Volvió la barbarie

La masacre de una familia de indígenas awa en Nariño tiene estremecido al país. Primero, porque seis de las 12 víctimas eran niños, incluido un bebé de apenas 6 meses. Segundo, porque en febrero esta misma comunidad indígena había sufrido una matanza de 11 personas, a cuchillo y machete, por parte de las Farc. Tercero, porque tanto líderes indígenas como organizaciones de derechos humanos creen que miembros del Ejército podrían estar vinculados a este espeluznante crimen.

La masacre ocurrió en el resguardo el Gran Rosario de Tumaco, Nariño, en la mañana del miércoles 26 de agosto. "Eran cerca de las 6 de la mañana. Los niños y varios de nosotros estábamos en la cama y las tres mujeres en la cocina. El arroz y las bebidas ya estaban hechas. A esa hora llegaron cuatro hombres vestidos de camuflado y con capuchas negras que tenían unos huequitos que les servían para ver. Preguntaron por Nemesio, mi otro hermano, como nadie les respondía sacaron a los seis adultos y los sentaron en la sala de la casa; luego ingresaron a las piezas y cocina para sacar a la demás gente. En uno de esos momentos logré escaparme por la parte trasera de la casa, corrí durante varios minutos hasta llegar a un punto del río Rosales, como a unos 350 metros de la casa, allí me escondí hasta que pude salir y buscar ayuda", contó Javier García, uno de los tres sobrevivientes.

El ataque ocurrió en la casa de Tulia Sixta García, de 35 años, y al parecer había muchas personas allí porque ella había convocado a familiares y vecinos a una minga para sembrar arroz. García había enviudado el 23 de mayo pasado cuando su esposo, Gonzalo Rodríguez, murió baleado por una patrulla del Grupo de Caballería Mecanizado José María Cabal, adscrito a la Brigada 23 del Ejército, en un confuso episodio.

Según los militares, un informante señaló a Rodríguez como cabecilla del frente 29 de las Farc, por lo que fue capturado y se le decomisó una pistola. Lo curioso es que un informe de la Fiscalía seccional de Tumaco dice que "durante un descuido de los uniformados el sujeto emprende la huida adonde estaba el arma tirada. La coge sale corriendo y empieza a disparar siendo dado de baja por la tropa".

Pero Sixta Tulia tenía otra versión. Contaba que iba con su esposo por una trocha del resguardo cuando fue abordada por un grupo de hombres vestidos de camuflado y encapuchados que se lo llevaron por entre el monte. Ella escuchó luego unos disparos y cuando quiso ver qué pasaba, se lo impidieron y la obligaron a salir a la carretera principal. Allí estaba el cuerpo de su marido, encorvado y con la cabeza destrozada. El cadáver sólo le fue entregado después en la morgue de Tumaco.

Convencida de que su esposo era un 'falso positivo', Sixta Tulia denunció lo que ocurrió. Por eso hoy, cuando ella y sus hijos están muertos, tanto Human Rights Watch como las organizaciones indígenas creen que la masacre pudo ser una retaliación contra ella y su familia y le pidieron al gobierno que se investigue no sólo la matanza, sino la muerte de Rodríguez, en mayo.

Tan grave sería una posible conexión entre estos dos hechos, que la Fiscalía movilizó un grupo de técnicos y fiscales que estarán durante dos semanas en la región investigando a fondo ambos episodios, y el propio director de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Cristian Salazar, viajó de emergencia a la zona.

Fuentes del Ejército, por su parte, dicen tener la tranquilidad de que las inspecciones hechas hasta ahora demuestran que no había presencia de las Fuerzas Armadas en los alrededores del lugar donde se produjo la masacre. Por otro lado, muchos coinciden en descartar a la guerrilla porque en la zona específica del ataque no hace presencia. El gobernador, Antonio Navarro, manifestó públicamente que "lo que parece claro hasta ahora, es que no fueron las Farc".

La Fiscalía no tiene ninguna hipótesis todavía sobre el crimen, pues saben que los Awa están en medio de una tormenta: la disputa de rutas y territorios entre las Farc -que los han azotado con asesinatos, reclutamiento y desplazamiento- y los 'Rastrojos'. Y, como si fuera poco, los militares los siguen usando como informantes o guías.

Lo único que está claro es que la causa de la violencia que hoy se cierne sobre los Awa tiene que ver con la droga que se siembra y se mueve por sus territorios. Ellos pierden por punta y punta. Si algunos de ellos, en medio del hambre y la pobreza, se dejan seducir por el espejismo de la coca, quedan a merced de los narcotraficantes. Si enarbolan la neutralidad y se oponen al narcotráfico destruyendo siembras y laboratorio, como ha ocurrido en Cauca, también los matan.

Tan crítica es la situación, que las propias cifras oficiales hablan de que las muertes de indígenas se han duplicado. Durante el primer semestre de este año hubo 62 homicidios de indígenas, casi el doble de los que ocurrieron el año pasado. La mitad de estos ocurrieron en Nariño donde han muerto 36 de ellos, y en segundo lugar está Cauca, con nueve casos. Casi siempre el victimario son las Farc. El caso de Cauca es especialmente crítico porque los indígenas Nasa decidieron destruir todo vestigio de narcotráfico en su territorio. La Guardia Indígena está autorizada a destruir cultivos y laboratorios, lo que ya los ha convertido en objetivo militar de la guerrilla.

Ello no significa que se trate de un genocidio, ni de crímenes por razones étnicas. "En realidad la explicación es más territorial. La confrontación armada y el narcotráfico se han desplazado en el último lustro hacia el suroccidente y el Pacífico, a los departamentos de Cauca y Nariño", dice Camilo Echandía, analista y profesor de la Universidad Externado de Colombia. En estos agrestes territorios no sólo hay mayor presencia indígena, sino una avasalladora y brutal ausencia del Estado.

Lo que es preocupante es que las estrategias del gobierno se están quedando cortas. Justamente en esta región es donde más iniciativa tiene la guerrilla. Nariño es de lejos el departamento con más campos minados, y Cauca uno de los departamentos donde más combates por iniciativa de la guerrilla se presentan. La Policía ha recibido golpes durísimos este año, como en una emboscada donde murieron 11 agentes que justamente iban a destruir un laboratorio de coca. Como si fuera poco, el narcotráfico sigue disparado, al punto de que el propio general Freddy Padilla de León dijo recientemente que el Pacífico no está controlado.

Por eso la masacre de los Awa llama la atención sobre dos puntos donde la seguridad democrática muestra sus fisuras: el Pacífico y las comunidades indígenas. El primero porque como región no tiene aún un plan exitoso de control territorial ni social por parte del Estado. Y los indígenas porque así las Farc sean hoy las que más los asesinan, las Fuerzas Armadas siguen rajadas en derechos humanos con ellos.