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| 12/26/1994 12:00:00 AM

VIVITO Y COLEANDO

Lo sucedido la semana pasada reveló que el narcoproyecto, que todos creían hundido, está más vivo que nunca .

VIVITO Y COLEANDO, Sección Nación, edición 656, Dec 26 1994 VIVITO Y COLEANDO
EL MIERCOLES 16 DE NOviembre le ministros de Justicia, Néstor Humberto Martínez; el de Gobierno, Horacio Serpa, y el fiscal general, Alfonso Valdivieso, respiraron con alivio. En una reunión informal los integrantes de la comisión primera de la Cámara de Representantes habían acordado archivar definitivamente la iniciativa parlamentaria que pretendía desvertebrar la figura del enriquecimiento ilícito y ponía en peligro la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

Pero no fue así. El proyecto de ley, que se había convertido en la pesadilla diaria del gobierno, dio para muchas más preocupaciones.

El gobierno anterior había tenido más de un sobresalto por causa de esta misma iniciativa,que pretende condicionar el delito de enriquecimiento ilícito a la preexistencia de otra conducta ilegal. Es decir, que el enriquecimiento ilícito, que había sido la única herramienta eficaz para perseguir los delitos que no dejan rastro -como la corrupción administrativa y el narcotráfico-. no sería en adelante una figura independiente, sino que estaría condicionado a una sentencia previa por otra conducta ilegal, como secuestro, cohecho o prevaricato. Y con la ineficiencia de la justicia eso significa, en la práctica, la muerte del instrumento. Además al proyecto le habían colgado algunos 'micos', como la exigencia de sentencia judicial para expropiar los bienes incautados o la terminación del régimen especial de la justicia de orden público o justicia regional.

La historia de la iniciativa ha sido bastante particular. En cada escenario en que ha sido debatida parece estar muerta, para luego revivir a última hora. Así sucedió la semana pasada. Luego de varias reuniones, el miércoles todo parecía indicar que el gobierno había logrado hacer prosperar la tesis de que lo más conveniente era archivar el proyecto. Sin embargo, cuando al día siguiente los congresistas que se habían puesto de acuerdo acudieron a la Cámara para votar el archivo, curiosamente la comisión no pudo sesionar por falta de quórum.

A la última sesión los representantes del gobierno llegaron con la sospecha de que algo grave iba a suceder. Consideraban como muy mal indicio la falta de quórum para votar el archivo de la iniciativa y conocían la existencia de un anónimo que circulaba entre los miembros de la comisión, según el cual un archivo del proyecto podría meterlos en aprietos jurídicos, pues supuestamente el reglamento del Congreso no especificaba cómo debía reabrirse un debate. Simultáneamente, la Corte Suprema había anunciado que cursaba una investigación por prevaricato contra el presidente del Senado, Juan Guillermo Angel, por haber dicho públicamente que el llamado narcoproyecto debía ser archivado.

La combinación de todos estos elementos -aunque algunos eran argumentos tinterillescos- hizo que la intervención del Ministro de Justicia fuera fuerte y explícita. Pero de nada sirvió. El ministro de Gobierno, Horacio Serpa, quien contaba una y otra vez los votos que tenían a favor y en contra, decidió terminar la sesión con un llamado a la cordura. Al ver que no había mayoría para sepultar el proyecto, Serpa, con voz temblorosa, terminó suplicando a los congresistas: "Por Dios, archiven el proyecto. ¡Háganlo por Colombia".

No obstante las súplicas fueron en vano. Lejos de detener la iniciativa, la comisión primera de la Cámara la aprobó por 14 votos contra 8 y le dio vía libre para pasar a la plenaria.

Lo acaecido la semana anterior en la Cámara demostró varias cosas. La primera de ellas es que el liderazgo del gobierno en el Congreso, independientemente de la buena gestión de Martínez y Serpa, no es propiamente el más fuerte. Buena parte de esto se debe a que al gobierno se le ha ido el tiempo atajando 'goles' de los congresistas, y a que éstos habían dedicado buena parte de su tiempo a trabajar en sus regiones para las elecciones de octubre pasado. Pero, a pesar de todo ello, las expectativas sobre la primera parte de la legislatura eran muy altas y los resultados parecen bastante pobres.

El episodio resultó igualmente revelador del nivel de vulnerabilidad del Congreso frente a los carteles de la droga. Esto es aún más válido en esta época poselectoral, pues tras los viajes proselitistas a las regiones y después de haber comprobado la influencia de los carteles de la droga en provincia, los representantes volvieron a poner el tema en la agenda. Del mismo modo, la presencia de abogados y relacionistas públicos en los recintos del Congreso -uno de los cuales se paró a aplaudir tras conocer el resultado de la votación- hace aún más difícil para los parlamentarios evadir la mirada atenta e intimidante de los carteles pues, por su propia naturaleza, el Congreso es una organización en la cual el debate es abierto y la votación es fácilmente verificable.

Sin embargo no todos los observadores han explicado los hechos por la capacidad de los carteles de amedrentar a los congresistas. Hay quienes ven detrás de la celeridad de los parlamentarios la influencia de intereses oscuros: desvertebrar el enriquecimiento ilícito beneficiaría a muchos delincuentes y corruptos. Y aunque detrás del extraño comportamiento de los legisladores puede estar la mano del narcotráfico, no es menos cierto que también puede haber una voluntad de los miembros del Congreso en desmontar el más eficaz instrumento de fiscalización que existe contra ellos mismos. Tan sólo en la comisión primera cinco de sus integrantes están siendo investigados por enriquecimiento ilícito.

Pero, asumiendo que el problema con el proyecto es de intimidación y no de corrupción, esto explica, pero no justifica, lo que sucedió en la comisión primera de la Cámara. Todos los sectores de la sociedad colombiana han tenido que hacer frente a la intimidación de los carteles de la droga. La justicia, la prensa y las fuerzas del orden han sido víctimas de ella. Y su obligación es resistir.

Sea como fuere, la situación en lo concerniente al llamado narcoproyecto no podría ser más incierta. En el Congreso cualquier cosa puede suceder. Si un ministro de Estado toma una decisión que favorece a los narcotraficantes, el ministro se cae. Si la fuerza pública falta en su persecución a los carteles, ruedan las cabezas de los altos mandos. Pero si el Congreso acepta la presión de los jefes del narcotráfico, no pasa nada, no hay quien responda. Nadie puede culpar al presidente de una comisión o de una de las cámaras sobre las decisiones que éstas adopten. Y ese es el riesgo que debe enfrentar el país, fuera de que, apenas le dé la espalda al Capitolio, en la plenaria de la Cámara le vuelvan a meter otro gol.-

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