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| Foto: SEMANA

JUSTICIA

"No hay nada por lo que debamos pedir perdón": vicepresidenta sobre fallo del Nogal

Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa, cuestionó la defensa del Estado en el caso de reparación administrativa por el bombazo al club ocurrido en 2003. Pidió que se interpongan acciones contra el fallo.

27 de agosto de 2018

A un día de vencerse los términos para que el gobierno pueda interponer acciones de aclaración o nulidad del fallo del Consejo de Estado, que condenó a la Nación por el ataque de las Farc al Club El Nogal, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lanzó duras críticas a la decisión y a la defensa que el Estado hizo en este caso. 

La vicepresidenta presenció como ministra de Defensa uno de los episodios más brutales de la guerra. Las Farc instalaron un carro bomba en el tercer piso del exclusivo club al norte de Bogotá el 7 de febrero de 2003, que les costó la vida a 35 personas; otras 73 quedaron gravemente heridas. Las dos personas que introdujeron el vehículo murieron en el acto, tal como lo planeó alias el Paisa, jefe de la tenebrosa columna Teófilo Forero de las Farc. Las imágenes del club en llamas, los gritos y los cadáveres extraídos por los rescatistas hacen parte de la memoria nacional.

El fallo del Consejo de Estado condenó hace una semana a la Nación por omisión, al considerar que no se atendieron las alertas de testigos que hablaban del ataque, así como no se tomaron las medidas de seguridad adecuadas para este establecimiento, que era considerado como una sede alterna de la Casa de Nariño. Allí concurrían diariamente altos funcionarios del gobierno, entre estos el ministro Fernando Londoño. Incluso la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, pernoctó allí muchas veces.

“Sin lugar a dudas el extinto cuerpo de seguridad –DAS– tenía que haber conocido las actividades de claro alcance institucional que se desarrollaban en las instalaciones del Club. La entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez se hospedó en el club entre el 17 de octubre y 19 de octubre, del 21 al 25 de octubre y del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2002, así lo refleja el material probatorio".

La decisión también asegura que hay evidencias de las visitas continuas y cercanas al 7 de febrero de 2003 del ministro del Interior y de Justicia de la época, el señor Fernando Londoño, socio y expresidente del club y sus permanentes reuniones con altos dignatarios del Estado, como es el caso del Fiscal General de la Nación, el Director Nacional de Estupefacientes, el director del DAS, el director de la Policía Nacional, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, la directora del Plan Colombia, los ministros de la Protección Social, Agricultura y Desarrollo Rural, Educación y de Defensa, el defensor del Pueblo, el director de Coldeportes, senadores, representantes a la Cámara, entre otros funcionarios. 

En una entrevista concedida a Blu Radio, Ramírez manifestó que es lamentable que el Consejo de Estado haya emitido esta decisión sin haber escuchado las declaraciones de quienes para ese momento estaban a cargo de la seguridad de los bogotanos. Manifestó que cuenta con los certificados que acreditan que se hospedó por una semana en el Club El Nogal seis meses antes del ataque; y que no hubo estancias posteriores. 

"Estoy llamando al ministro de Defensa para que presente un recurso contra ese fallo porque parte de un supuesto falso, creo que la defensa de la Nación fue precaria; ni siquiera se pidieron la declaración de los funcionarios a cargo de los temas de seguridad", dijo.

La hoy vicepresidenta afirma que pidió los soportes de sus estancia en el club para entregarlos a las autoridades judiciales, pero no fue llamada a declarar. Y aclaró que jamás recibió ninguna información de inteligencia advirtiendo de un ataque contra las instalaciones. "En cualquier lugar de Colombia había riesgos enormes. Me reuní miles de veces con gente que era informante, no tuve información que fuera previsible; nunca cometí acto de negligencia (...). Soy respetuosa de los fallos judiciales pero realmente es increíble que a estas alturas quienes estábamos protegiendo a los colombianos terminemos en el perdón; siento que no hay nada por lo que debemos pedirlo, he puesto exceso de cuidado en mi responsabilidad pública".

"Si alguien la tuvo no la compartió conmigo o con el presidente Uribe. Más trabajo no podíamos hacer", Marta Lucía Ramírez

Según la decisión judicial, el Estado contaba con un informante calificado que estaba advirtiendo sobre un atentado mayúsculo en Bogotá, y nadie le prestó atención. Se trataba de Jaime Quiñónez Rodríguez, un sujeto que tenía contactos con las redes urbanas de la guerrilla y cuya información había sido efectiva para prevenir secuestros planeados por las Farc. Quiñónez le advirtió a la Fiscalía sobre un emisario de la guerrilla, alias el Flaco, quien estaba en Bogotá preparando un gran golpe. Y a cambio de una jugosa recompensa ofreció reunirse con él, traer muestras de sus huellas para que las autoridades verificaran de quién se trataba.

El informante dijo que podría entregar los números de los teléfonos celulares que este usaba, e incluso propuso un encuentro controlado para que las autoridades lo capturaran. La investigadora del CTI que conoció inicialmente la información concluyó que el sujeto hablaba muy en serio y decidió escalar el tema ante el DAS y a otros organismos de inteligencia. Quiñónez llegó a anunciar que el terrorista ya estaba “picando la dinamita” que usaría. Pero inexplicablemente las autoridades no lo tomaron en serio. Luego que ocurrió el atentado se constató que alias el Flaco era Hermisúl Arellán, el encargado de construir la bomba y hermano de Fernando Arellán, el profesor de squash que se infiltró en el club para lograr el ingreso del carro bomba.

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El Consejo de Estado cuestiona que tampoco se prestó atención a Llimi Díaz Torres (sic), un exdetective del DAS, quien recibió información en el mismo sentido y que, infructuosamente, puso en contacto a su fuente con la entidad, todo ello previo a la tragedia que nadie evitó. El DAS en sus respuestas oficiales a las autoridades nunca mencionó ni al informante Quiñónez ni la historia de Díaz Torres. Sin embargo, está plenamente documentado que estas dos fuentes de información existieron, alertaron oportunamente y simplemente nadie se ocupó de lo que advertían.