Bucaramanga: formulan pliego de cargos en contra de dos excontralores luego de denuncia anónima

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer un pliego de cargos contra dos excontralores de la capital santandereana, quienes deberán responder ante este ente de control por supuestos procesos disciplinarios.

Se trata de Jorge Gómez Villamizar y Rolando Noriega, señalados por presuntas irregularidades en sus actuaciones fiscales. Una denuncia anónima asegura que estos exfuncionarios se extralimitaron en sus funciones de control fiscal.

“Solicitó se denuncie penalmente y disciplinariamente al contralor Jorge Gómez por prevaricato por acción, abuso de función pública, porque ha emitido con motivación falsa 17 procesos de controles de legalidad fiscal previos y no posterior realizadas durante 2016″, reseña la denuncia anónima recibida inicialmente por la Auditoria General de la Nación, donde además recae sobre el excontralor encargado de Bucaramanga, Rolando Noriega.

Ante esta situación, cabe mencionar que las contralorías municipales a partir del 2015 no pueden emitir controles de advertencia; es decir, el control de legalidad no los excusa de haber cometido las irregularidades en esos procesos fiscales. Sin embargo, se iniciaron las respectivas investigaciones del caso para atender dicha denuncia.

Nexos entre concejal de Santander y el ELN

Raimundo Duarte Díaz, concejal de Piedecuesta (Santander), tendrá que responder penalmente por presuntamente ser parte de una organización criminal que realizaba lavado de dinero para el extraditado comandante del ELN, Yamit Picón Rodríguez, alias La Concha. El cabildante, según las pruebas, habría ejercido labores dirigidas a ocultar los recursos ilícitos, producto del tráfico de estupefacientes.

Junto a Duarte Díaz trabajaban los hermanos Laura Bibiana y Víctor Daniel Claro Bonilla, quienes también habrían prestado sus nombres para ocultar el patrimonio ilícito de La Choncha. La Fiscalía General indicó que el cabildante, desde el primero de septiembre de 2016, habría celebrado varios contratos de compra y venta de inmuebles para darles una apariencia de legalidad y evitar el seguimiento del dinero.

Estas maniobras le permitieron al concejal del Partido Conservador el lavado de más de 1.705 millones de pesos, lo que generó un incremento en su patrimonio de 5.741 millones de pesos entre los años 2019 y 2020. Las evidencias indican que el dirigente político era conocido con el sobrenombre de ‘El Rey’ fue el encargado de adquirir, vigilar, administrar y ocultar 41 bienes inmuebles y 24 vehículos comprados con dineros producto de actividades ilícitas de la guerrilla del ELN en los departamentos de Santander, Norte de Santander y el Cesar.

Las autoridades sostienen que, con estas actividades, el concejal benefició a la guerrilla del ELN, principalmente al frente de guerra Nororiental. El cabildante funge actualmente como representante legal y dueño de la mayor parte de la sociedad RASQ S.A.S., la cual estaría vinculada en diferentes hechos económicos ilícitos como contratos de compraventas de bienes ficticios.

En el caso de Laura Claro Bonilla se determinó que ocultó, presuntamente, activos superiores a los 801 millones de pesos, generando así un enriquecimiento ilícito de 204 millones de pesos; mientras que su hermano estaría involucrado en el lavado de más de 2.827 millones de pesos entre 2013 y 2020, generando un incremento en su patrimonio de 1.122 millones de pesos.

El concejal tendrá que responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Mientras que los hermanos Claro Bonilla fueron vinculados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Tras la solicitud de la Fiscalía General, un juez de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el concejal y los hermanos. Esto, mientras se adelanta el proceso en su contra.