas nos parecen insuficientes aunque necesarias, por ahora, porque es la única herramienta que nos queda. El referendo, en cambio, pretende prohibir, no solo regular, el consumo de drogas.


SEMANA: Presidente: usted fue el inspirador de la creación de la Corte ConstitucionaL ¿Porqué ahora se va en contra de un fallo de este alto tribunal, con el cual la mayoría de sus magistrados interpreta el alcance de la Constitución de 1991? ¿No hay algo de injustificada rebelión en todo esto?
C.G.T.: El gobierno no sólo propuso la creación de la Corte Constitucional, sino que ha reconocido -y la opinión no cambia por este fallo- que, en materia de protección de derechos, en este país hemos avanzado en dos años más de lo que habíamos hecho en los 100 años anteriores, especialmente gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En este caso nos parece que la interpretación que ha hecho el organismo judicial no es la adecuada y que el tema es de tal trascendencia que la discusión no puede quedarse en el ámbito meramente académico de decidir si hasta allá llega o no el alcance del derecho a la autonomía personal. Más que una decisión estrictamente jurídica, esta es una decisión de conveniencia y oportunidad, que deben tomar los ciudadanos y el Congreso. Creemos que el consumo de estas sustancias debe continuar siendo una conducta antisocial, debe poder sancionarse e incluso penalizarse en determinadas circunstancias. Y si para que esto sea posible hay que decirlo expresamente en la Constitución, proponemos que se le pregunte a la gente si quiere o no que eso diga nuestra Carta.


SEMANA: ¿No cree que esto puede contribuír aún más a dañar las relaciones con el poder judicial, a promover aún más las confrontaciones entre los diferentes poderes públicos?
C.G.T.: En primer lugar, los poderes públicos pueden tener criterios dispares. La división de los poderes no se la inventaron para que todos estuvieran de acuerdo, aunque ellos tienen el deber de colaborar para el logro de los fines estatales. Me parece que en ocasiones la controversia sirve para que haya debate público. Además, lo que hemos propuesto no es un debate contra la Corte Constitucional, institución que nos merece el mayor respeto. Lo que hemos propuesto es adoptar unas decisiones para sancionar el consumo de drogas, lo que al entender de la mayoría de esa corporación no se puede hacer con el actual texto del artículo 16. Eso es todo. Incluso porque los propios magistrados han señalado que el fallo no necesariamente coincide con su opinión sobre la conveniencia de la decisión, sino que se limitan a interpretar la norma constitucional.


SEMANA: No son pocos los columnistas que, pasados los primeros dias de reacción al fallo de la Corte, han visto las cosas más fríamente y piensan que quizá los críticos de la sentencia -incluido el propio Presidente- están actuando de manera emocional, farisaica y hasta populista, pues al fin y al cabo lo que quedó después del fallo es la misma situación que había antes de 1986. ¿Qué opina de esas apreciaciones?
C.G.T.: En realidad no es cierto que estemos en una situación igual a la del año 1986, porque en esa época el consumo de droga era también una conducta prohibida así no estuviera sancionada penalmente. Pero lo fundamental es que creemos que hoy la sociedad colombiana no puede ser permisiva con el consumo de droga ni con el narcotráfico. La droga ha demostrado ser uno de los peores males de la humanidad, destruye a quienes la consumen, corrompe e intimida autoridades. Este país ha sido escenario de mucho dolor y sacrificio por cuenta de su poder destructor. Me atrevo a decir que no hay prácticamente país del mundo occidental donde el consumo de la droga sea una conducta vista con buenos ojos. Si bien no en todos los países se sanciona penalmente, sí tiene otro tipo de sanciones. Y estoy seguro que en ningún país sucede que, como se puede desprender del fallo de la Corte, esta conducta sea considerada como un derecho. De otra parte, no creo que apelar a los mecanismos de participación que introdujo la nueva Constitución sea una actitud populista. Estoy convencido de que en temas de tanta importancia y que tienen que ver tanto con la vida de las gentes se debe consultar la opinión de los colombianos.

SEMANA: Este año el calendario electoral está cargado: ya hubo parlamentarias y consultas de los partidos, ahora vienen las presidenciales y, en octubre, alcaldes y gobernadores. ¿No teme usted que aunque el referendo -a juzgar por las encuestas- sea ampliamente ganado por la antilegalización, el cansancio de los votantes produzca una votación demasiado baja que deslegitime el resultado?
C.G.T.:: No. Yo creo que este es un tema que toca muy de cerca a los colombianos, a los padres de familia, a los jóvenes, a la comunidad académica, a las iglesias, a los propios partidos políticos, a las organizaciones sociales en general. El hombre del común sabe que este no es problema ajeno, porque lo tiene en su casa, o en el colegio, o en el barrio, y por tanto confío en que la gente se va a movilizar ampliamente a manifestar su opinión en el referendo, si finalmente se convoca. Además, puede resultar interesante imaginar métodos de votación no tradicionales, el voto automático, las votaciones en día hábil, las mesas en lugares de trabajo, o en centros educativos. En fin, habrá que ser imaginativos y convenir estos nuevos mecanismos con la organización electoral.-