JUSTICIA
"¡Ya cayó, ya cayó!"
El bombardeo a Santo Domingo y su posterior encubrimiento le han dejado amargas lecciones a la Fuerza Aérea: sanciones internacionales, pérdida de credibilidad y ahora la condena de dos de sus pilotos a 31 años de cárcel por homicidio doloso.
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En la guerra se cometen errores. Y por excepcionales que sean las circunstancias, se paga por ellos, porque los militares saben mejor que nadie el daño que pueden causar. Ese es el mensaje que gravita en la sentencia con la que un juez de Bogotá condenó a dos oficiales de la Fuerza Aérea a 31 años de cárcel, por el homicidio doloso de 17 personas en Santo Domingo, Arauca, durante un bombardeo en 1998. Este caso ha sido crucial en las relaciones de Colombia con Estados Unidos, y partió en dos la historia de las operaciones militares en el país. Y aunque ya muchos militares lo analizan como el caso más grave de daños colaterales que se conozca en Colombia, pocos se esperaban una sentencia en la que se afirma que no se trató de un accidente, sino de un acto deliberado.
Todo empezó el 12 de diciembre de 1998, cuando se supo que una avioneta había aterrizado en una carretera de Arauca. Ese era un departamento bajo control guerrillero, las autoridades tenían información de que en ella llegarían armas y se embalaría cocaína.
El Ejército montó una gran operación y se trenzó en intensos combates con las Farc, en los alrededores de Santo Domingo, municipio de Tame. El teniente César Romero Pradilla, de la Fuerza Aérea, se trasladó desde Palanquero hasta Arauca para apoyar a las tropas. El 13 de diciembre, muy temprano, cinco helicópteros partieron desde Caño Limón, la sede la multinacional Occidental de Colombia, cargados de ametralladoras y cohetes. El Romero, un UH1H, llevaba dos bombas cluster, cada una con seis granadas.
Por encima de los helicópteros iba un avión contratado por la OXY, tripulado por dos norteamericanos, y un oficial de la Fuerza Aérea que les daba información sobre el terreno, pues la aeronave tenía una cámara incorporada que le permitía ver y grabar el escenario de guerra. Se le conocía como skymaster.
La misión de Romero y sus dos acompañantes, el copiloto Johan Valencia y el técnico Héctor Mario Hernández, era soltar la bomba en una mata de monte al norte del pueblo, para asegurar el área y permitir que los soldados pudieran avanzar. Era un día soleado, con buena visibilidad, que auguraba un combate rápido. Abajo se veía el caserío, al borde de una carretera; y al norte, la mata donde debía caer la cluster. A las 10 todo estaba listo. Dos minutos después, se produjo la orden, Hernández soltó la guaya. "Ya cayó, ya se ve el humo", dijo uno de los tripulantes. Después se hizo un denso silencio.
"Mi mamá estaba en la cocina con mi hermana Yurely cuando escuchamos algo que cayó del cielo y explotó, quedó negro, todo negro... yo tenía sangre en las piernas y quedé como sonámbula, cuando me pasó, al instante yo grité ¡mi niña, los niños! Mi mamá y mi hermana gritaban al tiempo ¡los niños! Cuando yo corrí al lado de mi niña ya estaba muerta", contó Mónica Alicia Bello, una sobreviviente. Los primeros testimonios coincidían en que varias bombas les habían caído encima.
Los habitantes empezaron a correr despavoridos. Cargaban a los heridos y los muertos en un carro, enarbolaban trapos blancos. Pero sorpresivamente recibieron disparos desde otro helicóptero, un arpía tripulado por el entonces mayor Sergio Garzón, hoy subcomandante de la base de Palanquero. Las escenas quedaron grabadas y en los audios se escucha la sorpresa de los gringos que dicen en inglés: "Jesucristo, está disparando contra los civiles".
Ese día los habitantes de Santo Domingo llegaron a Tame. El saldo era de 17 muertos, seis niños de entre 4 y 14 años, y 21 heridos de gravedad, muchos de ellos quedaron incapacitados de por vida.
Pero esta historia en la que ahora parecen encajar las piezas ha tenido un tortuoso camino lleno de manipulaciones, mentiras y dilaciones por más de una década. Desde el primer día la cúpula de la FAC, encabezada por el general Héctor Fabio Velasco, negó el bombardeo. En pocos días la justicia penal militar determinó que había hecho explosión un carro-bomba de las Farc. El caso, según los militares, quedaba cerrado.
Pero ese era apenas el principio de la investigación de la Fiscalía, que durante año y medio recogió evidencias y testimonios, las cuales fueron examinadas por el FBI. Se pudo establecer de que una bomba cluster había estallado en Santo Domingo y que las heridas provenían de este artefacto. La Fuerza Aérea admitió el uso de la bomba. Desde entonces los pilotos involucrados insisten en que fue lanzada a 600 metros del caserío, y no a 70, como lo estableció la justicia.
El proceso, que iba y venía de la justicia penal militar a la ordinaria, se quedó en ésta por orden de la Corte Constitucional. El tema era difícil de aclarar porque faltaba una de las pruebas más importantes: los videos del avión skymaster no aparecían. Que estaban en poder de la OXY, decían unos; que de las FAC, decían otros. Cuando por fin ésta los entregó, el audio había sido editado.
Mientras el proceso estaba en un laberinto, el problema había traspasado las fronteras. El caso había ocurrido en los albores del Plan Colombia y congresistas demócratas lo habían tomado como el peor ejemplo de violaciones de derechos humanos por las Fuerzas Militares, y de impunidad. Esos temores se confirmaron cuando aparecieron los videos completos y el audio revelaba lo que ocurrió.
Estados Unidos castigó la base aérea de Palanquero, y durante cinco años no pudo recibir recursos del Plan Colombia. Por la falta de transparencia, el gobierno de Estados Unidos pidió la cabeza de Velasco. Estaba en riesgo todo el apoyo al Plan Colombia.
Con las nuevas pruebas, los pilotos fueron juzgados por homicidio culposo y condenados en 2007 a cinco años de cárcel. Pero el Tribunal de Bogotá consideró que las nuevas evidencias obligaban a cambiar los cargos. Es decir, que estas personas no murieron por error, sino que los tripulantes lanzaron la bomba sabiendo el daño que podían causar. O no midieron las consecuencias de su acto, o las minimizaron.
No obstante que este caso está llegando a su fin, ni los inculpados, ni las fuerzas militares creen que se haya hecho justicia. Descartan que alguien se monte en un helicóptero para matar civiles,. Muchos se sostienen en la versión inicial: que hubo un carro bomba y que las piezas del proceso fueron manipuladas por la subversión. "La verdad sobre Santo Domingo nunca se sabrá", dice el capitán César Romero, quien espera con resignación su captura e insiste que en Santo Domingo "nunca hubo un bombardeo". Romero se queja de que aspectos de la investigación nunca fueron tenidos en cuenta. "¿Por qué llegaron cuerpos desnudos a Tame?", se pregunta y se queja de que muchas pruebas fueron manipuladas.
Algunos oficiales admiten que se trató de un error militar, que puede ser juzgado como un daño colateral, pero nunca como un homicidio doloso. Están convencidos de que los pilotos terminaron sacrificados para calmar a Washington. Pero la sentencia es exhaustiva en pruebas. Los intentos de encubrimiento de la cúpula de la Fuerza Aérea no hicieron más que quitarles crédito a las versiones de los pilotos, y actuaron en su contra.
Por eso de Santo Domingo no quedan más que lecciones para la Fuerza Aérea. La primera es que no todo vale en la guerra. Hoy la FACsólo ataca en promedio cuatro de 10 blancos potenciales, para no causar daño a los civiles. La otra, quizá, que no sirve mentir.
Con un juicio en curso y una condena garantizada, a nadie le sorprendió que el año pasado el Departamento de Estado volviera a certificar a Palanquero. Poco después se supo que Estados Unidos usaría siete bases militares en Colombia y que ésta sería la principal. De inmediato el Congreso gringo aprobó 42 millones de dólares para acondicionarla.
En Colombia se bombardea todos los días y aunque se siguen cometiendo errores, no volvió a ocurrir un episodio como éste. Gracias a él, los pilotos colombianos se han convertido en los más cuidadosos del mundo. Mientras tanto, en Irak y Afganistán mueren civiles todos los días en bombardeos. Sólo unos pocos soldados norteamericanos han sido enjuiciados por ello.