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| 5/26/2003 12:00:00 AM

¡Vergüenza!

Un celador que permaneció casi 11 años en la cárcel acusado de un crimen que no cometió se convierte en el caso más aberrante de la historia judicial de Colombia.

Ismael Bustos Tejedor puede decir que conoció el infierno. Por casi 11 años estuvo detenido en varias cárceles del país, acusado de un horrendo crimen que no cometió. Durante el tiempo que permaneció privado de la libertad nunca se cansó de proclamar su inocencia, pero en su caso la justicia fue ciega y sorda.

Fue necesario que pasaran 3.836 días encerrado en un calabozo antes de que, el 23 de enero, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá reconociera, por medio de una sentencia, que con Ismael Bustos se había cometido el que se ha convertido en el caso más aberrante y vergonzoso de la historia reciente del sistema judicial del país.

La pesadilla que durante 128 meses vivió Bustos comenzó el 26 de julio de 1992. En la madrugada de ese domingo un grupo de seis hombres armados con pistolas llegó al barrio Juan Pablo II, en el populoso sector de Ciudad Bolívar en Bogotá.

Frente a una casa, ubicada en inmediaciones de la diagonal 69 con carrera 18 sur, se encontraba conversando un grupo de 14 personas. Sin mediar palabra los seis hombres, pertenecientes a una banda de delincuentes conocida como 'Los Cucas', formaron contra una pared a las 14 personas y les dispararon en la cabeza y otras partes del cuerpo. A pocos metros de donde estaba ocurriendo la masacre quedaba la casa en donde vivían Ismael Bustos, su esposa y sus cinco hijos.

Los disparos y el alboroto de los vecinos hicieron que Ismael saliera de su hogar para ver qué estaba ocurriendo. Fue uno de los primeros en llegar al lugar del crimen. Once de las 14 personas estaban muertas, otras tres quedaron gravemente heridas. El comenzó a preguntar entre los vecinos que habían presenciado el asesinato por los autores y los detalles de lo que había ocurrido.

En la mañana del 26 de julio Ismael y otras personas fueron citados a declarar a la sede de la Sijin. Al caer la tarde de ese domingo un grupo de policías llegó hasta la casa de Bustos y lo arrestaron, acusándolo de haber participado en la masacre. Los agentes también capturaron en diferentes lugares del barrio a cinco personas que habían sido identificadas por los testigos como los autores materiales. En la casa de algunos de ellos encontraron ropa ensangrentada y armas. Las investigaciones establecieron que los cinco capturados pertenecían a una banda rival de 'Los Cucas', llamada 'Los Parches', y que el motivo de la masacre había sido una disputa territorial. A los pocos días de su captura Bustos fue trasladado a la Cárcel Distrital y en diciembre de 1999 el juzgado 33 penal del circuito lo condenó a 30 años de prisión.

Ahí comenzó el suplicio para Bustos y su familia. Sus hijos y su esposa tuvieron que abandonar el barrio en donde habían vivido la mayor parte de su vida. Durante los siguientes años Ismael pasó por las cárceles Distrital, La Picota, La Modelo y Cómbita y ninguno de los dos abogados de oficio que tuvo durante ese tiempo hizo mayores esfuerzos para que el caso fuera revisado y así poder demostrar su inocencia, como insistentemente lo repetía.

Razones no le faltaban. En su contra no existía ninguna prueba que lo vinculara de alguna forma con la masacre. El problema es que nadie le creía y Bustos y su familia no podían cancelar los honorarios de un abogado particular que asumiera en serio su defensa. "Yo tomé el proceso porque, aunque Ismael no tenía con qué pagar, se hizo amigo de un cliente mío en la cárcel que me recomendó su caso. Cuando lo asumí ya habían pasado ocho años y no era posible realizar pruebas o llamar testigos. Sin embargo con lo que había en el expediente era evidente que se trataba de una injusticia y conseguí que el Tribunal de Bogotá aceptara la apelación del caso", dijo a SEMANA la abogada Elsa Norma Delgado, quien logró, después de tres años de batallas jurídicas, demostrar la inocencia de Bustos.

A Ismael lo capturó la Policía porque uno de los testigos del múltiple asesinato dijo en su indagatoria que lo había visto en el lugar del crimen. Como consecuencia de esto le realizaron pruebas de absorción atómica, para verificar si había disparado un arma, las cuales salieron positivas. Con estos dos argumentos los fiscales acusaron a Bustos de coautor de la masacre y la juez 33 lo condenó a 30 años de cárcel. Sin embargo, al revisar el caso, el magistrado del Tribunal de Bogotá Marco Elías Arévalo le dio la razón a los alegatos de la abogada Delgado y encontró graves irregularidades.

El testigo que dijo haber visto a Ismael en el lugar del crimen especificó en su indagatoria que éste no había participado de ninguna forma en la masacre. Esta importante aclaración nunca fue tenida en cuenta por los fiscales y mucho menos por la juez. Sobre el segundo punto que supuestamente comprometía a Bustos el fallo del magistrado afirma que era apenas obvio que la prueba de absorción atómica resultara positiva ya que Bustos trabajaba como celador y por razón de su oficio estaba en contacto permanente con su arma y munición de dotación. Este hecho tampoco fue considerado al momento de proferir la sentencia.

De igual forma el magistrado Arévalo afirma en su fallo que la Policía, los fiscales y la juez le atribuyeron a Bustos pruebas y hechos que correspondían a otros acusados del crimen. En la casa de algunos de los verdaderos autores materiales las autoridades encontraron ropa ensangrentada, así como las armas con las que se cometieron los asesinatos. Estos elementos fueron utilizados como prueba contra todos los sindicados, incluido Ismael, a pesar de que los documentos oficiales del allanamiento que las autoridades hicieron a su hogar el día que lo capturaron dicen claramente que no hallaron nada irregular en su vivienda. Lo que quiere decir que las pruebas y testimonios fueron atribuidos de forma colectiva y no individual, como era apenas lógico. Esto y otra serie de aberraciones jurídicas fueron las que hicieron que en la sentencia que el magistrado expidió el 23 de enero se ordenara la inmediata liberación de Ismael Bustos. El pasado 6 de febrero el humilde celador, que pasó 11 de sus 53 años de vida preso, salió de la cárcel de Cómbita.

No es la primera vez que la justicia colombiana actúa con ligereza. Tal vez el caso más celebre fue el Alberto Jubiz Hazbum, quien permaneció por tres años y cinco meses en la cárcel, sindicado del magnicidio de Luis Carlos Galán, y recientemente el de Roberto Julio Camberos, quien permaneció en prisión siete años por tener el mismo nombre de un guerrillero (ver recuadro). El caso del celador que pasó injustamente gran parte de su vida en prisión, sin duda alguna, marca un nuevo registro del absurdo dentro de la historia de los pecados de la justicia colombiana.

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