¿Y las salidas al conflicto?

La búsqueda de salidas al conflicto armado no ha estado por fuera de la agenda política de los últimos días. Muestra de ello es que en el Congreso se discutió durante varios meses el proyecto de Ley de Víctimas, y que en días pasados se enfrentaron el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe porque el primero aceptó que en Colombia sí hay un conflicto armado, mientras que el segundo cree que lo que hay es una amenaza terrorista.

Precisamente, esas miradas opuestas, y ante la preocupación por la prolongación del conflicto armado, motivaron un encuentro de académicos e investigadores este martes, en el Planetario de Bogotá.

El seminario, convocado por la revista digital RazónPública.com, el Instituto para la Pedagogía, la paz y el conflicto Urbano y la Fundación Arco Iris, tuvo un título provocador: “De Uribe a Santos: ¿la hora de la paz o la solución negociada de la guerra?”

El primero en hablar fue el director de la revista digital Hernando Gómez Buendía, quien esgrimió razones éticas, jurídicas y estratégicas para buscar la paz. Gómez explicó que la guerra colombiana era injusta y degradada, pues una guerra justa, desde la teoría de la ética de la guerra, es la que reúne cuatro condiciones:
 
Razones éticas

Primero, que haya de por medio la búsqueda de una causa noble; que el grupo que la hace tenga legitimidad; que sea el último recurso; y, en cuarto lugar, que el alzado en armas tenga una “opción razonable de triunfo”. En criterio del analista, en Colombia se podría contemplar aún que los grupos alzados en armas tienen algún ideal que los lleva a enfrentar al Estado.

El conflicto se ha degradado debido al saldo de civiles muertos, mutilados, desaparecidos, secuestrados, entre otros. “Y eso nos obliga desde el punto de vista ético a pedir la paz”, indicó.

“Esta es una guerra de perdedores: para la guerrilla, porque en 47 años no está cerca de tomarse el poder; para los paramilitares, porque en 30 años no han acabado con la guerrilla. Y es un enorme fracaso del Estado que no ha sido capaz ni de acabar la guerrilla ni de acabar a los paramilitares, ni de encontrar la paz. En esta guerra perdemos todos, no se puede redimir. Por eso hay que decirle, no”, agregó.
 
Razones jurídicas

El analista dijo que desde el punto de vista jurídico la guerra está prohibida. Así lo dicen los protocolos. “Es ilegal porque está violando el DIH”. Además, la Constitución colombiana dice que la paz es una obligación del Estado. “No es una opción. Es un derecho fundamental”, agregó. Por esta razón, “el Estado colombiano tiene la obligación de buscar la paz”.
 
Razones estratégicas

En tercer lugar, Gómez adujo, en síntesis, que “Uribe cambió el equilibrio militar, y que probablemente esa nueva circunstancia “no es reversible”. En otras palabras, a pesar del “costo para muchos”, el Estado ganó la guerra y por eso es necesario ponerle fin.

“El pulso ahora es entre los guerreristas que dicen vamos a acabar, (la guerra) sigamos empujando. Y otros más racionales que dicen ahora se hace necesario el recurso a la paz”.

Dijo que las Farc y el ELN debían darse cuenta que cada vez es menos viable seguir en armas y advirtió que había un riesgo: “encontrar un equilibrio de bajo nivel”. Argumentó que lo que ocurrió con los últimos gobiernos fue que las Farc dejaron de ser un “ejército” y pasaron a ser, otra vez, una guerrilla incapaz de acciones regulares, pero con capacidad de seguir haciendo daño. Pero recordó que durante la época de La Violencia el conflicto bipartidista llegó a un equilibrio de bajo nivel que a las élites pareció no importarles

“El Quindío era el Arauca y el Putumayo de hoy. En mi tierra mataban campesinos y en Bogotá me enseñaban que había democracia, Partido Liberal y Conservador, y Frente Nacional… Lo mismo puede seguir ocurriendo, pero ese equilibrio sigue siendo disfuncional, amoral y no sostenible”.
 
El nuevo ambiente

Al final de su disertación, indicó que el cambio de gobierno da lugar a pensar que comienza a abrirse campo la posibilidad de la paz. Y citó las palabras del presidente Santos: “Si me acusan de querer la paz, me declaro culpable”.

Al respecto de la más reciente discusión sobre si en Colombia hay o no conflicto armado dijo que la razón por la que Uribe niega la existencia del conflicto es porque tiene temor de que éste desemboque en una salida negociada. Explicó que Uribe argumentaba que las Farc eran terroristas para decir que con terroristas “no se negocia”. Gómez indicó que en un Estado serio es cierto que no se negocia con un terrorista, porque esto abre la posibilidad de que todos sus reclamos sean oídos mediante actos de terrorismo.

Pero, recordó que en 2002, las AUC entraron en las listas de terroristas de la Unión Europea y de Estados Unidos, y sin embargo, Uribe negoció con ellas. De esta manera explicó por qué lo que parece una contradicción del exmandatario esconde un interés personal. 

“Si este no es un conflicto armado interno, no se justifican las acciones militares, porque cualquier otra situación de orden público interno únicamente justifica acciones de Policía”, dijo.

Y agregó: “revivir la figura del conflicto interno es el comienzo de un movimiento político hacia la búsqueda más inteligente de una resolución del conflicto armado”. No obstante, advirtió que había varios obstáculos. Primero, que “el Estado y el establecimiento colombiano no tienen ninguna razón para sentarse a negociar el grosor de reformas”. Y segundo, que las Farc no logran “saltar a la política” pues “existen” cada vez que hacen violencia, pero eso las aleja más de la política, lo que en el fondo “es una paradoja”. Al final, defendió la idea de que lo que tiene que hacer la sociedad civil es presionar para que haya voluntad, pues es en últimas lo que va a permitir la salida al conflicto.

En Colombia hubo una “contrarrevolución”

El historiador Medófilo Medina llamó a su ponencia “Colombia: la guerra fácil, la paz difícil”.

Para el historiador, la resolución del conflicto armado no está cerca. Uno de los factores que en su criterio deben ser tenidos en cuenta es la participación del poder militar en un proceso de negociación.

“Hay que ubicar la influencia política de los militares que durante medio siglo se ha venido incrementado, cuando los diversos gobiernos han confiado en los militares no solo el conflicto interno sino también el orden público. Ellos se han fortalecido en la escena política mucho más de lo que en cualquier país democrático” afirmó Medina.

En segundo lugar, el historiador consideró que “hay una gama de intereses corporativos” de los militares que tienen que ser considerados de cara a un posconflicto. “Los militares prevén que disminuiría el pie de fuerza. En Colombia, el número de los ascensos a general es alto, lo que también disminuiría. El fin del conflicto implica una disminución del gasto militar, que es el más alto de América Latina, está en 3,7 por ciento del PIB”.

Al final apuntó que es un deber de la sociedad civil hacer “una presión sobre el concepto de fuerzas armadas prestigiosas como órgano del monopolio legítimo de la fuerza. Desde la sociedad civil hay que desarrollar un discurso que controvierta esas tendencias políticas y estamentales”.

Tras hacer un análisis de esas y otras consideraciones, por ejemplo, de la participación de la élite política y económica en el conflicto, Medina consideró que no se ve una salida cercana.

Uno de los aspectos que obstaculiza esa salida es lo que llamó la “contrarrevolución”. “Desde la sociedad no veo un compromiso con la paz. Ahí es donde entra la otra parte de mi análisis que es la contrarrevolución cultural que ha vivido el país, que es lo que hace que buena parte de la opinión esté pidiendo más guerra. Un gobierno como el actual está cercado por eso. Porque cree que una mención de la palabra negociación lo derrumbaría en las encuestas de opinión”.