Exmagistrado quiso revivir la reforma judicial para volver a las cortes

La reforma judicial, en la que se acusa a algunos congresistas de buscar un salvavidas a sus líos jurídicos, sigue rondando a la administración Santos. Un exmagistrado del Consejo de Estado que anhelaba volver a esa institución buscó revivirla a través de una acción de tutela.

Con ponencia del conjuez Jesús María Lemos, la Sección Segunda de la corporación contenciosa rechazó una acción de amparo por medio de la cual el exmagistrado William Giraldo pretendía retornar a ese tribunal, a pesar de haber sobrepasado la edad de retiro forzoso.

Su intención era revivir la fallida reforma a la justicia, entre otras cosas, porque esta ampliaba el tope de longevidad de los miembros de las altas cortes.

El nombre del togado evoca la enconada discusión que han mantenido los miembros de estos tribunales por la aplicación de la norma que obliga a los servidores estatales a retirarse al cumplir 65 años.

La norma se produjo antes de 1991. Por eso, la Corte Constitucional sostiene que sólo es aplicable a los magistrados del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia –que son las instituciones que nacieron antes de la actual Carta Política– y no a la Corte Constitucional y al Consejo Superior –que vieron la luz con nuestro vigente texto constitucional–. En momentos en que William Giraldo estaba próximo a ser apartado de la magistratura por haber cumplido la edad de retiro, el Congreso estaba por aprobar una reforma a la justicia que elevaba a los 70 años el rango de edad máximo para ejercer funciones en las altas cortes.

En su momento, esa decisión política para reestructurar la justicia le sirvió a Giraldo para seguir siendo consejero de Estado. Lo hizo gracias a una acción de tutela del Consejo Superior, en la que se planteó que ante la inminencia de la entrada en vigencia de una nueva norma de retiro forzoso, el togado tenía derecho a seguir siendo magistrado.

Al final, todas las herramientas jurídicas que le permitían a William Giraldo seguir ejerciendo se cayeron, lo que lo obligó a abandonar su puesto en el Palacio de Justicia. El presidente decidió objetar la reforma y convocó a sesiones legislativas extras para hundir el acto legislativo. Además, la Corte Constitucional revocó el fallo que mantenía al jurista en la magistratura y lo forzó a dar un paso al costado.

El abogado nunca se rindió y por eso interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado. Buscaba –ni más ni menos– que la corporación obligara al presidente Juan Manuel Santos a promulgar la reforma a la justicia. Por esa vía pretendía ser reintegrado a las altas cortes y recibir todos los salarios que dejó de percibir desde febrero del 2013 (descontando lo recibido por el pago de su mesada), cuando fue marginado.

Para Giraldo, era claro que si la convocatoria a los debates legislativos en los que fue archivada la reforma a la justicia fueron anulados, se debía obligar al jefe de Estado a promulgar el controvertido proyecto. Para probarlo, utilizó un fallo del propio Consejo de Estado que, años después de la fallida reforma, declaró ilegal la convocatoria a extras.

La sala de conjueces que resolvió la tutela dijo que no. Para ellos, no resulta lógico que el exmagistrado estuviera sufriendo la violación sus derechos fundamentales y, no obstante ello, hubiera esperado tres años para interponer la acción de tutela.

Además, aclaró que la decisión de ese organismo judicial de anular la convocatoria a los debates que enterraron la reforma no le daba vida a ese acto legislativo.

Así las cosas, el Consejo de Estado rechazó la tutela y le negó a Giraldo el reintegro y el derecho a los salarios que ha dejado de percibir desde su vinculación.