La primera denuncia contra el Minhacienda por venta de Isagén

Para el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, la venta de Isagén sólo es comparable con la pérdida de Panamá. Para él, es tan grave la situación, que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pudo incurrir en graves delitos de corrupción.

Por eso le pidió a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría que adelanten las actuaciones a las que haya lugar. Para él, las condiciones que rodearon la subasta de venta de la generadora de energía son tan sospechosas, que no se puede descartar que el proceso se haya direccionado, con la única intención de favorecer a la compradora Brookfield Asset Management.

El ministro Mauricio Cárdenas anunció en diciembre del 2015 que la subasta de venta de Isagén se instalaría el 13 de enero de este año. Para el presidente de la Red de Veedurías, esa premura fue determinante para impedir a otros oferentes participar en la puja.

Según Bustos, era casi imposible que en cuestión de días los demás interesados lograran cumplir los requerimientos necesarios para participar. Sólo la hoy propietaria de Isagén cumplía los requisitos planteados por las autoridades. Añade que el interés por favorecer a la firma canadiense es casi evidente.

“Así en efecto se determinó y direccionó el proceso contractual para impedir la concurrencia real y efectiva de una pluralidad de oferentes e interesados ciertos en dicho proceso, y de paso se coartó de manera deliberada la posibilidad de contar con una puja real por el precio final”, dice la denuncia.

“Ninguna otra firma internacional podría aprestarse en sólo dos semanas para efectuar una inversión de la magnitud propuesta, con la demanda de liquidez que implicaba”, añade el documento.

Para Bustos, esa es sólo una muestra de la “actitud irresponsable” con la que actuó el ministro a lo largo del proceso. Dijo que no entiende cómo Cárdenas ignoró las investigaciones sobre actos de corrupción de los habrían venido siendo protagonistas representantes de la empresa en Brasil.

Como argumento de sus afirmaciones, Bustos trajo a colación lo dicho por un fiscal de Sao Pulo ante un medio de comunicación radial. Recordó que el fiscal Silvio Antonio Marques explicó en una entrevista que esa empresa era sospechosa de haber desarrollado proyectos de infraestructura en esa ciudad brasilera a través de sobornos.

La denuncia también señala que el jefe de la cartera económica hizo oídos sordos a las advertencias de los organismos de control. Señaló que la Contraloría trató de hacerlo reflexionar sobre el grave impacto que tendría la operación en las finanzas públicas y sobre la necesidad de garantizar que el precio que se pagara por Isagén fuera superior al valor mínimo fijado por el Gobierno.

Además, recordó que un día antes de la subasta, el procurador Alejandro Ordóñez volvió a llamarle la atención por establecer el precio de la firma en dólares. Según la advertencia, insistir en fijarlo en pesos en un escenario de alza del dólar ponía a Isagén por lo menos a dos billones de su valor real.

Sin embargo, agregó, el ministro Cárdenas insistió en mantener la subasta con un solo oferente, lo que impidió que el comprador ofreciera un valor superior al mínimo, y se opuso a fijar el precio en divisas.

Finalmente, aunque el alto funcionario expresó que los dividendos que dejaba Isagén tenían un peso de menos del 1 % en los ingresos de la Nación, el presidente de la Red de Veedurías volvió a destacar sus números. Todo con la intención de demostrar que la decisión de venderla fue contraria a la defensa de los intereses de los colombianos.

“El valor de las acciones del Estado en Isagén asciende a 6,4 billones de pesos (unos 2.000 millones de dólares), los cuales serán invertidos en el programa de carreteras de cuarta generación (4G), necesarias para que el país supere su crónico atraso en vías de comunicación… En el 2014, Isagén obtuvo un beneficio neto de 436.538 millones de pesos (unos 135 millones de dólares de hoy) y unos ingresos de 2,33 billones de pesos (unos 714 millones de dólares de hoy)”, puntualizó.

El miércoles, día de la venta de la empresa, el ministro Cárdenas respondió con una carta al procurador general, Alejandro Ordóñez, quien había calificado la venta de Isagén como un “mal negocio” y había dicho que la operación habría supuesto un detrimento patrimonial de aproximadamente dos billones de pesos. Según el ministro, el promedio anual de dividendos que dejaba la empresa era de 145.000 millones de pesos, el 0,07 % de los ingresos de la Nación.