Zanahoria a medias

Si la cosa sigue como va, la Bogotá de los fines de semana, que a la una de la mañana apaga la luz, interrumpe la música y queda desolada, no va quedar sino el recuerdo.

Hoy ya unos 60 bares y discotecas del norte, centro, suroriente y suroccidente de la capital continúan con su frenética fiesta hasta casi la madrugada sin que la Policía Metropolitana pueda hacer cumplir el decreto que le dio vida a la Ley Zanahoria hace más de cuatro años.

Y la razón es muy sencilla: muchos de los dueños de los bares cambiaron la razón social de los establecimientos y los convirtieron en clubes privados. Argumentan que la Ley Zanahoria sólo se aplica para los sitios abiertos al público y que, en cambio, ellos sólo permiten la entrada a los afiliados al club.

Sin embargo las autoridades distritales creen que no importa la naturaleza pública o privada del establecimiento sino el hecho de que vendan licor. Además dicen que todavía no le han aprobado la personería jurídica a los nuevos clubes y que detrás de la norma se encuentra “una genuina labor en defensa de la vida”. Los estudios realizados por la Alcaldía en 1998 arrojaron cifras contundentes en la reducción de muertes, accidentes de tránsito, heridos y atracos con la imposición de la ley.

“Estamos evaluando con las autoridades distritales cada caso en particular y cada establecimiento que expenda licor más allá de la hora fijada”, dijo el subsecretario de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía, Hugo Acero.



La historia

La controversia entre tirios y troyanos nació desde que el entonces alcalde Antanas Mockus expidiera el decreto que limitó las horas de venta y consumo de licor. Los dueños de los bares argumentaron, en su momento, que sus negocios iban a quebrar y, según sus estudios, la medida ha generado a lo largo de los cinco años el despido de cerca de 130.000 empleados.

Pero tres años después el alcalde Enrique Peñalosa hizo realidad una de sus promesas de campaña y amplió hasta las dos de la mañana la venta de licor, pero reforzó las sanciones a quienes lo vendieran a menores de edad y a personas embriagadas. También impidió que los bares cobraran una tarifa de consumo mínimo a la entrada. Aspecto éste que, por cierto, continúa vigente.

Paralelamente, la consejería de Seguridad de la Alcaldía inició un estudio sobre la relación entre la Ley Zanahoria y la cantidad de muertos, heridos y atracos que se reportaban durante el fin de semana. Los resultados fueron más que demostrativos.

Desde la expedición de la Ley Zanahoria el promedio de muertos de la madrugada del sábado a la del domingo era de 4,7. Con el aumento de sólo una hora, para el mismo lapso, se presentaron 12 muertos por cada fin de semana. Un aumento de más del ciento por ciento. Conocidas las cifras, el alcalde Peñalosa decidió revocar la medida y expidió un nuevo decreto, que restableció el horario habitual de la una de la mañana y conservó las demás obligaciones.



Debate al rojo

Pocos meses después de que la administración Peñalosa hubiera quedado convencida de las ventajas de la Ley Zanahoria el decreto fue demandado dos veces simultáneamente. Como argumentos los demandantes alegaron la violación de la libertad, de la propiedad, de la intimidad y del domicilio, pues los decretos facultan a la Policía a ingresar y sellar los establecimientos que no observen la norma.

Los enemigos de la Ley Zanahoria perdieron su caso ante el Tribunal pero ganaron parcialmente en el Consejo de Estado. La sentencia de este último abrió una rendija: eliminó la frase “todo tipo de establecimientos” del artículo que prohibía la venta y consumo de licor después de launa de la mañana.

Según el fallo la prohibición no puede aplicarse en toda la ciudad porque las facultades de Policía para entrar en los domicilios no incluyen los establecimientos privados y los hogares. De esta manera, según los propietarios de bares, lo que el decreto prohíbe es la venta de licor en los establecimientos públicos, o lugares abiertos al público, pero no a las corporaciones o clubes privados que ellos han venido creando desde abril pasado.

Estos clubes funcionan en el mismo local en el que se encontraba el bar y la afiliación oscila entre los 2.000 y los 20.000 pesos. Ofrecen, además, cursos de apreciación musical, de instrumentos como el bongó o las congas y presentan orquestas y conjuntos hasta las cuatro de la mañana.



El espíritu de la ley

De los 60 bares que hoy no cumplen la Ley Zanahoria sólo hay 47 que han solicitado a la Secretaría de Gobierno su conversión a club privado.

“Nosotros estamos examinando esas solicitudes con el fin de constatar que sus estatutos cumplan con las reglas de un club privado”, explicó Armando Bohórquez, funcionario de la Secretaría.

Para el secretario de Gobierno, Jaime Buenahora, con estos argumentos legales los nuevos clubes están desconociendo el propósito real de la ley que consiste en garantizar condiciones de seguridad para toda la ciudadanía. “Están exponiéndose a que decretemos una ley seca permanente”, advirtió.

Pero Luis Peña, representante del recientemente convertido a club social Quiebracanto, está convencido de que las autoridades no tienen la facultad de sellar su establecimiento. “Cumplimos con todos los requisitos que nos exige la ley: tenemos asociados, desarrollamos actividades en su beneficio y, además, apoyamos la cultura ya que los presupuestos del Estado cada día son más escasos”.

Es posible que los bares puedan meterse por un resquicio legal para seguir la rumba y el trago hasta la madrugada. Pero la gran pregunta que queda es si Bogotá podrá permitir que esto suceda y a la vez lograr que no se pierdan más vidas. Como se trata de decidir entre el interés particular de quienes quieren bailar y tomar hasta la madrugada y el interés público de proteger a los ciudadanos, el gobierno de Bogotá va a necesitar mucho más que un vericueto legal para justificar que se acabe la hora zanahoria.