Viraje necesario

El caso Cajamarca, que en abril pasado fue presentado al país como un doloroso error militar donde murieron cinco humildes campesinos de la vereda Potosí, en el cañón de Anaime, Tolima, podría terminar siendo un grave caso de violación de derechos humanos. La semana pasada la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió que la investigación debía pasar a la justicia ordinaria, después de que en junio pasado había tomado la decisión contraria, al definir que el caso fuera resuelto por la justicia penal militar.

Los hechos ocurrieron en abril pasado, cuando una patrulla del Batallón Pijaos, al mando del cabo José Alejandro Gómez, disparó contra la joven familia Mendoza-Ureña. Todos murieron -incluso un bebé de 6 meses- por el nutrido fuego que los sorprendió cuando bajaban en la noche por un camino real.

En su momento tanto los comandantes de las Fuerzas Armadas y el Ejército, como el Ministro de Defensa y el mismo presidente Álvaro Uribe actuaron con espíritu de cuerpo y le dieron al país una versión -en un principio convincente- de que los soldados, en medio de la tensión y el cansancio, dispararon al confundir a los civiles con guerrilleros de las Farc a quienes perseguían. "Estoy convencido de la buena fe del Ejército en esta equivocación. Si se tratara de un Ejército violador de derechos humanos, quienes dispararon contra los campesinos hubieran buscado el ocultamiento, la mentira o la desaparición de los cadáveres", dijo Uribe, quien viajó a la zona y presentó en todas las cadenas de televisión un video completo con la versión de los militares sobre cómo ocurrieron los hechos.

Pero la historia ha resultado mucho más compleja.

Aunque la investigación aún está bajo reserva del sumario, se sabe que la Fiscalía aportó pruebas suficientes de que por lo menos dos de las personas muertas recibieron disparos a quemarropa y que uno de los cadáveres fue manipulado.

Estas pruebas motivaron que en junio la Procuraduría abriera investigación formal contra los nueve militares involucrados en el caso, y fueron también la razón por la cual el Consejo Superior de la Judicatura cambió su decisión. De hecho, no es usual que esto ocurra. Tanto en el caso de la masacre de Mapiripán como en el de la muerte de 18 civiles por un bombardeo en Santo Domingo, Arauca, fue la Corte Constitucional la que, contrariando las decisiones del Consejo, falló en última instancia que estos hechos, considerados graves violaciones a los derechos humanos, pasaran de la justicia militar a la ordinaria. En ambos casos las investigaciones se aceleraron.

Otros aspectos que han hecho de Cajamarca un episodio complejo son los antecedentes. Hace exactamente un año supuestos paramilitares recorrieron varias fincas y se llevaron a cinco campesinos que, después de estar desaparecidos por varios días, aparecieron brutalmente asesinados en una fosa común. Y ahora se sabe que la familia que murió en el incidente con el Ejército en abril había sido testigo de parte de estos hechos. Según testimonios que recibió la Defensoría del Pueblo, esta familia había visto cómo pasaban los paramilitares llevando dos personas que luego resultaron siendo dos de las víctimas identificadas en la fosa. Un sobreviviente de la masacre y otros pobladores de la región han denunciado que los paramilitares estaban en comunicación radial con miembros del Ejército. Por eso muchos pobladores de Cajamarca insisten en conectar el episodio de las fosas comunes con la muerte de esta familia.

Otros aspectos que la investigación judicial considerará es por qué la familia Mendoza-Ureña recorría en la noche un camino cuyo tránsito había sido prohibido por el frente 'Tulio Barón' de las Farc, que controlaba con mano de hierro la región. Para los investigadores resulta extraño que dejaran su casa con la comida servida, los animales sin encerrar, las puertas abiertas y que no se llevaron consigo los biberones ni la ropa del bebé para hacer un trayecto a pie de más de 20 kilómetros.

Dado los antecedentes, la decisión del Consejo Superior de la Judicatura abre la puerta para que se haga justicia con mayor celeridad e independencia. Entonces se sabrá si en efecto en esa fatídica noche ocurrió un error involuntario o si lo que hubo fue una masacre.

Al final, este episodio le deja al gobierno más de un tema para la reflexión. Ante hechos tan confusos, haberle dado a la versión de los soldados un inmediato respaldo tan denodado, antes de tener claridad sobre lo que pasó, fue sin duda un riesgo alto para la credibilidad del alto mando. La verdad, sea que absuelva o incrimine a los militares, es el único camino para construir unas Fuerzas Armadas fuertes y legítimas que puedan ganarles el territorio a los violentos de una vez por todas.