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Alejandro Hernández escucha a un funcionario de la Fiscalía, durante una diligencia judicial. | Foto: Archivo Particular

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Juez ordena casa por cárcel para el Zar del PAE Caribe

La medida fue tomada en desarrollo del proceso que se le sigue a Alejandro Hernádez Vidal y a su sobrino Chaher Abauu Hernández por supuestas irregularidades en dos contratos que suman $10.000 millones.

25 de febrero de 2020

La juez 14 penal con función de garantías de Barranquilla, Diana López le otorgó medida de casa por cárcel a Alejandro Hernández Vidal, conocido como el Zar del PAE, y a su sobrino Chaher Abauu Hernández. La decisión fue tomada al final de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento realizada este lunes. 

La decisión fue anunciada dentro del proceso que se e adelanta por cometer presuntas irregularidades en dos contratos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el Atlántico, que suman alrededor de 10.000 millones de pesos. 

Según el ente investigador, Hernández Vidal llegó a tener bajo su administración alrededor de 726 mil millones de pesos de operación del Plan, concentrando sus operaciones en los departamentos de La Guajira, Sucre, Córdoba y Atlántico.  El hombre se entregó de forma voluntaria a comienzos de febrero en Barranquilla. 

La Fiscalía señala a Hernández de los delitos de contratación sin cumplimiento de los requisitos legalesinterés indebido en la celebración de contratospeculado por apropiaciónabuso de la función pública y falsedad en documento público y privado.  Y Chahee Abauu Hernández es señalado de los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado. 

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Desde el año pasado la Fiscalía le seguí los pasos al Zar del PAE y a su sobrino, quienes fueron señalados en desarrollo de la Operación Pandora, que buscaba esclarecer presuntas irregularidades en la contratación del PAE en el departamento del Atlántico y otros municipios de la región. Por dicha investigación también fueron capturados el exsecretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza; los contratistas Felix Enrique Barrios y Uriel Eduardo Reyes; y el funcionario público Emil Armando Pacheco. 

En el caso de Barraza, según la Fiscalía, deberá responder por un supuesto detrimento patrimonial en millonarios contratos ejecutados bajo su administración y que habrían afectado la prestación del servicio en 20 municipio del departamento del Atlántico. Lo que, según la investigación, se habría logrado usando planillas con firmas falsas de rectores y nombres repetidos de estudiantes que no estaban registrados en el Simat  (Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media).