Víctimas de Salamanca no descartan indemnización

Hace ya una semana de la ‘polvareda’ que se levantó tan pronto fue puesto en libertad Fabio Andrés Salamanca por parte de una juez de control de garantías que no lo consideró un peligro para la sociedad.

El joven está señalado de la muerte de dos empleadas bancarias y de serias lesiones a otro hombre que iba al mando de un taxi. Ese vehículo fue embestido por la camioneta de Salamanca, quien viajaba con el máximo legal de alcohol en su organismo en la madrugada del pasado 12 de julio.

Ahora, este lunes se conoció que los representantes legales de las víctimas han establecido nuevos acercamientos con el abogado de Salamanca, en lo que produciría un acuerdo que permitiría indemnizar a familias afectadas.

Leonardo Torres, apoderado del taxista Hollman Cangrejo, aseguró que han tenido aproximaciones con los abogados del conductor, pero que aún no se ha hablado de cuánto sería el monto del resarcimiento y la forma en que se pagaría.

Torres explicó que se contempla la posibilidad de que esta compensación económica se haga gradualmente, de acuerdo con la evolución médica que tenga el taxista y de las lesiones permanentes que pueda presentar. Actualmente, Cangrejo, de 30 años, presenta parálisis en sus miembros inferiores. Ya en su casa realiza terapias de rehabilitación con el fin de poder recuperar su movilidad.

Álix Cangrejo, hermana del taxista, indicó que la intención de los abogados de Salamanca ha sido la de conocer cuál es el estado de salud de Hollman, lo que les permitiría concretar de alguna manera una propuesta de indemnización.

Giovanny Cortés, representante de las familias de Diana Batidas y Ana Torres -ambas víctimas fatales del accidente-, indicó por su parte que han hecho sus propios acercamientos con los defensores de Salamanca, pero que por ahora no hay acuerdo y prefiere no entregar detalles de lo que las partes han llegado a dialogar.

El concretar una indemnización para las tres víctimas le abriría la posibilidad a Salamanca de negociar con la Fiscalía la modificación del delito y obtener una condena menor. Por ahora enfrenta una pena de 35 años de cárcel por la gravedad de los delitos que le fueron imputados y que el joven, al menos ante la justicia, no aceptó.