Las razones por las que el exalcalde de San Gil apeló su condena de 12 años

Álvaro Josué Agón Martínez, exalcalde de San Gil, Santander, fue hallado culpable por los delitos de estafa agravada en modalidad de delito en masa, prevaricato por acción y urbanismo ilegal, por lo cual un juez lo condenó a 12 años de prisión.

“Los hechos por los cuales fue condenado ocurrieron entre el 2011 y 2015, cuando inició el proyecto Asociación de Viviendas Brisas del Porvenir, por lo que pedía a los interesados el pago de alrededor de dos millones de pesos iniciales con la promesa de tener más adelante una vivienda propia”, informó la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con la investigación, alrededor de 600 familias fueron engañadas por el exmandatario, teniendo en cuenta que, al parecer, este las convenció para invertir en el proyecto del cual logró “recaudar una suma superior a los 1.800 millones de pesos, recursos que nunca fueron invertidos en las viviendas”, agregó el ente acusador.

El fallido proyecto le sirvió a Álvaro Josué para hacer campaña política en San Gil en 2011, pues era una de sus promesas. En la investigación también estaban involucrados Javier Guillermo Agón Martínez, hermano del exalcalde, y Fabio Rueda Arguello; ambos ya fueron condenados.

Javier Guillermo Agón Martínez, también exalcalde de San Gil, purga una pena de 12 años y cinco meses de cárcel por los delitos de corrupción sufragante, urbanización ilegal, estafa agravada y captación de recursos públicos y no devolución de los mismos.

En tanto, Rueda Arguello, alias Kunta, fue sentenciado por un juez de conocimiento de San Gil a 33 meses de prisión por los delitos de estafa, captación masiva y habitual de dinero, urbanización ilegal y no devolución de lo captado. El hombre se allanó a los cargos imputados.

Entre tanto, Agón Martínez apeló su condena ante el Tribunal Superior de San Gil. Una vez se surta ese proceso y la sentencia quede en firme, las víctimas iniciarán un proceso para solicitar la reparación económica.

Más estafadores en San Gil

Martín Emilio Rodríguez Salazar, Patrocinio Salazar Gómez, Sonia, Consuelo Ríos Velásquez, Cindy Melissa Wandurraga Ríos y Sandra Milena Bautista Merchán fueron judicializados el mes pasado por estafar a 76 familias en San Gil, también con un proyecto de vivienda que nunca se realizó.

Estas cinco personas son acusadas como presuntas responsables de los delitos de estafa agravada y urbanización ilegal, por las presuntas irregularidades presentadas en el proyecto La Coruña, promovido por la Asociación de Vivienda Cachalu.

“Dicha asociación habría recaudado más de 1.935 millones de pesos de 76 familias que invirtieron sus ahorros en este proyecto urbanístico entre 2013 y 2017 y que contemplaba la construcción de cuatro torres de cinco pisos, 60 parqueaderos y 15 locales comerciales”, explicó la Fiscalía.

Sin embargo, solo fue construida una torre y está sin terminar, las otras tres quedaron en los planos, según el ente acusador. El grupo de estafadores “les han entregado (a las víctimas) escrituras de inmuebles que no se han construido”.

Mientras avanza el proceso judicial, las cinco personas capturadas fueron enviadas a prisión por decisión de un juez.