Verdades a medias

Para empezar, varios funcionarios del gobierno renunciaron por el caso Commsa. El primero fue el director del Instituto de Vías (Invías), Mauricio Ramírez, cuya firma era indispensable para el acuerdo final de la conciliación, que se citó para este lunes en un juzgado penal de Bogotá. En su reemplazo se encargó al viceministro de Transporte, Daniel García, quien no conoce el calvario de este arreglo y lo más probable es que los abogados del Invías le aconsejen que tampoco firme, aunque tenga también presiones de Palacio. Y en la noche del viernes pasado, renunció Benjamín Herrera, asesor del ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, por una carta que éste le mandó al senador Cáceres en la que le informaba que Herrera lo había asesorado en las negociaciones que llevaron al acuerdo con Commsa. "Eso no es cierto. Me enteré del acuerdo por los informes de prensa", dijo el asesor, muy disgustado, después de su renuncia. Y no es para menos. Ninguno quiere con su firma comprar una boleta que lo podría llevar a la cárcel, como les sucedió a los funcionarios de confianza del ex ministro de Transporte, Mauricio Cárdenas Santamaría, por la tristemente recordada conciliación con Dragacol. Pero la historia de Commsa va más allá. El gobierno, en su afán por ponerle punto final al pleito que lleva más de seis años, redactó un preacuerdo y lo anunció con bombos y platillos en septiembre pasado y se colgó en la página web de la Presidencia de la República. Eso fue lo único que se conoció públicamente.

Lo que no se supo y SEMANA lo confirmó con fuentes del Invías y del gobierno, fue la presión que recibió Ramírez Koppel para que firmara ese preacuerdo y el disgusto de algunos funcionarios de Palacio porque se negó a recibirles a los españoles varios cheques que sumaban 100.000 millones de pesos para finiquitar el pleito con el gobierno. "O lo firma, o se va", fue la advertencia. Ramírez lo firmó, pero no estaba dispuesto a rubricar el acuerdo final del próximo lunes, según testigos que trabajaron a su lado. SEMANA trató de confirmar esta información con el ex director del Invías, pero se negó a hablar sobre el asunto.

Cuando la Procuraduría se atravesó en el camino y pidió un nuevo peritazgo para saber si se liquidó bien el contrato, llegó de Buenos Aires una abogada, quien comenzó a liderar el pacto con los españoles. Se trata de la consejera de la Embajada de Colombia en Argentina, Sofía Arango Arango, quien todavía se encuentra trabajando en la oficina del consejero presidencial, Óscar Iván Zuluaga, el hombre artífice del acuerdo entre el gobierno y Commsa. "Ella lideró todo el tiempo las reuniones en la que nos convocaba a Palacio a los funcionarios del Ministerio e Invías con los abogados españoles y a los colombianos. Pero no existe ni una sola acta sobre estos encuentros", le dijo a SEMANA uno de los asistentes que pidió la reserva de su nombre.

¿Pero cuál fue la función que cumplió la diplomática en el proceso que llevó al pacto con Commsa? ¿Por qué cumplió un papel tan protagónico en el pacto final? ¿Por qué la coincidencia de su relación con el abogado penalista Julio Sanpedro, quien defiende los intereses de los españoles y fue su director de tesis de grado en derecho

¿Al final quién hizo el cálculo financiero en el que el Estado podría perder 253.000 millones de pesos por el arreglo? ¿Quién propuso que Commsa no pagara ni cinco centavos de intereses?

Lo más probable es que el senador Javier Cáceres tenga las respuestas a estos interrogantes y las conozca el país el próximo martes, en un debate en el Congreso. "Yo estoy convencido de que nos van a clavar con esta conciliación", le dijo a SEMANA.