Vergüenza

Todo comenzó con el olor. El mal olor, desagradable y capaz de provocarle náuseas a una persona, surgía del lúgubre cuarto habilitado como morgue en el Hospital General de Barranquilla, atravesaba los barrotes de la verja de hierro negra que impide el paso de los curiosos y se dispersaba por el corredor. Al parecer una de las neveras que contenía restos orgánicos se averió y las altas temperaturas de la ciudad aceleraron su proceso natural de descomposición. Cuando la situación se hizo insoportable Humberto Barreto, encargado temporal de la morgue desde el 4 de diciembre, se la comentó a Milton Acosta, director del Hospital. Este, según le comentó la semana pasada a las autoridades, pensó que el problema era producido por las placentas guardadas en ese lugar y le ordenó a Barreto deshacerse del material que producía la hediondez.

Barreto, según su propia versión, cumplió la orden al pie de la letra. En bolsas negras de basura introdujo los cadáveres de tres fetos y 24 bebés, envueltos en toallas y pañales, y una extremidad izquierda. Luego depositó las bolsas en dos canecas de plástico. El sábado 9, en horas de la mañana, un taxi marca Dacia, conducido por un hombre de 52 años al que todos conocen por el mote de ‘el Cachete’, se llevó los recipientes en dirección al cementerio de Calancala.

Escena dantesca

El lunes 11, muy temprano, uno de los agentes del centro automático de despacho de la Policía recibió el reporte de un niño muerto en la antigua trocha a Soledad 2000, un barrio de invasión en el municipio del mismo nombre a más o menos 20 minutos del centro de la capital del Atlántico. Las patrullas del área de vida de la Sijin fueron enviadas al sitio para realizar una inspección. Los agentes bajaron por la vía Murillo, en dirección a Malambo, a la altura de la urbanización Terranova 2, voltearon a la izquierda y se internaron por una polvorienta trocha carreteable. Avanzaron unos metros y en la primera revisión se toparon con tres cuerpos.

Una inspección más detallada los llevó hasta un hueco de boca ancha al lado de la trocha, de más o menos un metro con 50 de profundidad, en el que vieron unas bolsas de basura. En el hueco, ubicado debajo de un poste marcado con el número 16894 y hecho probablemente para extraer arena por los habitantes de la zona, encontraron más cadáveres. Los agentes no sabían qué pensar. En cuestión de minutos el sitio fue copado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, quienes hicieron la diligencia judicial de levantamiento de los cuerpos bajo la mirada atenta de los vecinos de la urbanización contigua, que trataban de enterarse de lo ocurrido desde las ventanas de sus casas.

En cuestión de horas estos soledeños, el resto de los colombianos y los consumidores de noticias alrededor del mundo se enteraron por los medios de comunicación del macabro descubrimiento por parte de las autoridades de tres fetos mayores de seis meses, 24 bebés y una extremidad izquierda.

La imaginación de la gente se disparó ante la dantesca escena. Hubo quienes recordaron lo ocurrido en la ciudad a comienzos de la década de los 90, cuando varios indigentes fueron asesinados por celadores y sus cuerpos vendidos a estudiantes de medicina de la Universidad Libre. Otros se aterrorizaron ante la posibilidad de un nuevo caso como el del violador de niños Luis Alfredo Garavito, que se hizo público luego de la aparición de unos restos humanos en un lote baldío de Pereira. Las conjeturas sobre sectas satánicas, tráfico de órganos o clínicas de aborto clandestinas estuvieron a la orden del día. Un hecho normal pues cualquier historia en la que estén involucrados niños hipersensibiliza a la sociedad. Sin embargo, por los primeros indicios, las autoridades intuían que el asunto no tenía nada que ver con esas hipótesis siniestras. “Los cuerpos presentaban características muy particulares como pinzas quirúrgicas en el cordón umbilical o marquillas con nombres de mujeres y fechas en el brazo derecho. Lo cual nos hizo sospechar que había un establecimiento que fue el único y exclusivo origen de los restos humanos”, dijo a SEMANA el general Arnoldo Sandoval, comandante de Policía del Atlántico.

Para que la investigación avanzara lo más rápido posible las autoridades departamentales hicieron causa común y montaron la Operación Dignidad. Además se emitieron boletines radiales con los nombres de las mujeres que habían encontrado con la esperanza de que alguna se manifestara al respecto. Dos fiscales, cinco agentes del área de vida de la Sijin e igual número de detectives del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se metieron de lleno a aclarar el misterio porque, en palabras del general Sandoval, “el departamento y el país no se merecían una situación de esta naturaleza”.

Operación Dignidad

Mientras este equipo hacía sus primeras averiguaciones en los hospitales y clínicas de Soledad los patólogos de Medicina Legal fueron a la pequeña morgue del cementerio Calancala y les practicaron la necropsia a los cadáveres de los neonatos (bebés con menos de 28 días de nacidos) que estaban en avanzado estado de descomposición. El resto de los cuerpos, una minoría de los cuales estaban formolizados para conservarlos, fueron enviados al moderno edificio del Instituto de Medicina Legal.

La inspección en varias clínicas clandestinas de Barranquilla no arrojó ningún resultado. En cambio el dato de un taxi fue clave para desenredar la madeja. Una fuente mencionó que un taxista conocido con el mote de ‘el Cachete’, reconocido por su trabajo en los alrededores del Hospital General de Barranquilla, le había comentado de unos viajes que había hecho el fin de semana a Soledad. Estos dos datos fueron suficientes para que las autoridades lo buscaran como aguja en un pajar para conocer su versión de lo ocurrido.

El martes pasado una inspección de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Hospital despejó el panorama. En un comienzo los funcionarios del Hospital, según uno de los investigadores de la Sijin que pidió no ser identificado, negaron cualquier vínculo con los restos encontrados y se mostraron renuentes a colaborar con las autoridades. Con el paso de las horas su actitud cambió y entregaron los libros de registro. En ellos los funcionarios hallaron los nombres de las mujeres que ya habían divulgado y tres actas de defunción.

El rompecabezas terminó de armarse con la declaración ante la Fiscalía de Gloria Cartagena, una mujer que había oído su nombre en uno de los boletines radiales. Gloria dijo que en octubre había llegado al hospital con el bebé muerto, lo sabía por una ecografía que le habían practicado en otro centro asistencial de la ciudad. Tuvo trabajo de parto, le mostraron la criatura pero no se la entregaron ahí mismo porque, según le dijeron, “iba para patología”. Ella regresó al viejo edificio del Hospital a reclamar el cadáver de su hijo seis, 10 y hasta 15 días después, y siempre salió con los brazos vacíos. Al médico patólogo Alvaro Medina, del Instituto de Medicina Legal, le pareció extraña esta situación porque “aquí no existe la cultura de la autopsia como manda la educación americana, que es la que nosotros seguimos”.

El miércoles las autoridades tenían claro que los fetos y los neonatos habían salido del Hospital, y, como lo certificó el patólogo Medina, “se excluye la muerte violenta en todos los casos. En ninguno hay trauma externo que haga suponer procedimientos abortivos después de los cinco meses”. Este dictamen científico echó por tierra todo el morbo que se había generado en torno al caso. Todavía faltaba aclarar por qué los restos habían terminado en un hueco, en un costado de una trocha en Soledad.

El taxista conocido como ‘el Cachete’ les contó a los investigadores que el sábado 9 de diciembre le habían pagado 120.000 pesos por transportar unas placentas al cementerio de Calancala. Esta misión la llevaba a cabo la empresa Servicios Ambientales Especiales pero en noviembre cancelaron el contrato porque el Hospital no les pagó una plata que les debía. Allí, antes de mediodía, Jesús Ortega, auxiliar administrativo del camposanto, le dijo que no iba a recibir esos desechos porque el hospital les adeudaba varios millones de pesos. El conductor se los llevó y en horas de la tarde los botó en el hueco donde los halló la Policía. Con este relato,º lo que al inicio de la semana parecía una historia de terror terminó convertida al final de la misma en una falta de procedimiento sanitario de marca mayor. Todo comenzó con un mal olor, pero el hedor no es el de los muertos almacenados en una morgue que no funciona sino el de una institución que permite, por acción u omisión, que restos humanos sean botados a la vera del camino.