Yo demando, tú demandas…

Los lectores de El Tiempo se sorprendieron el domingo pasado con una inusual columna de Salud Hernández-Mora en la que se dirigía, en forma directa, al presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla. En el texto le explicaba que no había asistido a una diligencia de conciliación a la que había sido citada por un juez a raíz de una demanda por injuria que le puso Arrubla. "No recibí la convocatoria", y un par de párrafos más adelante repitió la afirmación, que tiene incómodo al magistrado: que "cantó en las veladas que organizaba Giorgio Sale", un ciudadano italiano detenido en su país por narcotráfico.

Tres días después, otro columnista del mismo diario, José Obdulio Gaviria, publicó una irónica rectificación sobre sus críticas a un grupo de sindicalistas de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali) y de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (Sintrateléfonos) que lo demandaron por haber afirmado que habían hecho una apología al terrorismo al asistir a una reunión en Quito, en 2007, en la que se aprobó una declaración que, según Gaviria, apoyaba la lucha armada. La Fiscalía le imputó cargos a Gaviria por estos hechos.

En estos días proliferan los casos de demandas, contrademandas y tutelas entre periodistas y personajes de la política. En solo cuestión de semanas, la columnista y politóloga Claudia López fue llamada a juicio por una acción que le puso el ex presidente Ernesto Samper. El ex mandatario Álvaro Uribe denunció a Rodrigo Lara por un tweet que publicó este último, ex funcionario de su gobierno. El actual director del DAS, Felipe Muñoz, le anunció demanda a Alba Luz Flórez, la llamada 'Mata Hari', quien afirma que su antiguo jefe estaba al tanto de los seguimientos contra la Corte Suprema de Justicia. El ex vicepresidente Francisco Santos, junto a José Obdulio Gaviria, acaba de recibir cargos por injuria y calumnia por el caso de los sindicalistas que viajaron a Ecuador.

Todos estos se suman a otros procesos que vienen de atrás: el ex presidente Uribe denunció al magistrado de la Corte César Julio Valencia. Los abogados Álvaro Dávila y Jaime Lombana están envueltos en una agria disputa en tribunales relacionada con la licitación del relleno de Doña Juana. Y se podrían citar más y más pleitos en los que participan personajes ampliamente conocidos.

¿Tienen algún hilo conductor todas estas peleas? ¿Han aumentado los litigios en los tribunales? Varios abogados consultados por SEMANA afirman que sí hay un incremento en el número de disputas que se llevan al campo penal y que evaden instancias alternativas o previas. "Lo que debería ser un recurso de última instancia se ha convertido en un mecanismo cotidiano. Las demandas por injuria se volvieron el escenario para las disputas entre gente poderosa o representantes del poder público", según Guillermo Puyana, un abogado especializado en el tema.

Los pleitos por injuria y calumnia de alguna manera han reemplazado la discusión sobre temas en los que hay argumentos diferentes. "Se está sustituyendo el debate por los litigios", dice Puyana. Y judicializar la discusión política tiene inconvenientes, como la congestión de los juzgados y el debilitamiento del debate. Otro efecto nocivo es que las actuaciones de la justicia se afectan con la posición política de los personajes involucrados, y eso a su vez se convierte en un desafío para su credibilidad.

¿Tienen plenas garantías las personas que se enfrentan en los tribunales ante figuras de reconocida influencia? ¿Son imparciales los jueces y los fiscales ante un presidente de la Corte Suprema de Justicia convertido en parte de una querella? ¿Pueden tener todas las garantías Claudia López y Rodrigo Lara en sus pleitos con personajes de la talla de los ex presidentes Ernesto Samper y Álvaro Uribe? ¿O la Mata Hari frente al director del DAS?

Las múltiples acciones judiciales que en los últimos años ha entablado el ex magistrado del Consejo de la Judicatura José Alfredo Escobar Araújo contra varios periodistas, a raíz de las historias que se publicaron sobre su relación con Giorgio Sale, abrieron la discusión sobre la independencia de los jueces en situaciones que interesan a los directivos de la rama judicial. La experiencia indica que lo más probable es que los jueces se acojan a lo que digan los expedientes: Escobar Araújo ha perdido, hasta ahora, todas sus querellas. Pero la justicia, como la mujer del César, no solo debe ser virtuosa, sino parecerlo.

La proliferación de pleitos entre figuras públicas tiene varias modalidades. Hay versiones de cara a cara entre poderosos: Uribe vs. Valencia, en el campo público, o Lombana vs. Dávila, entre abogados. La mayoría de las peleas, sin embargo, afectan a los periodistas, aunque hay casos ambiguos, como el de Francisco Santos, que hoy desempeña el cargo de director del programa de noticias de la mañana en RCN, pero que está procesado por declaraciones que hizo cuando era vicepresidente. Y el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria tiene una doble condición: está demandado por los sindicalistas y a su vez tiene empapelados a varios periodistas, como Vicky Dávila y Clara Elvira Ospina, de RCN, y al columnista Daniel Coronell.

Los delitos de injuria y calumnia, con una pena de 16 a 72 meses cuando son agravados -publicados en medios masivos de comunicación-, en general afectan a los periodistas. En los últimos años se observa una tendencia a la despenalización de esas conductas para evitar consecuencias negativas sobre la libertad de información. En Estados Unidos la figura cayó en desuso y existen mecanismos para resarcir a los perjudicados con procesos civiles y compensaciones económicas, pero no hay cárcel para los calumniadores. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) desarrolla en la actualidad una campaña para que se adopte una política semejante en el continente: la despenalización de la injuria y la calumnia y su tratamiento por el derecho civil y no mediante castigos penales. El año pasado el congresista Roy Barreras presentó al Congreso un proyecto en igual sentido que, sin embargo, fue archivado.

No existen condenas conocidas por calumnia o injuria. Sin embargo, algunos de los procesos más recientes han avanzado. El columnista de El Espectador Alfredo Molano, demandado por la familia Araújo, llegó hasta la última instancia: el juicio, en el cual fue declarado inocente. Claudia López, denunciada por Ernesto Samper por una columna en la que insinuó, ni más ni menos, que el ex mandatario era autor intelectual del asesinato de 'la Monita Retrechera', está acusada e irá a juicio.

Aunque estas causas difícilmente prosperan, sin embargo, los largos procesos afectan las condiciones bajo las cuales los periodistas ejercen su trabajo. Los 'empapelados' tienen que dedicarle tiempo, dinero y atención, que los distrae de las labores de reportería e investigación. Un caso emblemático es el de El Nuevo Día, de Ibagué, diario que ha publicado investigaciones sobre los manejos públicos y corrupción. En la actualidad están en curso 46 demandas contra el periódico o contra algunos de sus periodistas. Según su director, Antonio Melo, todos estos procesos, más que condenas en la justicia, "pretenden una intimidación para que no se denuncie la corrupción". La directora de Andiarios, Nora Sanín, está de acuerdo: "Tantas demandas conducen a la autocensura", dice.

Lo cierto es que los litigios se multiplican todos los días, y la judicialización de desacuerdos "ya no es la excepción sino la regla", en opinión de Nora Sanín. Todo indica que el refrán que dice que "más vale un buen arreglo que un mal pleito" perdió su vigencia. O al menos, la está perdiendo.