Exreina del Carnaval de Barranquilla fue víctima de robo en su propia casa; esto es lo que se sabe

La Policía metropolitana de Barranquilla confirmó un nuevo caso de hurto que se registró al interior de una vivienda, ubicada en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Se trata de una casa campestre en donde, al parecer, reside la exreina del Carnaval de Barranquilla 2016, Marcela García Caballero, junto con su esposo, Sergio Chams, y su hija.

Las primeras versiones dan cuenta de que a eso de la 7:00 de la noche, del pasado jueves, 28 de septiembre, cinco sujetos desconocidos habrían irrumpido sigilosamente en la casa y, adentro, habrían amenazado a García Caballero y a su esposo con armas de fuego. Los delincuentes se llevaron varios elementos de valor.

Según información preliminar, los antisociales hurtaron dos celulares, un computador y un reloj. Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar los móviles del hecho en materia de modo, tiempo y lugar.

En otros hechos

Llama la atención que en ese mismo sector también se reportó, hace varios días, un atraco masivo hacia seminaristas.

Mientras los sacerdotes del clero de la Diócesis de Magangué descansaban, luego de un día de retiro espiritual, un grupo de hombres ingresó al Seminario Mayor Juan XXIII, ubicado en el corregimiento de Salgar, y les hurtaron las pertenencias a algunos de ellos.

Afortunadamente, ninguno de los sacerdotes, seminaristas, ni personal de planta que se encontraba en el lugar de los hechos resultó lesionado. Desde un primer momento, esta situación está siendo atendida por la Policía Nacional, que adelanta la investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.

“Se organizó y se dispuso de un equipo especial de Policía Judicial e Inteligencia para este caso. Este hecho no va a quedar impune. Ya se logró establecer que estos sujetos lograron ingresar portando prendas de vigilancia privada”, señaló el coronel César Sarabia, subcomandante Policía Metropolitana de Barranquilla.

De igual forma, el oficial dio a conocer que se ofrece una recompensa de hasta $50 millones de pesos para quien brinde información necesaria para dar con la captura de estos sujetos. “El mensaje es claro: que se entreguen porque los vamos a capturar”, dijo el subcomandante Sarabia.

Por su parte, el arzobispo Pablo Salas Anteliz agradeció las muestras de solidaridad de la comunidad atlanticense: “Pedimos a Dios que derrame muchas bendiciones sobre el pueblo atlanticense y que nos ilumine para mantener el compromiso de caminar juntos trabajando por una paz estable en nuestro departamento. Agradecemos a esta Institución que se ha comprometido con su presencia permanente, en nuestro Seminario, a fin de evitar que hechos semejantes vuelvan a ocurrir”.

Robo de energía en Atlántico

La compañía Air-e detectó el robo de energía en nueve apartamentos de un exclusivo sector de la capital del Atlántico. Las familias deberán enfrentar un proceso penal por el supuesto delito de defraudación de fluidos.

En un conjunto residencial se encontraron dos medidores manipulados, cuatro líneas directas y tres puentes en bornera que conducirían a las redes eléctricas de los inmuebles, localizados en Villa Carolina.

Los expertos de la compañía de servicios públicos concluyeron que, tal como estaba alterado el sistema y los electrodomésticos de cada uno, el presunto fraude sumaría $10.500.000 cada mes.

Es decir, Air-e dejó de recibir en un año cerca de 126 millones de pesos, teniendo en cuenta que varios de los apartamentos involucrados en la investigación tienen equipos de aire acondicionado, entre otros elementos.

Este caso se suma a los otros 440 procesos penales que se adelantan en contra de la ciudadanía por hurto y defraudación de fluidos en este departamento. Los propietarios se enfrentan a varios riesgos: 183 han sido capturados.

Fermín de la Hoz Torrente, gerente de Servicios Jurídicos de la empresa de energía, detalló que se está trabajando con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para frenar esta práctica ilegal que supone complicaciones.

“En los procesos penales los usuarios se exponen a prisión de hasta 72 meses y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes por incurrir en el delito de defraudación de fluidos”, explicó el funcionario.