Vuelve la contienda entre fiscal y contralora

A los desacuerdos que han tenido el fiscal General, Eduardo Montealegre, y la contralora general, Sandra Morelli, ahora se suma una pelea jurídica del jefe de ente investigador contra el organismo de control fiscal. A través de una tutela, Montealegre busca que se le respeten los derechos que -según afirma- le fueron vulnerados.

Todo parte de un proceso administrativo sancionatorio que le fue abierto al fiscal general por parte de un delegado de la Contraloría. Sin embargo, Montealegre, en su condición de cabeza del ente acusador, se ampara en el fuero que le permite ser investigado sólo por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Montealegre aseguró que el señalamiento de la Contraloría en su contra, de que entregó el informe del último trimestre de 2012 extemporáneamente, es absurdo y explicó que no es su competencia suministrar esa información, sino de la directora administrativa de la Fiscalía.

El jefe del ente acusador aclaró además que la demora en el trámite obedeció a que en ese periodo estaba en marcha el paro judicial, que tuvo lugar a finales del 2012.

Por todo ello, Montealegre siente que la Contraloría le vulnera su derecho al debido proceso y a la igualdad. “Es irrazonable la interpretación según la cual en materia de control fiscal, el fiscal general no tiene fuero, y en consecuencia debe ser procesado directamente por la contralora general de la República", argumentó en la tutela.

En esa acción legal, el fiscal general calificó la actuación en su contra como “sospechosamente desproporcionada”, lo que daría a entender que su intención es la de mostrar al tribunal que todo obedecería a las diferencias que mantiene con Morrelli, así como una posible retaliación por la investigación que adelanta la Fiscalía sobre un supuesto sobrecosto en el pago de arrendamiento en las instalaciones que actualmente despacha la Contraloría.

"La Contraloría General vulneró la garantía constitucional de independencia y autonomía judicial y los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad", afirmó Montealegre.

Este nuevo enfrentamiento entre las dos entidades deberá ser resuelto por el Tribunal Superior de Bogotá, a la cabeza del magistrado Juan Carlos Ariza, quien ya adelanta el estudio de la acción penal que busca determinar si a Montealegre se le vulneraron sus derechos o si por el contrario deberá dar respuestas a la Contraloría.