Víctimas a la carga

A las víctimas en Colombia siempre les toca un camino tortuoso. Esta vez, con la Ley que busca que sean reparadas, no fue la excepción. A pesar de que había sido discutida con muchas organizaciones nacionales e internacionales y tenía el apoyo de varios partidos, el gobierno estaba decidido a hundirla, sobre la base de un solo argumento: no había plata para ponerla en práctica.

Sin embargo, por esos azares de la política, cuando el gobierno se dio cuenta, estaba en minoría, tenía una rebelión en sus propias filas y la ley iba a resultar aprobada por una mayoría aplastante. Entonces se sentó a negociar y logró finalmente darle una peluqueada que dejó tranquilo a casi todo el mundo.

Esta ley es uno de esos casos en los que las buenas intenciones, la filantropía y los derechos humanos entran en colisión con la realidad económica del país.

Por un lado, el Congreso estaba tratando de reivindicar a las víctimas del conflicto, con una Ley que les garantiza no sólo la reparación económica, sino el derecho a la verdad, a la memoria y a ser resarcidos por la violencia sufrida. De paso, el Congreso, que carga la vergüenza de tener a casi el 20 por ciento de sus miembros señalados de alianzas con para-políticos, y que no fue capaz de autocastigarse con la silla vacía, tendría en esta Ley una reivindicación con el país.

Pero, por otro lado, estaba el temor del gobierno. Como en el país aún no se sabe cuál es el universo real de víctimas de la guerra, ni la magnitud del costo de su reparación, la ley abría la puerta para un desangre financiero sin fin, que resultaba peligroso porque podría quebrar al Estado, o simplemente convertirse en fuente de nuevos incumplimientos a las víctimas, o nuevos conflictos. De hecho, el gobierno ya tiene la experiencia que le ha dejado la Ley de Desplazados, que ha tenido que cumplir al pie de la letra, so pena de que la Corte Constitucional mande a la cárcel a varios ministros si la incumplen.

Unos y otros tienen argumentos de fondo. Las víctimas reclaman porque a pesar de las dificultades fiscales, el gobierno ha sacado dinero de la cooperación internacional para financiar, por ejemplo, la reinserción de los más de 40.000 desmovilizados de las AUC y las guerrillas, y nunca se ha dicho que no hay plata para ello. También gasta millonarias sumas en recompensas, en políticas de cuestionada eficacia como la fumigación de cultivos ilícitos, gasta seis puntos del PIB en la guerra, y otorga oportunos y generosos subsidios a empresarios golpeados por la revaluación. Por eso para muchos congresistas y líderes de las víctimas resultaba mezquino que el gobierno sacara el argumento de la falta de dinero.

De parte del gobierno, aunque los argumentos no eran deleznables, fueron tan mal presentados, que terminaron propiciando la rebelión en las propias filas uribistas. La principal preocupación que expuso era que la Ley abriera la puerta para que las víctimas accedieran a una doble reparación: una por vía administrativa y otra por vía judicial. Para el saliente ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, los siete billones que el gobierno ha destinado para la reparación por vía administrativa eran suficientes para pagar a lo largo de una década, indemnizaciones de hasta 40 salarios mínimos a cada víctima. También le preocupaba que si los desplazados se sumaban al universo de las víctimas, el asunto se volviera inmanejable.

El gobierno ha puesto como ejemplo la experiencia internacional, que ha sido más frustrante que afortunada para las víctimas. En casi ningún país ha habido verdadera reparación, y en los cuatro donde realmente hubo (Chile, Argentina, España y Alemania) se hizo por vía administrativa y con restricciones al número de personas beneficiadas. Alemania, que se responsabilizó del holocausto judío, indemnizó a 1'800.000 víctimas. La Ley de Colombia, en cambio, tendría que reparar a cerca de tres millones.

Sin embargo, tanto congresistas como finalmente el gobierno entendieron que había que encontrar un punto medio que garantizara los derechos y el resarcimiento de quienes más han sufrido en el país, y que lo han perdido todo, y al mismo tiempo ser realista. Acogieron la doctrina de Naciones Unidas, que en temas de reparación reconoce que ésta debe ser justa con las víctimas; viable políticamente, es decir, que tenga respaldo de todos los sectores, y sostenible en lo económico. En el mundo entero las políticas de reparación se hacen de acuerdo con las capacidades del país y eso parece ser finalmente lo que se logró como acuerdo. La Ley, tal como pasa a ser debatida en la Cámara, contempla que a quienes sean reparados por vía administrativa y que de todas maneras recurran a la vía judicial, se les descontará el monto recibido, para no incurrir en un doble pago.

Pero el gobierno también aceptó no confundir la reparación con las políticas sociales generales que tiene para combatir la pobreza. Es decir, que a las víctimas no podrán despacharlas con un carné del Sisbén y unos cupos en el Sena, sino que la reparación será una política integral que contempla un derecho a la memoria, a que su voz sea escuchada y a que su dignidad sea también restablecida. También se logró una protección especial para las tierras que han sido usurpadas mientras se llevan a cabo los procesos de restitución e indemnización.

Pero muchos aspectos siguen siendo controvertidos, especialmente los que a juicio del gobierno comprometen la responsabilidad del Estado. "El gran avance de la ley es la universalidad que les da derecho a todas las víctimas, incluidas las víctimas de los agentes del Estado, de paramilitares y guerrilla. Con esta Ley se habla de que el Estado va a reparar a las víctimas por su responsabilidad y no sólo por solidaridad", dice el senador Juan Fernando Cristo, ponente del proyecto.

Otro aspecto importante es que a último minuto el senador Rodrigo Lara incluyó un artículo para que los miembros de las organizaciones armadas que negociaron con el gobierno en el pasado contribuyan con la verdad histórica y la reparación simbólica de las víctimas. Lo que dejó tranquilos a muchos en el gobierno que tienen puesto el espejo retrovisor con aquellos ex guerrilleros que hoy hacen parte de la oposición. El senador Gustavo Petro respaldó el artículo.

La Ley todavía tiene un largo camino por recorrer y aunque el gobierno y los congresistas parecían satisfechos de haber logrado un buen punto medio, muchos aspectos siguen levantando ampolla y seguramente seguirán siendo fuente de debate en la Cámara. Sin embargo, es un gran avance que ya por lo menos esté a medio camino una ley que convierte la protección a las víctimas en una política de Estado. Esa puede ser la primera piedra de la tan mencionada consolidación de las políticas de seguridad o, en el mejor de los casos, el principio del cierre de varios ciclos de violencia que han desangrado el país.