Vía embotellada

Una inusual protesta ha sido convocada para esta semana por el gobernador del Valle del Cauca, Angelino Garzón. Se trata de una marcha que recorrerá los 17 kilómetros de la vía entre el municipio de Candelaria y el puente de Juanchito en Cali, para rechazar el cobro de 28.000 millones de pesos que le está haciendo al departamento la firma Concesiones de Infraestructura S.A. (Cisa). Esta empresa obtuvo en 1995 la concesión para rehabilitar y construir la doble calzada de la misma carretera por donde irá la protesta.

Paradójicamente, no se terminó de construir en parte, porque durante cuatro años la gente protestó contra la instalación de un peaje forzando a la Gobernación a moverlo de lugar en tres oportunidades, lo que afectó la viabilidad económica de la obra. Así las cosas, ni la Gobernación ni el concesionario se le midieron a continuar con la construcción. Por eso, de común acuerdo en 1999 terminaron el contrato. El enredo llegó cuando se sentaron a sacar las cuentas de lo que se había hecho. Ahí comenzó una discusión que lleva cinco años. Luego el Consejo de Estado, la máxima instancia en este tipo de pleitos, respaldó la cuenta de cobro de Cisa, y el gobernador Angelino Garzón se niega a pagarlo.

Según Garzón los vallecaucanos están indignados pues el monto del pago por unos trabajos que según él no se ven, es equivalente al dinero que el departamento tiene presupuestado para la inversión social en dos años. Además alega que antes del fallo ya existía una liquidación, que jurídicamente también es válida, y que es sólo por la cuarta parte de lo que está cobrando Cisa. "Por eso tutelamos la decisión del Consejo de Estado -dijo a SEMANA- y si es necesario buscaremos que la Corte Constitucional revise el caso".

Esta concesión se diseñó a 20 años por un valor de 35.000 millones de pesos. El consorcio Cisa inicialmente estaba conformado por empresas extranjeras y con una pequeña participación de Conciviles, una renombrada empresa caleña. Hoy esta firma tiene el control de Cisa. Según Luis Alberto González, gerente del consorcio, la empresa española les cedió sus acciones ya que "esta pelea era un desgaste por una cifra muy pequeña".

La papa caliente en la que se convirtió la terminación y liquidación de este contrato pasó de gobernador en gobernador, sin una resolución cierta. El primero que tuvo a su cargo el tema fue Juan Fernando Bonilla, quien se declaró impedido por estar casado con una socia de Conciviles. El presidente Andrés Pastrana nombró gobernador ad hoc a Jorge Mario Eastman, que firmó el acta de terminación pero postergó en varias oportunidades la liquidación. Nunca la finiquitó pues fue nombrado en otro cargo. Esta decisión fue heredada por el entonces viceministro de Transporte Federman Quiroga, que según dijo a SEMANA aceptó convocar a un tribunal de arbitramento pues se corría el riesgo de una millonaria demanda si liquidaban unilateralmente el contrato.

La convocatoria enredó más las cosas pues el siguiente gobernador, Germán Villegas, puso reparos a la competencia de ese tribunal de arbitramento y a la par hizo la liquidación en la que le reconoció a Cisa 7.000 millones de pesos. Luego el tribunal decidió que la Gobernación debía pagarle a Cisa 21.000 millones de pesos y su fallo encontró respaldo en el Consejo de Estado. La liquidación y el fallo del tribunal no coinciden, con el agravante de que ambos están en firme.

Las cosas se han puesto más tensas aún con la convocatoria de la marcha que ha hecho el gobernador Garzón. En las calles de Cali han aparecido avisos invitando a la protesta con acusaciones infundadas, que unidas al caldeado ambiente que vive hoy el departamento pueden alterar el orden público. La demora que siga teniendo la decisión final de este forcejeo sólo perjudica a los vallecaucanos pues los intereses acordados sobre el monto del negocio, que son altos, continúan sumándose.